Crónica Negra de la II República


¿No tienes enemigos? ¿Es que jamás dijiste la verdad o jamás amaste la justicia? Santiago Ramón y Cajal.

14 de junio de 2010

"Arrepentidos de Astapa"

     Según fuentes cercanas a la investigación del "no caso" Astapa, tanto algunos policías, como la propia fiscalía estarían arrepentidos de como se ha llevado el caso, especialmente de cara a la opinión pública con la consiguiente negativa repercusión para la imagen de Estepona, cuyo secreto de sumario se prolonga ya por tres años y tres meses, sin que, al margen de algún que otro desfase o casos aislados de posibles irregularidades, se haya sacado en claro nada destacable y mucho menos una trama organizada como se intentó hacer creer desde el principio.
      Algún investigador se atreve a afirmar que Astapa quedará en nada o en culquier caso en nada parecido a lo que cabría suponer a tenor de las Diligencias Previas que se adoptaron. Al parecer el mayor quebradero de cabeza ahora es justificar la prisión de los cinco que fueron enviados a Al-haurín: dos meses en el caso del técnico Witmeur, que sigue trabajando en el Ayuntamiento y ha sido incluso objeto de productividades, las mismas que Valadez denunció en Astapa, y seis en el caso de Barrientos, Reina, Flores y Crespo.
   Para algunos de estos investigadores las acusaciones estaban manipuladas o simplemente eran medias verdades o mentiras y su inicio fue inquisitorial, algo que, por cierto, nos está revelando el levantamiento del  propio sumario.

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Asaltan la casa en el campo de un agente de la Policía Local

     Según nos han hecho saber vecinos de la zona, alguno  de los cuales ya habían sido objeto de robos en su propiedad en fechas anteriores, un agente de la Policía Local de Estepona ha sufrido un asalto en su vivienda  en una conocida y cercana área del campo esteponero.
     Al parecer el asalto se produjo no hace más de dos días, previamente algún que otro vecino de la misma zona, cercana en uno de sus accesos al Polígono Industrial, ya habían padecido también el robo en sus domicilios. Desconocemos el alcance de lo sustraído de la casa de campo de este miembro de la Policía Local, pero según estos vecinos le han robado "todo"
    Estepona viene siendo noticia por el incremento de la delicuencia que se ha venido incrementando sustantivamente en este último año. Concretamente el incremento de la delincuencia en Estepona, según datos oficiales, ha sido del 13% con 1788 actuaciones más que en años anteriores. En este sentido el sindicato CSIF, el mayoritario en el colectivo de la Policía Local, se ha pronunciado culpando del incremento de la delincuencia en el municipio al propio Equipo de Gobierno porque, según el colectivo sindical, la seguridad ciudadana no está entre "sus prioridades".
      Los datos han aparecido en la memoria que ha hecho pública el Fiscal Jefe de Málaga, Antonio Morales. Según sus datos, Estepona se sale de la tónica de otros municipios  como Marbella o Málaga, ambos gobernados por el PP, donde se ha producido un ligero descenso en las diligencias practicadas a lo largo del pasado año 2009. Respecto a Estepona mucho nos tememos que el incremento del presente año 2010, superará incluso al ejercicio ahora hecho público de 2009.
     Desde luego, desde esta humilde página de opinión sobre mi pueblo, no es que seamos  expertos en  Seguridad Ciudadana; sin embargo uno ve cosas muy extrañas, por ejemplo en la forma como se está administrando Justicia en este pueblo. Estamos teniendo noticias de que delincuentes con amplios historiales por robo están en la calle, una y otra vez, mientras que a otros por minucias la misma Justicia les es aplicada con el máximo rigor de forma injustificada o porque un abogado de oficio, no ha ejercido su oficio a la hora de ejercer la defensa.
     Por lo que, al margen, de que el CSIF considere causal el hecho del desinterés por  parte del Ayuntamiento con respecto a la Seguridad Ciudadana en el municipio, cuya influencia no ponemos en duda; lo cierto es que en dichos índices de delincuencia, no todas las competencias en esta materia son municipales y no es ningún secreto la mala calidad de la administración de Justicia en España. Que, de ser así, desde luego en Estepona se está cebando. En muchos casos  las detenciones se producen gracias a la labor policial, pero dejar tantas veces libres a ladrones que asaltan domicilios, como está ocurriendo en Estepona, es darle la ocasión de que se conviertan en verdaderos  profesionales, como es el caso de más de uno que la propia policía conoce y que si vieran lo que tiene en su casa de campo, resolvían la mayoría de los robos que se han producido en lo que va de 2010 y parte del 2009 no porque le quemaron a finales de año su casa. La casa se la está amueblando de nuevo, como antes de que alguien se la quemara, con muebles robados de gran calidad.
     Por ejemplo, he sido testido de como a una joven de 18 años que acude a la Comisaría para denunciar  el  maltrato de su pareja, totalmente sedada y drogada  (con pastillas que no le resultó muy difícil conseguir: acudir al Ambulatorio diciendo que tenía ansiedad,  y cannabis) y que se le ocurre sacarle la cartera  a un agente de la Policía Nacional de su bolsillo y enseñársela al propio agente, sin intención de robársela. Un acto del que ella ni se acordaba diez minutos después, provocado por los efectos de los narcóticos  (la chica, además, venía atiborrada de pastillas, contra los golpes recibidos por su pareja, del Centro de Salud y  previamente del Hospital Costa del Sol). Pues bien, como el agente llevaba 100 euros en la cartera, que no fue objeto de robo (pero que ofendió su amor propio), y el abogado no ejerció la defensa que se le suponía ejercería (tal vez por miedo a enfrentarse en un juicio a una "autoridad policial"), a la joven le meten una sanción de 600 (o sea el séxtuple de lo que ella no  robó) a 10 euros por día o pena de cárcel por no pago. En un país donde si no te meten dos años no entras en la cárcel ,si no tienes antecedentes, y en algunos casos ni teniéndolos.
   Si es que los hay con estrella con la Justicia, como aquel que se amuebla su casa de campo con muebles robados , incluso a la propia Policía, y la Justicia le da todos los días que lo detienen "palmaditas en la espalda"; y aquellos pobres desgraciados estrellados, como el caso de esta  chica, que además tiene que criar  a un bebé y no tiene trabajo y cuyos padres también están en paro, que les acabo de exponer.

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11 de junio de 2010

UGT se suma a las protestas por ciertos pagos de productividades en el Ayuntamiento de Estepona

Jueves, 10 de Junio de 2010
UGT Estepona
Un mes más, las Secciones Sindicales de las Empresas Municipales y del Ayuntamiento de Estepona deben denunciar el pago de productividades a algunos trabajadores y a un cargo de confianza que sigue cobrando sobresueldos sin justificar y sin la aprobación del correspondiente programa de productividad en el que se deberían haber establecido los objetivos a cumplir. Tal y como están actuando, podemos calificar la gestión de estas productividades de arbitrarias e incoherentes con la política de transparencia que continuamente predica el Sr. Valadez.
Mientras los gobernantes están buscando el modo de garantizar las nóminas de los trabajadores municipales, por otro lado están malgastando dinero público en el pago de productividades. Servicios básicos del municipio no tienen ni para combustible (policía, bomberos, brigadas de playas….) y el comedor social no recibe las ayudas prometidas. Estas actuaciones llevadas a cabo desde el consistorio son irresponsables.
La justificación de la Concejala Delegada de Personal para dar 2.160 € de productividad al actual responsable de Recursos Humanos, el Sr. Fernández Gago, es “que ha llevado a cabo distintas actuaciones en materia de personal, de una enorme complejidad técnica y organizativa”. Desde este comunicado queremos mostrar nuestra denuncia a las palabras emitidas por la Concejala, ya que las medidas de ahorro se han tomado desde el ámbito político y no desde Recursos Humanos. Tampoco entendemos que hay que recompensar, ya que el trabajo realizado por el cargo de confianza entra dentro de sus funciones y por tanto está compensado con su nómina, al igual que el resto de trabajadores.
En cuanto a la complejidad del trabajo realizado, debemos recordar que desde la Delegación de Personal no ha habido ningún avance en cuanto a garantizar la estabilidad económica de la plantilla municipal, no se ha diseñado la Relación de Puestos de Trabajo, no se ha llevado a cabo la Subrogación del Personal de las Empresas Municipales, no se ha diseñado un Plan de Prejubilaciones, el ambiente de trabajo en las dependencias municipales es el peor conocido por los funcionarios más veteranos, se está incumpliendo sistemáticamente los convenios laborales, se realizan traslados sin justificar y sin seguir el protocolo establecido para ello, se ha conseguido dejar sin estructura funcionarial algunas de las Delegaciones más importantes del Ayuntamiento. Por todo ello, es evidente que la gestión en materia de personal, lejos de ser positiva, es nefasta y caótica para el buen funcionamiento de la Administración Local.
Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los dirigentes municipales, para que los recursos económicos se optimicen y se utilicen bien, y no se derroche en productividades injustificadas e innecesarias.

DENUNCIAMOS EL PAGO DE PRODUCTIVIDADES A ALGUNOS TRABAJADORES Y A UN CARGO DE CONFIANZA.

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10 de junio de 2010

La Fiscalía vuelve a pedir la digitalización de ´Astapa´

Tribunales
Ante el silencio de la Junta, envía un segundo escrito exigiendo informatizar 150 cajas de documentos que mantienen la investigación paralizada.
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Hace tan sólo 20 días, la Fiscalía Anticorrupción se quejó de que 150 cajas de documentos intervenidos en los registros iniciales del «caso Astapa» contra la corrupción urbanística en Estepona, que tuvieron lugar en junio de 2008, duermen el sueño de los justos en el depósito de la Unidad Central de Delitos Económicos en Madrid. El hecho de que no hubieran sido digitalizados estos «papeles» paralizó la instrucción.

       La Fiscalía Anticorrupción vuelve a la carga, y el pasado 31 de mayo envió un escrito, otro más, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, en el que pide al juez Jesús Torres que exija la digitalización de esas 150 cajas. Fuentes de Anticorrupción afirmaron que «el instructor mantiene el secreto parcial de las actuaciones porque se desconoce el alcance de los documentos intervenidos en los registros. Han de ser analizados por medios artesanales». El sigilo procesal se ordenó en enero de 2007, tras la denuncia inicial del actual alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), y de la edil Cristina Rodríguez.
«Ante el retraso que acumula la instrucción, que viene motivada en buena parte por la gran dificultad que implica la localización y el procesamiento de la documentación que en cada caso han de analizar los funcionarios de la policía judicial o los peritos, además de las frecuentes peticiones de documentación que viene recibiendo este juzgado de órganos administrativos y judiciales y que por las mismas razones aún no se han podido atender, considero imprescindible la digitalización de todos los documentos intervenidos en los registros domiciliarios de junio de 2008», consta en el escrito remitido al órgano instructor de «Astapa», al que tuvo acceso La Opinión de Málaga.
    
    Una vez más, la Fiscalía Anticorrupción interesa en el escrito que se «requiera» a tal efecto «al órgano competente» de la Junta de Andalucía para que se informatice lo incautado en las intervenciones domiciliarias. «En el caso de que no hubiera respuesta en breve plazo o ésta fuera negativa, proponemos que se vuelva a pedir ayuda a la Agencia Tributaria puesto que, dadas las circunstancias, en ningún caso supondría una invasión de las competencias autonómicas». Hacienda ya se opuso a ello al entender que eso era trabajo de la Junta de Andalucía.
Incluso el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, hizo gestiones para recordar a la Junta «la absoluta necesidad» de informatizar esas cajas, que nada tienen que ver con el sumario, formado por cerca de cuarenta tomos.
 
      La Junta culpó al juzgado del retraso en la informatización de los tomos, pero nada dijo de las 150 cajas de documentos. «En su día se pidió ayuda al Ejecutivo andaluz porque esperábamos que hubiera una colaboración similar a la que existió en «Malaya». Ello agilizó la fase de investigación», apuntaron.

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La Plataforma Vecinal presente en Málaga

La Plataforma Vecinal de Estepona ha participado en la manifestación que como protesta por los recortes sociales decretados por el Gobierno del Partido Socialista esta misma mañana se ha celebrado en Málaga.

 P.V. Estepona













    No entiende esta Plataforma que estos decretos de recorte social se ceben precisamente en aquellos colectivos sociales, en especial de los pensionistas, pero también de los funcionarios, que menor capacidad de oposición pueden presentar. Los pensionistas de toda España, y más especialmente los de nuestro entorno, en muchos casos están sustentando con sus escasos ingresos las economías familiares de hijos y nietos, atenazados por el paro y la crisis económica.

 La presencia de la Plataforma Vecinal en la primera línea de la manifestación se ha visto reforzada y acompañada por funcionarios, jubilados, trabajadores y sindicalistas de Estepona.

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UPyD DENUNCIA EL MAL ESTADO GENERAL DE LAS PLAYAS DE ESTEPONA

UPyD Estepona lamenta el mal estado de las playas de Estepona y la pérdida de bandera azul en la playa "El Padrón."
UPyD (Estepona)
En visita realizada a la playa de El Padrón y la playa de la Urb. El Ángel junto a Carrefour Estepona el pasado domingo día 6 de Junio, pudimos comprobar el mal estado de las mismas.

En pleno mes de Junio, y de inicio de temporada turística tenemos :

El Padrón: pérdida de arena, signos de fuegos recientes en la arena, red de tuberías en la superficie, los módulos de aseo y vestuarios presentan un aspecto desvencijados y cerrados, plataformas de madera de acceso a la playa escasos, carteles tirados por los suelos, vegetación en estado lamentable, en general falta de limpieza por toda la playa.

Playa Urb. El Ángel: tuberías de saneamientos rotas y en superficie.

Desde UPyD Estepona exigimos al Ayuntamiento que de forma inmediata ponga orden y limpieza en dichas playas de El Padrón y El Ángel, ya que como municipio turístico no podemos permitirnos el lujo de que ni un solo turista se lleve la impresión que se esta transmitiendo de suciedad y desidia.

Nuestra preocupación tambien por la falta de socorristas en nuestras playas en plena temporada, cuando sabemos que recientemente en otros municipios cercanos de la provincia hemos tenido que lamentar la muerte de 4 bañistas.

Estepona tiene que proteger su primera industria, que no es otra que la turística.

Queremos playas limpias y seguras para nuestros turistas pero también para nosotros y nuestros hijos.

Adjuntamos fotografías del lamentable estado de las playas esteponeras.

www.upydestepona.com

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9 de junio de 2010

ENÉSIMO ASALTO A LAS ARCAS MUNICIPALES. EL ALCALDE SOCIALISTA OBRERO DE ESTEPONA PAGA 9.000 € EN PRODUCTIVIDADES EN LA NÓMINA DE MAYO

2.160 € PARA EL CARGO DE CONFIANZA Y DELEGADO DE CCOO J.P.FERNÁNDEZ GAGO Y 1.310 € PARA EL MANDO DE LA POLICÍA LOCAL ANTONIO GARCÍA TORRES

CSIF(Estepona)

Aunque a los vecinos y vecinas de estepona pudiera parecerles lo contrario, entre otras cosas por las numerosas noticias que aparecen prácticamente a diario en distintos medios de comunicación, referidas a falta de papel higiénico en los colegios, combustible en los vehículos municipales, cloro para la piscina municipal, lejía para limpieza, folios en las oficinas, o algunas otras..... El Ayuntamiento de Estepona debe de encontrarse en una situación económica privilegiada y prueba de ello son los nueve mil euros de bonificaciones que este mes el señor David Valadez ha repartido entre sus allegados.
 Este despilfarro clientelista del PSOE esteponero, escandaliza y sorprende en tiempos de crisis como el actual, a menos que el alcalde esté mintiendo y las arcas municipales estén saneadas. De ser así, sería una buena noticia para los vecinos y vecinas de la localidad, que podrán exigir al señor David Valadez que aprovechando que tiene dinero para sobresueldos, disminuya el tipo impositivo que graba el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la Basura o elimine la tasa de alcantarillado, por poner unos simples ejemplos que redunden en beneficio de los ciudadanos.
 Desde hace meses CSIF viene denunciando públicamente el saqueo constante y el uso bastardo que se está haciendo de los caudales públicos, considerando insultante tanta generosidad con el dinero ajeno, otro gallo cantaría si el dinero saliese del bolsillo de los señores gobernantes. Así mientras por un lado el PSOE como gobierno de la nación rebaja sueldos de profesores, médicos o guardias civiles y congela pensiones de jubilados y discapacitados, el señor David Valadez y la señora Cristina Rodríguez pagan sobresueldos a enchufados políticos, adláteres y aduladores.
 En relación con el favorecido cargo de confianza y mano derecha de la señora Cristina Rodríguez, puede leerse en la Web del PSOE de Benalmádena de boca del portavoz de dicho partido, Javier Carnero, lo siguiente:…..“Durante los últimos meses del ‘bolinismo’, y con la complicidad de Fernández Gago, el anterior concejal de personal  quiso sacar adelante un plan de retribuciones que nosotros anulamos al llegar a la Alcaldía, y que ahora ha vuelto a retomar al regresar al Área de Personal”, señaló Carnero, que recordó que dicho plan de retribuciones especiales “fue elaborado por el propio Fernández Gago, una persona que ha sido invalidada por la justicia para ejercer esas competencias por fabricarse una plaza a medida”.
 Por coherencia y pulcritud política, esta incongruencia de pagar sobresueldos en Estepona a un individuo tachado de enchufado por el PSOE de Benalmádena, requiere que de inmediato los responsables políticos de dicho partido ordenen el cese del citado cargo. Consentir este sinsentido equivaldría a reconocer la dependencia y sumisión de David Valadez ante el sindicato CCOO a quién representa como delegado Fernández Gago. Difícil ejercicio de malabarismo o equilibrio circense el que pretende ejecutar el gobierno local que por un lado contenta a responsables sindicales como Gago, pero para ello deja sin nómina a los más de 1.200 empleados municipales.
 En cuanto al Subinspector de Policía incluido en el grupo de agraciados con el sobresueldo, el sindicato recuerda al señor alcalde que siguen esperando aclaración por la posible situación de este funcionario e  integrante de la Banda Municipal, quién con las últimas sentencias judiciales habidas ostentaría también la condición de personal laboral lo que supone una infracción a la Ley de incompatibilidades, norma que a juzgar por los proceder municipal se exige cumplir a unos pero no así a otros como por ejemplo la concejala de personal.
 En cuanto al pago a los Escoltas de Seguridad del Señor Alcalde, el sindicato advierte al primer edil que estos abonos están fuera del programa de productividad de la policía local y bomberos aprobados en pleno, por lo que no están justificados ni se ajustan a lo establecido en la legislación vigente. CSIF insta a que esta cantidad de 300 € que el señor alcalde ha prometido como gratificación mensual a los agentes que velan por su seguridad personal, salga de su bolsillo o en su defecto la someta al dictamen de pleno, considerando el sindicato que lo legal y justo sería revisar el complemento específico de dichos puestos y si así se entiende su adaptación a la realidad de riesgo, disponibilidad y dedicación de dichos profesionales.

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7 de junio de 2010

Valadez solicitaba "incidencias" a la jueza Conejo, aprovechando la petición de documentación confiscada.

Según se desprende del sumario astapero, Valadez solicitaba "incidencias" a la juez encargada  entonces del caso  Isabel Conejo, aprovechando varias solicitudes al Juzgado para poder tener acceso a documentación sobre asuntos municipales y que habían sido confiscados por los investigadores.
    El motivo del conocimiento de dichas "incidencias" era para "definir la actuación del Ayuntamiento":
"...Por todo lo expuesto, interesamos de ese Juzgado la devolución de los documentos y expedientes originales, indicándonos la incidencia que de las Diligencias Previas 1030/2007 que se siguen ante ese Juzgado, se derivan en relación a los mismos, a los efectos de definir, en su caso, las actuación de este Ayuntamiento". Tomo XXIII. página 5 y otras.

   Suponiendo que el Juzgado hubiera accedido no ya a facilitar la documentación requerida, sino  a consignar tales "incidencias"; ¿no estaríamos también ante un caso de información privilegiada considerada secreta?. ¿Quién dijo tonto? ¡No es nadie el niño!

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Las esponsorizaciones de CESPA estaban en el contrato de la concesión. Valadez y su teoría de la conspiración.

    Otras de las sorpresas más inesperadas de las revelaciones de los últimos tomos abiertos del sumario, nos vienen dadas de la concesión del servicio de limpieza y residuos sólidos a la empresa CESPA, que acabó siendo la adjudicataria. Durante la anterior legislatura, el PES había siempre apostado por mantener la concesión con Acciona, a la cual, además se la debían unos 12 millones de euros. No obstante en mayo de 2008, CESPA, recibe la concesión por parte del nuevo equipo de Gobierno.

      Según los denunciantes, esta empresa habría patrocinado diferentes eventos culturales, como pago o agradecimiento por la concesión, entre otras series de conjeturas que se vierten. Por ejemplo el pago a Enrique González Ceano, de una factura de algo más de 100.000 euros, así como también haber realizado pagos en nombre del Ayuntamiento a Drive Music, entre otras.

      No sabemos qué habrá de irregular y mucho menos de ilegal en ello, pero lo cierto es que tal precepto: el de la esponsorización venía recogido en una cláusula del propio contrato de la concesión donde, según la declaración de Antonio López Soto, Delegado Comercial para Andalucía Oriental, de la empresa de servicios CESPA, que realizó  en calidad de imputado el día 22 de septiembre de 2008 en declaración  "en relación a los hechos que motivan las presentes..."
     En su declaración en la página 477 del Tomo XXI,  López Soto, en respuesta a los investigadores responde que no sólo ha financiado eventos en Estepona; sino también en Granada y Benalmádena. Admitió además que también financió la Semana del Jazz de Estepona.
     Más adelante en la página 483 del mismo tomo el imputado subraya que existe una cláusula en el contrato que obliga a la empresa a tales esponsoracizaciones. Así se recogen sus declaraciones en la citada página:
    
      "PREGUNTADO para que diga si alguna persona del Ayuntamiento de Estepona le ha pedido, directa o indirectamente, a alguna persona relacionada con CESPA, en alguna ocasión, que tenía que esponsorizar un número determinado de eventos o destinar una cantidad de dinero determinada a la esponsorización o patrocinio de
eventos, DICE:
—Que no. En el contrato de adjudicación del servicio hay una cláusula que estipula las cantidades que la empresa deberá destinar a la esponsorizaciones. La cantidad concreta estipulada en el contrato final es de 600.000 euros anuales, que el ayuntamiento destinará según su discreción, a la esponsorización. Al margen de esta
cantidad no le ha sido solicitado ninguna cantidad".

     A partir de entonces ante la insistencia sobre diferentes donaciones por parte de los interrogadores, el imputado le remite a lo "manifestado en la pregunta anterior". Todo parece indicar que la verdadera trama de Astapa fue una teoría de la "conspiración" que obsesionó a los denunciantes junto a intereses políticos personales: un cóctel, nunca mejor dicho, explosivo.
    

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5 de junio de 2010

La Fundación 24 Horas "se utiliza para blanquear dinero de Publiluna", según Valadez y Crsitina.

 La reciente apertura parcial del sumario no ha podido ser más inoportuna en cuanto que va a sembrar dudas en una Fundación con solera en Estepona, dirigida por 17 patronos, según señala José López uno de sus fundadores, en una reciente entrevista con motivo de la celebración este año del 35 Aniversario de las Primeras 24 Horas Deportivas fundadas en el seno de la OJE de Estepona, a finales de 1974 y principios de 1975. Mucho ha llovido desde entonces pero siempre fiel a su cita , año tras año, los han hecho poseedora del prestigio y la ilusión con que anualmente se recibe este evento deportivo dentro y fuera del municipio.
    Según revela la página 371 del Tomo XXI (PDF), la Fundación 24 Horas Deportivas (cuyos orígenes se remontan 35 años atrás, y goza de un  gran prestigio reconocido dentro y fuera de la provincia), estaría siendo utilizada por su presidente (calificado de "representante" en este caso por los denunciantes, según el sumario), Francisco Antonio Navarro de Hoyos para blanquear dinero de su propia empresa de publicidad: Publiluna. Así se desprende, según los investigadores, del contenido de ese tomo abierto recientemente del sumario que citamos literalmente:
    "En el Anexo V referente a la información de la AEAT de personas jurídicas relacionadas con la investigación, se hace referencia a la empresa NAVARRO PUBLICIDAD SL, la cual presenta, en los últimos años, pagos y, sobre todo, ingresos, procedentes de mercantiles muy relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona, aparte del propio Consistorio, como es el caso de AGROJARDÍN GUADALMANSA SL, AGROJARDÍN ESTEPONA SL, CROMA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL o ESTIVAL TELEVISIÓN SL.
    Por último, mencionar que Francisco Antonio NAVARRO DE HOYOS, consta como representante de la FUNDACIÓN VEINTICUATRO HORAS DEPORTIVAS DE ESTEPONA. Según distintas informaciones aportadas por los denunciantes, dicha fundación está muy arraigada en Estepona, la cual, sin duda, ha tenido y tiene un trato más que preferente con el Ayuntamiento desde la época del GIL. En Estepona todos asumen que la Fundación se utiliza para blanquear dinero de PUBLILUNA".
Tomo XXI páginas: 369 y 371.

¿A quiénes se referirán los denunciantes (Valadez y Cristina) cuando dicen que "Todos asumen que la Fundación se utiliza para blanquear dinero de Publiluna"?
    A esta empresa esteponera, Publiluna, se le imputa el delito de, al parecer haber llevado la campaña electoral del PES, pero, por otro lado, no sé por qué juego malabares, la apreciación del delito viene del hecho de que no se hizo su contratación por concurso público. De lo mismo se acusa a la otra empresa esteponera, y al propio partido, que hizo la campaña del PSOE. Veremos si la solución nos viene dada en las próximas entregas o la continuación de la lectura de estos últimos tomos abiertos.
       De lo que parece que no fueron conscientes los denunciantes es que acusando a la Fundación de servir para blanquear dinero, no sólo están implicando al dueño de Publiluna, sino a todos los que componen dicha Fundación. A todos los está metiendo en el mismo saco, lo cual suponemos tendrá sus consecuencias legales.
      Por lo pronto la documentación aportada por el abogado de Francisco Antonio Navarro de Hoyos,  Francisco Gil Montijano, desmentía categóricamente los argumentos de los denunciantes. Uno de ellos era la concesión, que según los denunciantes era ilegal,  de las vallas publicitarias acordada con la delegación que dirigía José Ignacio Crespo. Una prolífica documentación avala la legalidad de aquel convenio con la empresa Publiluna.
      Entre la documentación aportada, además de un convenio similar en vigor con el Ayuntamiento de Casares desde 2004, presenta también las solicitudes enviadas a diferentes ayuntamientos en 2006, entre ellos al de la Línea de la Concepción.
      El contrato de las citadas vallas publicitarias vendría "amparado por  la Ley 33/2003 de 03 de Noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Publicas, y mas concretamente en sus artículos 91 y siguientes, los cuales acompañamos señalado como documento núm. cuarenta y uno; quedando debidamente
acreditado que el contrato firmado estaba sustentado en dichas normas".
    La propia Agripina Rivas solicitó la colocación de varias vallas según la documentación aportada por los procuradores de Navarro.
     Asimismo señalan la manipulación de la que fue objeto este asunto en la prensa, pues se hablaba de que Rafael Duarte, a su llegada a la Delegación,  había eliminado la colocación de 1000 vallas ilegales; cuando en esa fecha no había instaladas más de 50.
     A raíz de aquella decisión del recién llegado hombre de Chaves, Rafael Duarte, a la Delegación de Urbanismo la empresa mantiene ahora dos contenciosos contra aquella decisión municipal de revocar el contrato con Publiluna denunciado infundadamente, como otras tantas denuncias, por los delatores de Astapa.
      Aunque en aquel momento seguramente, debido al secreto, la Fundación 24 Horas no tuviera constancia de la denuncia directa de los denunciantes, lo cierto es que los actuantes en representación de Francisco Navarro aportan pruebas respecto de la transparencia de sus cuentas, a tenor de las insinuaciones de los interrogadores en las testificaciones previas, como imputado, del empresario:

"y ello con relación a
la "FUNDACIÓN 24 HORAS DEPORTIVAS DE ESTEPONA".
Abundando en otras de las preguntas que le formularon a mi defendido,
salió a colación la citada fundación, de la cual mi defendido es actualmente
Presidente.
Hemos de resaltar que dicha fundación, aunque como tal, fue constituida
el día 15 de Julio de 2.005, viene desarrollando su actividad social desde hace
mas de treinta años en nuestra localidad, habiendo girado con anterioridad bajo
otra denominación, y sin que en ningún momento haya tenido vinculación alguna
con la política ni con ninguno de los ediles de las corporaciones que han venido
gobernando en nuestra localidad, siendo estrictamente su vinculación con el
Ayuntamiento la de meramente institucional, por tratarse de una asociación que
ha caracterizado única y exclusivamente por y para el desarrollo del deporte en
Estepona; siendo sus cuentas totalmente transparentes y sustentándose de las
aportaciones voluntarias del pueblo de Estepona, tal y como se acredita con el
informe sobre Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2.006, emitido
por la Junta de Andalucía, que se acompaña señalado como documento núm.
cuarenta y cuatro.
OCTAVO.-


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4 de junio de 2010

La artificiosa denuncia de Escribano no encaja en la operación Astapa. Reina ni siquiera estaba en el Equipo de Gobierno.

Dice que conoció a Reina en verano de 2007. Por entonces el ex-edil de Hacienda no formaba parte del Gobierno Municipal, además Reina nunca tuvo responsabilidades en Urbanismo ni poder de decisión.
La declaración de Juan Carlos Escribano, que revela el sumario, no se sostiene con más que echemos un vistazo a las fechas y a sus protoganistas.
    En primer lugar el asunto de la unidad UEN-R22 La Ventilla, creemos que se refiere a la promoción de El Mirador de La Cala. Digo esto porque en su declaración, que Escribano hace "libre y voluntariamente" el día 24 de septiembre de 2008, o sea tres meses después del inicio de la operación, como representante de la empresa Polo Bay que "lleva actuando en Estepona unos 10 años" (Tomo XX página 385 PDF) -recuerden este último dato- se refiere siempre a dicha UEN. Asimismo según manifiesta: "Esta empresa ha construido y promocionado tres edificios, de viviendas y locales comerciales, ubicados en las calles Marbella y Terraza, de Estepona; por dichas construcciones el contacto del declarante con el Ayuntamiento fue mínimo debido a que los trámites referentes a informes y licencias habían sido concedidos con anterioridad a la entrada en la Corporación encabezada por el PSOE de Estepona". Recuerden estos datos.
    Desde luego les voy a decir una cosa: por conocimiento de causa, se desprende del sumario que si ha existido alguna trama en Astapa (además de la propia trama de Valadez para hacerse con la alcaldía), es la que por ignorancia de unos y maquiavelismo de otros se ha urdido contra Reina. Desconozco hasta qué punto esto mismo también se refleja  en los demás imputados, pero en lo que a Reina se refiere, repito, por conocimiento de causa existe toda una trama para imputarle. Desde adjudicarle un padre falso por parte de la Policía, hasta declaraciones falsas testificales. Tiene todos los ingredientes de una buena trama política que el propio sumario ha ido desvelando  escalonadamente desde su primera apertura parcial de seis tomos en junio de 2009.
     Este empresario sevillano aparece de buenas a primeras, por arte de magia, en septiembre de 2008 y curiosamente, por si no se habían vertido bastantes falsedades ya contra Reina, en las diligencias previas al operativo "antiterrorista", sirve para, desde septiembre de 2008, iniciar otra línea artificial de investigación contra el ex-edil de Hacienda, presuntamente falsa y que nada tiene que ver con el objeto del operativo de la operación. Por lo que la jueza debería haberse inhibido ya que ni Reina tuvo responsabilidades en Urbanismo ni era Concejal del Gobierno cuando este señor lo conoció, como él mismo atestigua en su declaración. Dice  haberlo conocido en verano de 2007. Después de haber sido Concejal de Hacienda, pues el declarante reconoce que cuando lo conoció le dijeron que había tenido tal cargo: "de quien conoció que fue Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Estepona". Sobre la mujer de Barrientos, la otra persona junto con Reina mencionada en su declaración, ni siquiera ostentaba cargo público.
    Antes de continuar desgranando este desprósito de sumario lamentable, hay que decir que, según consta en el propio sumario, alguien llega a reconocer que el presupuesto en vigor ese año, redactado por Reina, aunque se omite  mencionarlo en el sumario,  sólo destina a gasto de personal el 25% lo que nadie había hecho hasta entonces. Ya hablaremos y decodificaremos aquello. Ah! Ojo, este señor también se tomó la molestia de desplazarse a Madrid, a la Comisaría General de Policía Judicial, nada menos para realizar su declaración ¿era mejor para la causa que estaba bajo "secreto sumarial"?. Ya lo dijo Rafael Carreras, la operación Astapa es un juego de niños.
    Pero sigamos analizando ese "peazo" de declaración. Mantiene en su declaración este "enigmático" empresario, que solicitó la licencia de obras en 2003. Inmediatamente después es interrumpido y le preguntan, como sonsacándole algo que la Policía ni siquiera ha investigado su comisión previamente, dando por hecho  conocer que  el supuesto  delito se ha cometido y dando crédito, como a las denuncias de Valadez, desde el principio, a denuncias infundadas y formuladas en calidad de testigo por una parte interesada, por lo que difícilmente se entiende que pueda ser considerado como tal testigo. El interrogador va directo al grano sin dejar explicarse al testigo:

"PREGUNTADO para que diga si alguna persona relacionada con el Ayuntamiento quiso hacer una reserva o compra de algún piso incluido en la Unidad de la Ventilla, DICE: A través de una amiga conoció a quien se le presentó como la novia del Alcalde, Antonio BARRIENTOS GONZÁLEZ. Dicha mujer, con quien mantuvo inicialmente una conversación telefónica, cuyo nombre recuerda que era Ana Belén FLORES y que trabajaba en un Hotel de Estepona, en un primer momento le pidió información sobre los pisos que la promotora del declarante tenía a la venta. Cuando el declarante le comentó a dicha mujer los precios de las viviendas, le parecieron exagerados, ya que, según le dijo, dichos pisos iban a ser para el Alcalde de Estepona (Antonio
BARRIENTOS), y le solicitó un descuento del 50% a la hora de adquirir los mismos, indicándole que al ser un constructor nuevo en Estepona, debía llevarse bien con la Corporación Local. Ante la negativa del declarante a aceptar esta oferta, la citada Belén, concertó una cita con el declarante para ver los terrenos y hablar personalmente con él.
  En la cita con Ana Belén, esta persona volvió a hacerie la misma oferta, relacionada con el descuento mencionado. Ante una nueva negativa del declarante, Ana Belén le amenazó con que si no aceptaba esa oferta, si ella quería, no le darían las licencias que solicitara".


    Ya Barrientos ha anunciado la interposición de una querella criminal por falso testimonio, pero cabe preguntarse. Incluso si fuera cierto, ¿qué delito, que salpica también a Barrientos, le supone a él el hecho de que su ahora mujer, siendo novios hiciera unas declaraciones más o menos desafortunadas?.
     Por otro lado no pone reparos a la consideración de "constructor nuevo" que le refiere, supuestamente, la novia del alcalde; cuando, según él,  "lleva actuando en Estepona unos 10 años".  Antes de seguir comentar que el tiempo revelaría las claves del por qué de la irrpción en el caso Astapa de aquel  anacrónico empresario. ¿Qué sentido tenía su aparición?. No lo sabemos y estudiando el sumario la única respuesta nos la da el hecho de que un mes después de esta declaración, este "testigo" tenía una licencia de 1ª ocupación en su promoción. Una licencia que por una serie de irregularidades fue siendo denegada y que, curiosamente, con su aparición en la operación Astapa y siendo alcalde Valadez, ya se han subsanado.
   A continuación, ¡a la caza de Reina!:

"PREGUNTADO para que diga sí además de la novia del Alcalde alguna otra persona relacionada con el Ayuntamiento le hizo alguna proposición similar a la anteriormente descrita, DICE:Que sí. En el verano de 2007, un tal Manuel REINA, de quien conoció que fue Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Estepona, acompañado por Manuel SIMÓN AGUILAR, se le presentó al compareciente como comprador,
interesándose en todos los locales del edificio y en alguna vivienda. Tras hablar con las dos personas
citadas, y parecerles los precios propuestos por el declarante exagerados (unos precios de mercado que ya había ofertado anteriormente a la Seguridad Social y al FREMAP), puesto que tenían un valor de cuatro millones de euros, Manuel REINA le dijo al compareciente que le pagaría en billetes grandes si le hacía un descuento de más del cincuenta por ciento. Ante la negativa del declarante, Manuel REINA le insinuó que ése no era un buen sitio para una sede de la Seguridad Social y que como se iba a reunir con un alto cargo de ia Seguridad Social, le recomendaría que no comprara dichos locales. Así mismo, Manuel REINA le amenazó con que ya se verían a la hora de ser concedida la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento, ya que el citado REINA estaba muy bien relacionado con la Corporación. Durante la reunión con REINA y, estos comentaron que habían realizados más compras de la manera propuesta al compareciente".

   Una sarta de mentiras, según Reina y cuyo abogado ya está trabajando también en la redacción de una querella criminal. Reina no es que estuviera "muy bien relacionado con la Corporación"; es que formaba parte de la Corporación (en la oposición). Resulta extraño el desconocimiento de este extremo por parte de alguien que solicitó la licencia en 2003. Si fuera Jesús Gil, sería creíble que Reina tuviera la influencia ante la Junta que el "testigo" teledirigido expone. Todos sabemos la gran amistad que unían a Gil y Zarrías. Pero tratándose de Reina, vamos. Por cierto que tendrá que acudir como testigo de la querella criminal de Reina, Manuel Simón Aguilar quien, según el declarante enigmático, acompañaba al ex-edil de Hacienda en el momento que conoció, no se sabe cómo, a Reina.
  Así mismo denuncia por cosas muchas más graves en algunos casos y por nada en otros a otras personas:
Carlos Barrientos, porque estaba en la lista de espera para comprarle un apartamento; José Flores porque le habían dicho que éste había dicho que solucionaría "el problema" a cambio de un apartamento; técnicos y a Rafael Duarte, ex-concejal de Urbanismo, también imputado. En definitiva, amén de Reina y la novia de Barrientos las personas que tuvieron que ver con los expedientes de primera ocupación. Incluso denuncia a  los autores de informes impecables sobre la materia, nada sospechosos y muy fundados legal y documentalmente. O sea incluso de los que sólo pretendieron cumplir la Ley con rigor. Movido por la  única  obsesión de que existía una conjura contra su licencia. Y su escape fue agarrarse oportunistamente al clavo de Astapa en busca de una solución a la desesperada, a su petición de licencia de primera ocupación, que por causas legalmente justificadas se encontraba paralizada. Debió pensar que "a río revuelto ganacias de pescadores". Una denuncia, por cierto, carente de soporte documental pero que la jueza dio por buena. Recordemos que tres meses después fue cesada y apartada de la causa.
    
Continuará...

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Desplante del Ayuntamiento hacia los trabajadores

El CSIF denuncia una presunta nueva falta de respeto del Ayuntamiento de Estepona hacia sus trabajadores
El comunicado se produce después de que representantes municipales no comparecieran al acto de concialiación en el SERCLA

Diariosol.es

El conflicto entre algunos trabajadores del Ayuntamiento de Estepona vuelve a escribir un nuevo capítulo en la historia política de la localidad, después de que el sindicato CSIF haya echo pública una nota de prensa en la que además de explicar que "con la intención de alcanzar una salida pactada al conflicto de la homologación salarial de los empleados de las empresas municipales con los del Ayuntamiento, la Asociación de Técnicos del Ayuntamiento de Estepona (ATAE) presentó recientemente solicitud de conciliación ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA)", los representantes jurídicos del Consistorio no se personaron el pasado día 1 de junio en dichas dependencias.

Según explicaba el CSIF "a la hora señalada, se encontraron presentes en Málaga los mediadores del SERCLA así como los representantes de los sindicatos constituidos en el ayuntamiento, no asistiendo nadie en representación de las empresas municipales o por parte del Ayuntamiento. Lo que ha dado lugar a que el acto de mediación no haya podido celebrarse, obligando con ello a la presentación de denuncia por Conflicto Colectivo ante los Juzgados de lo Social de la capital, a lo que se procederá en los próximos días".
Asimismo, el sindicato mayoritario precisaba que la demanda de conflicto colectivo presentada a iniciativa de ATAE, y apoyada por los sindicatos CSIF y UGT, "no así por CCOO, caso de ser estimada pondría fin al continuo chorreo de demandas individuales que se vienen presentando desde el año 2006, fecha en la que tuvo lugar el primer pronunciamiento judicial favorable a los intereses de los trabajadores", mientras recordaba que "actualmente, por decisión municipal y sin que exista resolución judicial alguna que así lo ordene, se da la circunstancia de que los empleados de la Empresa Promoción y Comunicación están equiparados salarialmente con los trabajadores laborales del Ayuntamiento, no así el resto de empleados de las otras empresas.
Con esta denuncia colectiva, cuya resolución será aplicable a todos los empleados de todas las empresas municipales sin excepciones ni distinciones de ningún tipo, ATAE, CSIF y UGT pretenden acabar con los agravios y discriminaciones actuales, como el descrito anteriormente, sentando un criterio unificado y cuya aplicación no dependa del color político o sindical del trabajador".

Los tres sindicatos consideran, según recoge el comunicado, "que la inasistencia de esta mañana por parte del consistorio y de las empresas, vuelve a dejar en evidencia el escaso respeto que los actuales mandatarios municipales tienen para con los empleados municipales, y asimismo deja patente el desprecio continuado al que se somete a los sindicatos no afines o que no comulgan con los designios partidistas e interesados perpetrados a diario", mientras exigen al alcalde del PSOE, David Valadez, que proceda al inmediato pago de las nóminas y que deje las productividades y subida de sueldo de ciertos gagos de confianza para tiempos económicamente más favorable.
 

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1 de junio de 2010

Valadez "se come el primer sapo" de uno de los imputados que él denunció en Astapa: Enrique González Ceano.

El empresario esteponero interrumpe la rueda de prensa de Valadez y bustinduy
   El reconocimiento notarial de la deuda que el PSOE local mantenía con el empresario hostelero y publicitario Enrique González Ceano, por parte de parte del PSOE andaluz, puede ser un  preámbulo de lo que ocurrirá.
    Valadez se había negado a reconocer la deuda por parte de la gestora socialista que ahora él preside en Estepona, al no "existir relación contractual". Un año después de la irrupción del empresario en la sede donde se encontraban Valadez y Bustinduy, quien fuese fiadora de la gestión de Barrientos, ofreciendo una rueda de prensa, el órgano regional de partido ha accedido a las pretensiones de Ceano.
    Enrique González Ceano fue llevado a declarar a las nueve y media de la mañana del miércoles 18 de junio de 2008 acusado de financiar irregularmente la campaña del PSOE. El reconocimiento legal de esta deuda podría restar credibilidad a las denuncias de Valadez en ese sentido.

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Intervención pone freno a la nueva productividad de Gago

31/Mayo/2010 - Estepona

Gago carece de la titulación requerida para sustituir a su antecesor en el cargo

Imagen de la noticia

Diariosol.es/Estepona Información.
    Poco podía suponer  quien avanzó el órdago de Fernández Gago que su indiscreción iba a dar tanto juego. Tras la publicación en este mismo semanal, en tono de humor y por parte de nuestro infiltrado de la última página, del ultimátum que el actual Jefe de Personal habría dado a los máximos responsables municipales - o compensación económica por la bajada de su salario a probada en pleno o dimisión- las ya habituales lanzas que abundan en la citada delegación se volvieron contra todo lo que se movía tratando de localizar al autor de la filtración.
El pasado 12 de Mayo, la concejal de personal, Cristina Rodríguez Alarcón, efectuaba una propuesta para el abono de un complemento de productividad mensual de 2.160 euros a José Pedro Fernández Gago con el argumento de "haber afrontado diferentes actuaciones de una enorme complejidad técnica y organizativa con el fin de ir solventando la difícil situación por la que pasa este Ayuntamiento en materia de Recursos Humanos, con gran éxito en su gestión y obteniendo unos resultados sin duda imprescindibles..."
Con fecha 18 de Mayo, se emite un informe favorable a la citada propuesta por parte de una Técnico del departamento de Personal destinada en las empresas municipales, lo que contradice gravemente el argumentario de Valadez en relación a la separación Ayuntamiento-Empresas. La propia concejal, en un evidente lapsus, suscribe el informe de la técnico como Consejera-Delegada y no como Concejal como corresponde al tratarse de un funcionario de empleo.
Artículo Derogado
La falta de experiencia de la técnico en la emisión de este tipo de informes, cabe recordar que sus funciones se enmarcan dentro empresas acogidas a la legislación privada, careciendo de experiencia en la legislación pública, no ha sido óbice para que los responsables políticos de la delegación hayan dejado un asunto de tamaña importancia en manos de una trabajadora sin los conocimientos necesarios en la materia a la que han puesto en el compromiso - no es la primera vez - de actuar por encima de sus posibilidades y competencias. Así, la trabajadora, en su informe, se ampara en la Ley 30/1984 que establece para el personal funcionario la posibilidad  de abonar un complemento de productividad que "retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que desempeñen el puesto de trabajo". Sin embargo, este artículo, aunque define el complemento de productividad de forma similar al Art. 5.1 del Real Decreto 861/1986, está actualmente derogado. Por otra parte, a través del procedimiento por el que se pretende dar cobertura legal al complemento citado, se vulneran las normas legales que lo regulan, Así, en Sentencia del Tribunal Constitucional 216/2005, se fija la obligatoriedad para los entes públicos de acreditar la regularidad de sus actos y ni siquiera el margen de discrecionalidad aplicable a estos puede obviar la exigencia de carga probatoria a la que la Administración debe atender, siquiera en supuesto de decisiones discrecionales. Por otra parte, la aplicación de este complemento retributivo incrementaría de forma notable e los límites establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado lo que conlleva la nulidad del acto, según fuentes jurídicas consultadas por Estepona Información.
Incumplimiento generalizado
Son numerosas las sentencias del Tribunal Supremo que amparan la desestimación por parte de la Intervención del complemento propuesto. Tanto desde el punto de vista de la consideración del complemento como algo "no fijo en su cuantía, ni periódico en su retribución" (STS de 06/09) como de su vinculación a un determinado puesto de trabajo con independencia de la actitud de un funcionario concreto en su desarrollo tratando de confundirlo con otro tipo de complementos como el de destino o el específico que si deben estar expresamente contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo.
Finalmente, el argumento de la realización de la jornada de 40 horas semanales, es decir 2,5 horas por encima de lo marcado para Función Pública, no resulta de aplicación en el caso de Fernández Gago al estar destinado a funcionarios de carrera e interinos, no así a funcionarios de empleo como es su caso. En definitiva, no deben utilizarse los complementos de productividad como medio de compensación o mejora de otras retribuciones estables.
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   Lo más curioso de la afición de Valadez y Cristina a las productividades,  ahora que  el Ayuntamiento es suyo, es que la jueza Conejo también puso en solfa e intentó investigar, después de las imputaciones, posteriores al 17 de junio de 2008 con la irrupción de la operación "antiterrorista" por supuesto, las productividades durante el período de Barrientos.  ¿Qué habrá pasado? ¿Se está investigando también a ellos, a raíz de lo que ahora se conoce y han denunciado, entre otros, el CSIF?

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Zapallito contrató una empresa de detectives para averiguar el paradero de cien palmeras ejemplares, que la empresa debió custodiar y cuidar, que la mayoría se habían secado

  Uno de los más esperpénticos capítulos revelados tras la reciente apertura parcial del sumario, lo recoje el tomo III de testificales, cuyo contenido, en casi su totalidad, se refiere a la lucha particular en el seno de Zapallito para hacerse con el control de la empresa, por parte de los accionistas que promocionaron una ampliación de capital, y quitar el control a Francisco Piñero quien, hasta entonces, ostentaba el 50% de las acciones de Zapallito.
     Además, como anunció allá por septiembre de 2008,  la nueva dirección de Zapallito , surgida tras dicha ampliación de capital, presentó una denuncia, no se sabe muy bien contra quién, en octubre de ese mismo año ante la jueza Conejo, apartada del caso Astapa desde diciembre de 2008 por el propio Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que ella pidió la continuidad en el caso, al menos hasta  junio de 2009, a lo que no accedió el órgano de control judicial. En dicha denuncia, entre otros aparece, como no, Reina aunque en este caso reconociendo que no se le podía imputar ninguna actuación irregular, como se describe en la denuncia, en la compra de dos de los aparcamientos del parking. Entonces, ¿por qué se cita a Reina en el esperpento de denuncia que presenta Zapallito?. Y de paso preguntarnos también ¿qué hace una denuncia de  la nueva dirección de Zapallito contra sus proveedores, en este sumario ocupando un tomo entero en un contexto que para nada es el que se está investigando, si es que hay algo que investigar?. Y ya puestos, ¿por qué no la formularon antes y no  dos meses después del inicio de las detenciones?.
  El informe de la compañía de detectives sobre las palmeras forma parte de la documentación que acompaña la demanda. La denuncia la presenta un tal D. Cándido Comino Chavarrías en nombre de Zapallito y en ella no sólo denuncia a proveedores de la otra dirección del parking sino también contra personas que, según el demandante, son "personas afectas al Ayuntamiento, debiendo destacar a Manuel Reina, Rafael Montesinos y a Germán Maldonado entre otros técnicos Municipales".   De nuevo nos encontramos con "testigos" con intereses en la causa y además con clara animadversión hacia varios imputados que nada tienen que ver con su lucha por el control de la empresa y mucho menos con su gestión pasada.
    Pero veamos en qué se basan tales acusaciones contra Reina, por ejemplo. Hay que tener muy poca vergüenza y principios para señalar esto en la denuncia: "Señalar a mero título informativo que el Sr. Reina, compró dos plazas de aparcamiento a través de la empresa PROYECTOS MARIBEL 1950, S.L. (actuando don Celestino Damián del Pino González, en calidad de administrador único de dicha entidad). Según los registros contables que disponemos, en principio, los movimientos de dinero parecen correctos. Estamos pendientes de elevar los contratos privados a Escritura Pública.
Una de las plazas de aparcamiento la está ocupando la mujer de Manuel Reina y la otra, la usaba el mismo".

5.4/.- Página 77 Tomo III Testificales PDF.
     Con la de cafés que se ha tomado el señor Comino con Reina, quien, precisamente, ha sido el único concejal que consiguió subvenciones para los empresarios de Estepona, entre ellos  el mismo Zapallito, por valor de más de 150  mil euros. Claro que son correctos como que la operación la hizo a través de una entidad bancaria con cheque numerado y sin aceptar la reducción de más de 3.000 euros de rebaja que el señor Comino pretendía hacerle. Si yo fuera Reina rompía el contrato por difamación pública y exigía la devolución del dinero; después me compraba otros en el parking de al lado. ¿No es surrealista?  Un empresario "a título informativo" cita a un cliente "correcto" suyo en una comparecencia testifical tratando de incriminarlo en no se sabe qué, porque defendió a su competidor en la dirección en la empresa. ¿Y el derecho a la privacidad?
   ¿Qué pretendía  el señor  Comino y para qué, con esa rebaja? ¿incluirla en la denuncia tal vez?. Por otro lado a qué viene  "señalar" que el otro parking lo utiliza su mujer: ¿Dónde está el delito?. Ah, Comino lo dice sólo a título informativo, claro. Pero lo mejor de todo es que la mujer de Reina jamás ha utilizado dicho parking; y no por nada, sino porque no le ha hecho falta.
    Asimismo dirije su denuncia hacia Rafael Montesinos, Elías Morillas, José Miguel García, José Manuel Borrego, José Flores, José Gustavo Rubio Luna porque el "Secretario de la Corporación Municipal, y que según se comenta por la localidad, aunque no tenemos constancia fehaciente de estos hechos, era compañero habitual de Francisco Pinero de cenas y otros menesteres en locales de ocio para adultos, e invitado con todos los gastos pagados". Otro de los acusados por Comino, aunque no está imputado en Astapa es Alfonso Servia Morales (ya verán cuando vean en qué se basa) échense las manos a la cabeza; también María de Dompablo Mazo, Francisco Bravo, Manuel Barroso (por dar "consejos". ¡No veas!), y Germán Maldonado Valdivia. Casi todos funcionarios o concejales pero, curiosamente, la Concejala de Comercio, Cristina Rodríguez, no aparece denunciada y, que yo sepa, un Parking es un comercio. ¿Se trató  por parte de Zapallito de hacer leña del árbol caído? ¿De desvincularse de esos "apestados mafiosos y terroristas" (a tenor de cómo se desarrolló la operación) detenidos en Astapa y poder conseguir al fin la licencia definitiva de apertura del comercio?.
     Lo de las palmeras es de lo más gracioso. Resulta que cuando se iniciaron las obras del parking numerosos árboles y plantas, entre ellas varias decenas de palmeras, fueron arrrancadas y llevadas a un solar, municipal, cerca de La Cala, mientras finalizaban las obras las obras y se iniciaban los trabajos de jardinería en la superficie del paseo afectada por las mismas. Pero al parecer nadie tomó nota del número exacto. Por lo visto, debió haber un acuerdo para que todas estas plantas quedaran, mientras tanto, al cuidado del Ayuntamiento y  no de la empresa encargada de su arranque ni de Zapallito. Pues bien, cuando varios años después la nueva dirección recibe una factura o documento que consigna la existencia de cien palmeras, comprueba que de ellas, sólo se han vuelto a plantar 17 y, por tanto faltan 83 palmeras.
     Visto que  nadie sabíae dónde estaban, la nueva dirección de Zapallito decide contratar a unos detectives expertos en criminología para que den con las palmeras. Unos detectives cuya titulación ya quisieran para sí  los de la serie CSI.
     Total que éstos se dirijen a ver al empresario de la empresa que arrancó las palmeras y éste niega conocer cuál es el paradero de las mismas e insta a los detectives a que hablen con un técnico municipal de járdines. Dicho y hecho, los detectives, grabadora escondida incluida, se disponen a ver a Miguel Ángel Vico, quien, en principio dice desconocer el paradero de las palmeras; pero les aclara que si se trata de las que se depositaron en el solar de La Cala, aquellas la mayoría se secaron por  falta de agua en el solar. Y subraya que cada palmera de esas características necesita un mínimo de mil litros de agua para soportar el arrancado y mantenerla viva para su posterior plantado definitivo. Pero el técnico agrónomo les insiste, además, en que de todas formas a aquel solar sólo llegaron 44 y, por tanto, él desconoce que se arrancaran 100 palmeras. Además llegaron muchos árboles de otras especies pero palmeras sólo 44.
    En fin, los detectives tampoco pudieron averiguar el paradero de las palmeras, entre otras cosas porque tampoco había un documento previo indicando el número de  palmáceas ejemplares que se arrancaron. O sea que por descuido o a saber por qué, desaparecen, o se secan, 80 palmeras durante  los años que duraron las obras y hasta  comenzarse con los trabajos de jardinería en la superficie. Ahora bien, ¿a quién correspondía el cuidado de las palmeras tras su arrancado, a la empresa o al Ayuntamiento? ¿Y qué pintan esos funcionarios denunciados, mejor dicho nombrados en una denuncia sobre un asunto interno de la empresa con los argumentos más peregrinos que nadie pueda sospechar, y todo porque mantuvieron algún tipo de relación con el anterior propietario?

Continuará...

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28 de mayo de 2010

Escribano recibió la licencia de primera ocupación de Valadez un mes después de declarar contra Barrientos y Reina.

En la operación Astapa, existieron dos tipos de imputados, ni en esos se salvaguardó el principio de igualdad ante la ley: los que se vieron sorprendidos en su casa cual terroristas por tropas policiales y que tras ser incomunicados fueron llevados a la cárcel para una "declaración de papel" o de trámite premeditada para ingresarlos en prisión hubiesen dicho lo que sea. Estaba en el guión. En este grupo se incluyen también los que "en la primera tanda" de los días 17 al 20 declararon y fueron también imputados.
     Después hay otro grupo que es llamado a declarar desde agosto hasta octubre. Este grupo tuvo más suerte ya que durante dos meses la prensa intimidatoria ya había infiltrado datos del sumario. y tuvieron tiempo de prepararse. En muchos casos sus declaraciones se basaban en tratar de exculparse de cualquier irregularidad. En estos meses declararon también varios testigos, uno de ellos Juan Carlos Escribano promotor de El Mirador de la Cala, quien tenía su promoción paralizada, según Barrientos, por irregularidades detectadas en dicha promoción y que muchos vecinos de la misma habían denunciado. Pues bien, curiosamente,  en septiembre de 2008 (tres meses después de las primeras detenciones), por "arte de magia" aparece éste promotor que por lo visto declara "voluntariamente" e imputa a Barrientos y a Reina unas acusaciones que si bien no suponen ningún delito, sirven para afianzar a Valadez en la "veracidad" de sus denuncias. Sin embargo, al igual que en el caso de otros testigos de Valadez, el tiempo nos deparará sorpresas y dudas. Un mes después de "hacerle el favor a Valadez", pues no se trató su declaración de otra cosa, este promotor ve legalizada su promoción por parte del nuevo alcalde impuesto, quien le concede la licencia de primera ocupación. ¿No es un tanto sospechoso?. Otro testigo con intereses personales en el caso y cuya declaración deja muchas sombras, sobre la estrategia de Valadez para conseguir la alcaldía, único objetivo de sus primeras denuncias.
     hemos sabido también que, como ya advertíamos por aquel entonces, Valadez ha servido desde su puesto para facilitar información que fue encontrando en el Ayuntamiento una vez llegó a la alcaldía. Incluso pretendió que los concejales que no dejaron sus actas no tuvieran acceso al Ayuntamiento, con la excusa de que perjudicaban la labor municipal, como si dichos concejales no tuvieran el mismo derecho que él, como mínimo,  para hacer uso de las intalaciones municipales. No es nadie el hitlerito.
    Algo parecido ocurrió con el Parking Zapallito, a quien desde la Delegación de Comercio dirigida por Cristina Rodríguez, la otra denunciante, se le negó la licencia durante años y Valadez intentó inculpar a la dirección del mismo en irregularidades para negarse a darle la licencia de apertura. Valadez incluso llegó a firmar un decreto irregular ordenando su cierre, ya que eventualmente el Parking estaba ya funcionando. Cuando sus propietarios en septiembre de  2008 hacen público la documentación que avala su  legalidad y amenazan con llevar al Ayuntamiento a los tribunales, el ínclito alcalde se apresura a darle la licencia definitiva de apertura.
     Hasta el momento nada de lo revelado en el sumario justifica las actuaciones policiales de los primeros días ni las drásticas medidas adoptadas por la Justicia, ni por supuesto el acompañamiento mediático que caracterizaron aquellos días, sólo para que Valadez cumpliese su capricho de ser alcalde de una Estepona que, por  ambiciones políticas, ha llevado a la ruina.

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27 de mayo de 2010

"Terceras personas" le comentaron a Valadez las "presiones" para solicitar ser un "testigo protegido"


Al igual que las denuncias, casi todas basadas en comentarios de terceros y testigos, a muchos de los cuales se les ha descubierto ciertas sospechosas relaciones y actuaciones, como mínimo poco éticas, con el propio Valadez, también las "presiones" contra su persona venían de terceros "intermediarios".
    Según se ha sabido a raíz del nuevo levantamiento parcial del sumario Astapa que incluye los tomos 21,23 y 25, de un total de 33 o 40 según qué fuentes, Valadez habría solicitado la condición de testigo protegido que finalmente no se le concedió. Los argumentos fueron éstos: «He recibido presiones por parte de familiares y amigos de las personas que se encuentran imputadas y en prisión», le reseñó a la instructora.
Estas «presiones» no fueron directas, sino que se las hicieron llegar por medio de intermediarios. «Las recibí a través de terceras personas que me las comentaron, aunque no sé exactamente de quiénes provienen». O sea sé; cortados por el mismo patrón de las denuncias. Ahora bien quién diría por qué la fiscalía se negó a darle tal condición. Pues porque por lo visto no existía peligro. Quién lo hubiera imaginado después de la operación  "antiterrorista" que montaron: "puesto que la Ley Orgánica 19/1994 sólo admite medidas de protección en situaciones extraordinarias, cuando la autorídad judicial pueda apreciar racionalmente un peligro grave para la integridad física, libertad o patrimonio del interesado o las personas de su entorno, que justifique la limitación del derecho de defensa mediante la ocultación de la identidad del testigo. Además, también sería preciso que en el caso concreto las medidas de protección resulten verdaderamente idóneas de cara a esa finalidad legal de salvaguardar la identidad del testigo en situación de riesgo, objetivo que en este caso sería claramente ilusorío dada la actividad política de los denunciantes, la naturaleza de la información que facilitaron a los investigadores y sus propias relaciones con parte de los imputados".
   Afirmaba también Valadez que: "un periódico semanal gratuito, El Periódico de Estepona, cuyas "filtraciones" tienden a "perjudicar la función pública municipal". Por el momento, a expensas de analizar más pormenorizadamente los últimos tomos abiertos cabe preguntarse una cosa. Este periódico cuyas informaciones en nada le hacían daño a la política  municipal y sólo un dictador o un chiflado podía sugerir su cierre, acabó cerrando meses después de las primeras detenciones y Antonio García, su editor y redactor acabó imputado. ¿Tuvo algo que ver su imputación con las "sugerencias" de Valadez a la jueza para quitar de enmedio a un periodista y un medio que le estorbaba?. ¿Marcó la Justicia el paso a Valadez para ser alcalde o fue Valadez el que marcó el paso a la Justicia?. Digamos que fue un apoyo mútuo: un trabajo en "equipo".
    Este dato del sumario no hace más que poner  en evidencia otra de las mentiras con las que Valadez contaminó a los medios de comunicación, o éstos se dejaron contaminar. Puesto que el impuesto alcalde divulgaba por aquellas fechas que había recibido amenazas directas y que éstas habían sido puestas a disposición judicial y que la Justicia las estaba investigando para descubrir a sus autores. Todo era mentira. 

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Juan Carlos Escribano mintió en su declaración, según Barrientos y Reina

Antonio Barrientos mantiene que el promotor mintió por venganza. Según declaraciones del ex alcalde de Estepona aparecidas hoy en la prensa, Escribano pudo actuar por venganza al negarse el Ayuntamiento a legalizar una promoción denunciada por muchos compradores porque no cumplió el contrato. Porque el inmueble "no cumplía la normativa, era ilegal", y el Ayuntamiento no iba "a darle, como él pretendía, una licencia de manera ilegal".
    Según la declaración del "testigo" promotor,  en comisaría y en el juzgado la novia y ahora mujer del ex alcalde le pidió un descuento del cincuenta por ciento en la adquisición de pisos, ya que éstos iban a ser para el entonces regidor, Antonio Barrientos. El ex-alcalde ha respondido que "hay tipejos de todo tipo" y que están estudiando presentar contra Escribano una querella criminal por testimonio falso.
    Asimismo ha añadido que "la mentira tiene las patas muy cortas", porque su mujer compró una casa de setenta metros cuadrados pero fue en Casares (Málaga), por la que tiene una hipoteca de 200.000 euros con Caja Madrid, mientras que "otros han comprado áticos por 130.000 euros y tienen más metros cuadrados", en clara referencia al ático que adquirió Valadez a una de las empresas denunciadas (según algunas fuentes Valadez sería propietario no de uno sino de dos áticos de la misma u otra empresa). Barrientos ha subrayado que confía plenamente en la Justicia.
     Otro de los aludidos en su declaración es Manuel Reina, de quien dice que le presionó para que le hiciera una rebaja del 50% por uno o todos los apartamentos de la promoción, lo cual según el ex-edil de Hacienda es totalmente falso ya que, de hecho, ni siquiera conoce a Escribano ni posee, ni ha poseído nunca ninguna propiedad en el Mirador de la Cala. Reina ha aclarado que no se ha puesto en contacto con este empresario, para pedirle explicaciones por estas falsas imputaciones, por temor a que pudiera ser denunciado por amenazas,  por lo que solicitará un careo con este empresario.
     Según algunas fuentes los tomos del caso Astapa son 33;  según  otras serían 40 tomos los que forman parte de este "sumario" y aún ni siquiera se han abierto las 150 cajas de documentación confiscada en los registros de junio de 2008. Por lo que con la apertura de los 25 tomos estaríamos a sólo ocho o diez para concluir el secreto. El levantamiento del sumario sobre los tomos del 21 al 25 con la excepción del 22 y 24, que permanecen, incompresiblemente, bajo secreto,  no deparan nada nuevo a lo argumentado hasta ahora. sin olvidar que las escuchas pudieran ser anuladas por la ilegalidad que rodea al sistema SITEL  y por lo irregular de las órdenes de escucha dadas por parte de Conejo, sin haber llevado a cabo previamente ningún tipo de investigación de las denuncias presentadas.

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