Crónica Negra de la II República


¿No tienes enemigos? ¿Es que jamás dijiste la verdad o jamás amaste la justicia? Santiago Ramón y Cajal.

26 de junio de 2010

El plan de productividades será objeto de una denuncia judicial

Será presentada el próximo lunes contra Valadez, Rodríguez y De Lucas
Imagen de la noticia
Valadez con su mariconera en bandolera entrando en los Juzgados de Estepona

      Las productividades que se hicieron efectivas en la delegación de Urbanismo como consecuencia de los trabajos de adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Estepòna a la LOUA continúan dando que hablar. A las denuncias de los sindicatos CSI-CSIF y ATAE se unen ahora la que se presentará el próximo lunes en sede judicial por el concejal no adscrito, Manuel Reina, contra el alcalde de Estepona, David Valadez, la concejal de personal, Cristina Rodríguez y el gerente de Empladus, Diego de Lucas Villarrubia.

     En el escrito de denuncia, Reina señala que el pasado 19 de Febrero de 2009 por Decreto de alcaldía se facultó a Diego de Lucas para la dirección de los trabajos de tramitación de la adaptación del actual PGOU a las determinaciones de la LOUA. Algo más de un año después, el 5 de Marzo de 2010, se aprobó el llamado “Programa de evaluación del desarrollo del plan de adecuación del PGOU de Estepona”, instrumento mediante el que se establecieron una serie de objetivos, con unos plazos máximos de ejecución y con un presupuesto a repartir entre los empleados que participaran y contribuyeran a su cumplimiento.

    En el apartado tercero de la denuncia se indica que el 29 de Enero de 2010, Diego de Lucas, como responsable de director de los trabajos, emitió un informe en el que “una vez cumplido el objetivo nº1 del programa”, recordemos, aprobado por el alcalde mediante decreto de 5 de Marzo, propone el reparto de 46.052,82 euros.

    El denunciante pone de manifiesto en su escrito que “llama poderosísimamente la atención el hecho de que el informe indicado se redacta con más de un mes de anterioridad a la aprobación y establecimiento del Programa de Evaluación aprobado el 5 de Marzo. Pero no es menos sorprendente que los trabajos a realizar para el cumplimiento de dicho objetivo nº 1 de acuerdo con dicho programa, esto es, la redacción del plan con los informes técnicos jurídicos, tienen fecha de 23 y 24 de Marzo de 2010 respectivamente.

     La denuncia también recoge los distintos escritos presentados por los sindicatos CSI-CSIF y ATAE en relación con este asunto en los que solicitaban la comprobación de lo denunciado por si los hechos fueran constitutivos de “delito”, ya que supuestamente podría tratarse de un “montaje” destinado al reparto de productividades.

     Reina solicitó reiteradamente en sesión plenaria la aclaración de los hechos denunciados en los apartados de ruegos y preguntas sin que hasta la fecha haya recibido respuesta alguna. En la denuncia han sido citados como testigos de la acusación los sindicatos antes citados, así como varios trabajadores de la delegación de Urbanismo, algunos de los cuales renunciaron a la percepción de las cantidades repartidas por no estar de acuerdo con el sistema./

ATC.
       Por cierto el de la fotografía que va hablando por teléfono quién es. ¿Un guardaespaldas de Valadez de los que pagamos usted y yo con nuestros impuestos?. Ver para creer. Un presunto delincuente con guardaespaldas pagados con dinero público. Esta es la corrupción que nunca se había visto en Estepona, no el fraude de la Operación Astapa.

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La Operación Astapa destapa pagos a la Cadena Ser. La Junta financia al Grupo Prisa

ATC.
    Entre la documentación aparecida en el sumario Astapa se revelan pagos a Cadena Ser (Costa del Sol) por parte del Ayuntamiento de Estepona por valor de 50.000 euros. Además de otros pagos posteriores aparecidos en el único periódico esteponero Estepona Información, efectuados a la propia esposa Valadez, como  empleada de este medio, en este, su mandato (nunca mejor dicho), por valor de 23.000 euros.
    Aparte de estos y otros pagos del Ayuntamiento de Estepona a la Cadena Ser, a pesar de tener el Ayuntamiento sus propios medios de comunicación que cuestan dos millones y medio de euros al año, este medio de PRISA además recibe dinero en concepto de publicidad o miniespacios de otros Ayuntamientos así como de Mancomunidad de Municipios y de la propia Diputación de Málaga.
     Pero la cosa no queda ahí. Diversos programas de la Cadena Ser Andalucía, están siendo esponsorizados, por emisoras y medios del Grupo Prisa, con dinero público (o sea de usted y mío) en perjuicio de otros medios de comunicación andaluces,  con dinero de la Junta de Andalucía.
    Recientemente además hemos tenido noticias de dos subvenciones al diario El País, por valor de 300.000 euros cada una, por unos conceptos que jamás se les ha otorgado a ningún otro medio.

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La Agencia estatal de noticias EFE, cuya corresponsal en Estepona es la esposa de Valadez, revela una nueva prórroga del sumario Astapa antes de tener conocimiento los imputados

  ATC.
   Según informaba la Agencia estatal de noticias EFE en Estepona, o sea Mari Angeles Cervantes, esposa de Valadez, el juez de Astapa, el nuevo, ha prorrogado una vez más el secreto del sumario basándose en nuevos informes y tal. Lo de siempre: intentando escarvar, a ver si encuentran algo, aparte de las denuncias falsas de Valadez y Cristina, mientras acarrean enormes perjuicios a las empresas de los imputados, que se ven difamados sin que puedan actuar en su defensa como sería de suponer en un Estado de Derecho.
    La agencia EFE ha sido noticia días pasados por una dudosa subvención de la Junta de Andalucía de más de 600.000 euros y por la contratación a dedo en la misma del primo de Zapatero. ¿Investigarán esta contratación los sabuesos de Astapa?. 
    Además sobrevive con el dinero público, o sea de usted y mío, del propio Gobierno de la Nación...

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La explotación laboral se implanta en la Costa del Sol con empresas de inmigrantes

Empresas creadas por inmigrantes explotan a trabajadores inmigrantes y españoles en regímenes cercanos a la esclavitud.

ATC.

    Según hemos podido comprobar personalmente, acudiendo a varias ofertas de trabajo que resultaron ser de empresas creadas por personas inmigrantes residentes en la Costa del Sol, sobre todo de ciudadanos de Europa del Este y sudamericanos, estas empresas están explotando, por no decir esclavizando, a sus trabajadores.
Aprovechando la necesidad de trabajar para tantos parados como existen en la Costa (sólo en Estepona la cifra se eleva a casi 10.000 desempleados) estos advenedizos "empresarios" publican ofertas de trabajo, sobre todo en la prensa inglesa de la Costa (especialmentve en SurInEnglish y Euroweekly News), ofertando puestos que no se ajustan a lo publicado y, por tanto, fraudulentos o engañosos. Generalmente suelen ser empresas de servicios en general y mantenimiento de jardines que adquieren la concesión por parte de la administración de algunas urbanizaciones de lujo, para lo cual contratan a personal, generalmente inmigrante, por tiempo parcial (cuatro horas diarias) pero que se ven obligados a trabajar durante ocho horas con sólo media hora al día para comer (incluído almuerzo y desayuno en un único descanso). A estos trabajadores, que realizan su labor al aire libre, se les prohíbe fumar y sentarse, aunque sea tras un duro esfuerzo, durante la jornada laboral. Estas jornadas laborales son especialmente duras porque, entre otras cosas, se les obliga a realizar labores peligrosas, sin los medios necesarios, para las que no están preparados y que, hasta la llegada de la crisis, realizaban empresas especializadas con los medios adecuados. Entre estas labores destaca la poda de palmeras o el desmoche y poda de especies arbóreas, especialmente pinar. Así, mientras sus jefes explotan a estos trabajadores, ellos residen en urbanizaciones de lujo situadas en campos de golf de Marbella, Estepona o Benahavís. De esta situación son responsables también los propios administradores de las urbanizaciones así como sus presidentes, normalmente extranjeros. Esta situación es especialmente grave en el municipio de Marbella, donde muchos de estos inmigrantes trabajan, además de sin contrato, con la promesa de que tal día serán contratados después de un período de pruebas en régimen de explotación. En la mayoría de los casos los españoles, los cuales tienen vetados el trabajo en estas empresas, se ven obligados a trabajar en las mismas condiciones si quieren acceder al puesto o, directamente, se les niega, ante la posibilidad de que acaben denunciándoles; mientras ven como trabajadores inmigrantes les quitan el puesto de trabajo ilegalmente sin que nadie, ni sindicatos ni administraciones públicas hagan nada para evitarlo.
Esta situación viene derivada de que, en muchos casos, las urbanizaciones, con la llegada de la crisis y la necesidad de reducir gastos, despiden a sus antiguos trabajadores y acceden a la contratación de estas empresas advenedizas con costos muy inferiores a los establecidos por sus servicios, debido a la explotación a la que someten a sus trabajadores, que además deben realizar labores que no son las propias de su cualificación profesional. Mientras los trabajadores que antes realizaban dichas funciones, generalmente españoles en condiciones dignas, han ido a engrosar las listas de paro.
Así es fácil ver como personas contratadas de jardineros, por su cualificación que han debido avalar por C.V., se ven obligados un día entero a la semana, si no quieren perder el trabajo, a limpiar las calles de la urbanización, como si hubieran sido contratados de barrenderos. Al margen de la propia y lógica limpieza del lugar que los jardineros realizan diariamente, dentro de sus funciones, tras ejecutar los trabajos de jardinería para los que, en teoría, han sido contratados.
Así, contratan a estos trabajadores por media jornada pero con el conocimiento de que habrán de echar jornada completa con sólo media hora para almuerzo o desayuno en un sólo descanso, tras las primeras cuatro horas de la jornada, por el sueldo de 1.000 euros, la mitad en negro, obligándoles a realizar trabajos de poda de palmeras o pinos y limpiezas de calles, incluídas en el sueldo a pesar de que el anuncio de la oferta iba dirigida a jardineros para mantenimiento de jardines; donde se omitían las verdaderas funciones que habrán de realizar, cuando, por ejemplo, las empresas especializadas en podas de palmeras cobran 300 euros por unidad en cada una de las podas que realizan.
De esta forma se ahorran y defraudan miles de euros que les sirven a ellos para enviar ingentes cantidades de dinero a sus países de origen, además de para vivir como verdaderos magnates en la Costa del Sol a base de la explotación laboral de sus empleados. Los directivos de estas empresas, suelen ser personas acostumbradas a vivir en un régimen ex-comunista como Polonia, Rumanía o Rusia; sin descartar también empresas creadas por sudamericanos quienes, acostumbrados a la anarquía y precariedad del mercado laboral en sus países de origen, están importando esos modelos a la España de la UE, ante la pasividad de gobiernos y sindicatos que deberían defender, ante todo en España, los derechos de los españoles.

La explotación del "filipino" en casas de alto standing de la Costa del Sol.

Echando la vista atrás, la explotación laboral no es nueva en la Costa del Sol. Desde mediados de la década de los 80 se han venido formando mafias de contratación de personal, generalmente filipino (así son conocidos genéricamente en la Costa, especialmetne en la zona conocida como "Milla de Oro", desde Puerto Banús hasta el Marbella Club y Puente Romano) en trabajos vetados para personal español, en el ámbito de los servicios domésticos para familias residentes de muy alto poder adquisitivo. Hasta esa fecha, estas labores habían sido también realizadas por personas españolas, sobre todo mujeres, en dignas condiciones de trabajo.
El régimen de trabajo de este colectivo en la Costa es casi de esclavitud, debiendo convivir con las familias donde ofrecen sus servicios, sin régimen laboral alguno establecido, en algunos casos sin contratos, y encargados de todas las tareas de la casa, generalmente enormes chalets, por sueldos de miseria durante las 24 horas del día. Realizando tareas de chófer, lava coches, jardineros, fontaneros, amas de casa, electricistas y "chico o chica para todo". Todo en uno, con el consiguiente ahorro y fraude económico-laboral y, por supuesto, con el consiguiente perjuicio para el mercado de trabajo local de los españoles en nuestro propio país.
El problema ahora es que tal concepto está instalándose, o se ha instalado ya, en casi todos los sectores laborales de esta privilegiada zona costera malagueña.

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24 de junio de 2010

Más de "lo social" del PSOE andaluz: 15 meses sin abonar las ayudas para el alquiler

SIGUEN SIN LLEGAR

Para que se entienda, diremos que miles de personas han solicitado la ayuda por su alquiler según la propaganda de la Junta gobernada por el PSOE y han alquilado su piso esperándolas. Y no han llegado desde hace 15 meses.

2010-06-24

ANTONIO BARREDA/ Pedro de Tena
Las agencias de Fomento del Alquiler, empresas privadas que cooperan con la Junta de Andalucía, reconocen que la situación es muy grave y que ya no saben exactamente qué hacer ante las personas que esperan que se les abonen las cantidades que tienen reconocidas oficialmente. Otra lección de "política social" del PSOE andaluz. Tras la propaganda, para inquilinos, propietarios y agencias, nada de nada.

Lo publica este jueves el grupo Joly: La Junta lleva 15 meses o más en algunos casos sin abonar las ayudas para el fomento del alquiler lanzadas a bombo y platillo por la Consejería de Vivienda -hoy fusionada con Obras Públicas, cuya titular es la ex comunista Rosa Aguilar.

"Llamamos a la Junta, aportamos el DNI y el nombre del solicitante y se nos contesta que no hay dinero o que están estudiando la gestión", afirma un profesional del sector, que es de los pocos que sigue ofreciendo este servicio ante los impagos continuados de la Junta de Andalucía.

Al parecer, hay un triple problema:

a) Los retrasos, de más de un año, a las ayudas que deberían estar recibiendo los inquilinos y que tendrían que liquidarse trimestralmente.
b) Las ayudas que iban a recibir los propietarios de viviendas que pusieran su piso en alquiler por medio de las agencias, que tenían derecho a percibir 6.000 euros (o el 25% de las obras realizadas en el piso con un tope de 6.000 euros tras un cambio normativo). Estas ayudas llevan sin pagarse desde marzo de 2008, según los profesionales consultados, y se abonaban mediante fondos que se aportaban por el Ministerio de Vivienda.
c) En tercer lugar, las propias agencias, a quienes se les prometieron unos 600 euros por expediente y año.

Como ya es costumbre, la ineficacia en la gestión es abrumadora. Estas ayudas se gestionaban por la Consejería de Vivienda. Posteriormente, pasaron a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Esta empresa, a su vez, ha convocado sendos concursos de consultoría técnica para externalizar la tramitación de los expedientes y la autorización administrativa de los pagos.

A 31 de diciembre de 2009 quedaban por pagar 60.500 pagos trimestrales correspondientes a resoluciones aprobadas antes de finales del año pasado. El atasco administrativo es monstruoso, porque la Junta reconoce que tiene 8.844 solicitudes presentadas antes de finales de 2009 que ni siquiera han sido tramitadas.

El problema de los pagos de las agencias se va a afrontar por medio de una subcontrata específica, que va a realizar el trabajo de reconocimiento de deuda. Según el expediente, están pendientes 15.863 solicitudes de reconocimiento de deuda. EPSA gastará cerca de un millón de euros en las subcontratas.

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Un tal José Bernal (PSOE Marbella) no recuerda que también varios altos cargos socialistas aparecen en Astapa

 ATC.
   La ínclita valadesca se ha hecho hoy eco, como no, de un comunicado de un tal  José Bernal, del PSOE de Marbella, creo que vinculado también a la Mancomunidad, en el que se recrimina a Angeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, haber estado en un acto en Estepona apoyando al notario José María Urbano. Este personaje dice que la alcaldesa quiere llevar el modelo Malaya a todos los pueblos de la Costa. El paripé de Bernal se basa en que Urbano aparece en el sumario Astapa (sin imputación ninguna); pero olvida el ínclito socialista y la guardia pretoriana de Valadez en la SER, que también aparece en el sumario Malaya, una alto cargo de Urbanismo de la Junta, así como que en Astapa aparecen varios altos cargos socialistas como Marisa Bustinduy, Rafael Blanco o Velasco y algunos otros sin citar, curiosamente, los nombres, aunque están en boca de todos los esteponeros.

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El alcalde okupa de Estepona niega la palabra a Crespo y lo expulsa del Pleno

La mujer de Valadez, lo omite en el informativo de las 12,30.
ATC
   Imagen de la noticia La Cadena Ser (Costa del Sol), donde trabaja la mujer del alcalde okupa, como es costumbre, omitía los asuntos polémicos protagonizados por su marido en los Plenos municipales; así hoy en su informativo de Hoy por Hoy Costa del Sol, omitía pronunciarse sobre la expulsión de Jose Ignacio Crespo del Pleno celebrado esta mañana.
    Según ha informado Diariosol.es, durante el punto de ruegos y preguntas Valadez llamaba a las autoridades después de que el edil del PES intentara pronunciarse tras haberle negado la palabra, por lo que podría tomar acciones legales. 
    Antes de la expulsión Crespo pidió al Secretario explicaciones sobre dónde estaba el alcalde el viernes pasado cuando debió haberse producido el pleno celebrado hoy.
     La mujer de Valadez se refería en su informativo (o lo que se llame eso), única y exclusivamente al punto, aprobado por unanimidad, para solicitar a otra empresa las reparaciones en las viviendas de VPO afectadas por defectos en la construcción en la zona de las Mesas.
     Cínicamente, la guardia pretoriana de Valadez en la SER, Marí Angeles Cervantes, volvía a omitir la noticia más destacable del Pleno (la expulsión de Crespo) en el informativo (o lo que sea), de las 2´20. Al final lo cita de pasada pero omitiendo las declaraciones de Crespo y los verdaderos motivos de la expulsión, que vino derivada de la negativa a contestar por parte del alcalde okupa. ¿No les da vergüenza al PSOE regional? No porque para eso, primero hay que tenerla.

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23 de junio de 2010

Valadez quiere poner al cobro una tasa ilegal desestimada en un Pleno, según el PP

21/Junio/2010 - Estepona

El PP denuncia la ilegalidad del cobro de la tasa del alcantarillado después de que fuera eliminada en 2009

Ignacio Mena denunció el incremento del 300% en la recaudación tributaria en Estepona desde 2003 a 2008

Imagen de la noticia
     Si hace unos días teníamos conocimiento de que el Ayuntamiento de Estepona ponía al cobro la tasa del Alcantarillado, después de que ésta fuera aprobada en agosto de 2007, según anunciaba la propia Francis Bernal, la pasada semana, quien además precisaba que este cobro se producía después de la firma el pasado 28 de mayo del alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, de un decreto para la aprobación del padrón referente a este gravamen, por el que se establece un censo de más de 20.000 viviendas, lo que permitiría al Consistorio un ingreso por este concepto de más de 600.000 euros, siendo el pago medio al que tendrá que enfrentarse cada ciudadano ascenderá a 30 euros, el PP denunciaba la ilegalidad de esta tasa después de recordar que el pasado 18 de septiembre de 2009 un acuerdo plenario acordaba la eliminación de este impuesto, así como el de la Basura o el de Apertura de Establecimientos.

El presidente del PP de Estepona, Ignacio Mena, no sólo recordaba al Ayuntamiento los acuerdos plenarios adoptados el pasado año y a los que no se han dado cumplimiento, a través de la maniobra de retrasar la firma de los correspondientes edictos para la posterior publicación en el BOP de la supresión de las tasas, sino que denunciaba públicamente la subida "brutal" de impuestos que el PSOE ha puesto en marcha en la localidad desde el año 2003. Prueba de ello, según Mena, es que en 2003 el Ayuntamiento recaudaba 9,37 millones a través de los tributos municipales, llegando a los 14,44 en 2007 y a los 25,34 en 2008. Cifras que se traducen en un incremento del 75% del crecimiento interanual entre los años 2007 y 2008, fecha en la que se aprobó una nueva Política Fiscal de manos del Gobierno de Antonio Barrientos, del que Valadez formaba parte, así como una subida del 300% desde el 2003 al 2008. Con estos datos, Mena, cuestionaba el destino del dinero, mientras sostenía el "despilfarro" de los ingresos de las arcas municipales por parte del PSOE a través de una gestión que "sólo sabe sostenerse a base de meter mano en los bolsillos de los esteponeros".

Finalmente, el presidente popular local se mostraba esperanzado en que la justicia finalmente acabe poniendo las cosas en su sitio, reconociendo que a día de hoy el PP no sabe con exactitud la situación económica del Ayuntamiento de Estepona, debido a la falta de información a la que se somete a la oposición. En este sentido, Mena concluía que "cuando estemos gobernando daremos cuenta de la situación real de las arcas municipales, no para alarmar, sino para informar, siendo nuestro principal cometido, lejos de escandalizar, sacar al Ayuntamiento de Estepona del entuerto en el que en estos momentos se encuentra".

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García Urbano advierte a Valadez de la ilegalidad que supone la disposición de los fondos urbanísticos de Estepona

El alcalde, David Valadez, lejos de desmentir un supuesto rumor aseguró que su gestión siempre se regirá por la legalidad

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La sede de los populares de Estepona recibía este miércoles la visita de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y del presidente de los populares de Málaga, Elías Bendodo, quienes acompañaban al candidato del PP para las municipales del 2011, José María García Urbano, en un acto en el que los dos líderes mostraban su apoyo a la localidad y a la nueva apuesta del partido en Estepona, después de que la máxima representante municipal del Ayuntamiento de Marbella asegurara que ambos municipios debían ir de la mano, apostando porque lo que funcionó en Marbella en 2007 tiene que tener el mismo efecto en las próximas elecciones en Estepona. La alcaldesa explicó como el proyecto que presentó el PP en aquel entonces ha logrado sacar a Marbella del momento en el que se encontraba, para situarla en la normalidad institucional que permite no sólo el pago religioso de las nóminas, sino garantizar la prestación de servicios, entre otras cuestiones. Sin embargo parece que tanto a la regidora vecina como al presidente de los populares en Málaga se les olvidó mencionar la inyección económica que recibió Marbella y que, de momento, no se va a producir en Estepona. Una diferencia que puede ser un tanto cuantitativa a la hora de gestionar el municipio tras las municipales.


Al margen de esto, cabe destacar que lo verdaderamente importante de esta rueda de prensa vendría de la mano, como viene siendo habitual, del candidato popular, que con su característico tono en su discurso y haciéndose eco de un "rumor que hay en la calle", según señalaba el propio García Urbano, advertía de la posible intención del alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, de disponer de los fondos procedentes de convenios urbanísticos indisponibles y que, según el candidato, superarían los 23 millones de euros.

"Pido al Gobierno municipal que en estos pocos más de trescientos días de Gobierno que les queda no traigan al municipio más ruina y ruindad, que no utilicen sistemas heterodoxos para hacer uso de determinados fondos", aseguraba el candidato, quien sostenía y recordaba a Valadez que la Ley impide claramente la utilización de dichos fondos.

Valadez no lo desmiente

Antes de que comenzara la rueda de prensa del Partido Popular y sin que se conociera en ese momento el contenido de la misma, el alcalde de Estepona, el socialista convocaba una rueda de prensa, en la que lejos de desmentir el presunto rumor anunciado por García Urbano, aseguraba que la cantidad era superior a la facilitada por los populares, mientras que defendía que todas las acciones que se deriven de su gestión irán conforme a legalidad. Un argumento que ya hemos escuchado antes y que normalmente se traduce en disposiciones avaladas por los informes positivos del secretario accidental del Ayuntamiento de Estepona, Francisco Llamas.
 
ATC
    Por su parte, su esposa, la de Valadez, le ha grabado hoy una intervención en la SER Costa del Sol (donde  es jefa de informativos) arremetiendo contra Urbano y criticando que aún no le haya llamado para preocuparse cómo se van a pagar las nóminas. Asimismo ha criticado el hecho de que el Ayuntamiento de Marbella recibiera una inyección de 100 millones de euros en tiempos de la gestora.
     Por lo visto el alcalde okupa, está intentando solucionar el problema, desde la "legalidad", la misma que él no tiene como alcalde.

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LA AMPLIACIÓN ILEGAL DE LA VIVIENDA DE LA EDIL CRISTINA RODRÍGUEZ SIGUE IMPUNE.

Valadez no ha ordenado aún el inicio de los expedientes.

22/06. Paula Puerta
    La ampliación, según la técnico del Ayuntamiento, es de 25 metros cuadrados La obra, según el informe de Disciplina, está valorada en más de 17.000 euros
La ampliación es constatable a simple vista desde la calle donde está ubicada la vivienda
  La ampliación es constatable a simple vista desde la calle donde está ubicada la vivienda · Autor: Estepona Información
Parece que el asunto de la vivienda ilegal del que fuera jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Estepona, Luciano Sánchez, por el que el alcalde, el socialista David Valadez, resultó imputado por dos presuntos delitos urbanísticos no han servido como disuasión en la política permisiva del primer edil esteponero, después de comprobar que a finales del mes de abril, al menos, el Ayuntamiento de Estepona, a través de Valadez como alcalde y órgano competente para ello, no haya iniciado mediante el decreto correspondiente el Expediente Sancionador ni el inicio del Expediente para el Restablecimiento de la Legalidad Urbanística respecto a la ampliación ilegal llevada a cabo en la Vivienda de Protección Oficial de la edil socialista Cristina Rodríguez, teniendo en cuenta que ya han transcurrido más de cinco meses desde la certificación de la realización de las obras ilegales en la mencionada vivienda, situada en Cancelada, y transcurridos más de tres meses de la expiración del plazo que se le dio a la interesada para solicitar la legalización de las obras.

En este sentido cabe destacar que está redacción ha podido contrastar que desde entonces hasta ahora, la propietaria no ha hecho absolutamente nada al respecto. Una de las explicaciones posibles a esta pasividad, consultada a expertos en casos como éste, es que Cristina Rodríguez no habría solicitado dicha legalización porque ésta sería inviable ya que en la mayoría de casos como éste la ampliación de viviendas son ilegalizables debido a que el constructor ya habría agotado la edificabilidad con el edificio inicialmente construido.

El pasado 14 de agosto de 2009, Estepona Información publicaba que la edil socialista y compañera de fatigas de David Valadez podría estar incumpliendo con las limitaciones de superficie que se imponen para las VPO en su residencia habitual, lo que motivó que Disciplina Urbanística iniciara el Expediente Número 311/09, referido a la ampliación de vivienda sin licencia por parte de la edil el pasado 27 de Agosto de 2009 por acta de la Policía Local asignada a disciplina. A dicho expediente la Policía Local de Estepona adjuntó las correspondientes fotografías y planos.

Cuatro meses después, concretamente el 14 de diciembre de 2009, el Departamento de Disciplina emitía un informe técnico de Urbanismo, firmado por Juana G. Alcalá Díaz, en el que se hacía constar que la obra sin licencia consiste en "Ampliación de vivienda con una superficie aproximada de 25 m2". En el informe de Inspección, emitido el mismo día y firmado por la misma técnico se describen las obras como "ampliación planta ático aumentando volumen de torreón". En cuanto a la situación urbanística consigna que se trata de "Suelo Urbano, Núcleo Popular 2, planta baja +1. En el Proyecto de Edificación la vivienda presenta PB+1 y aparece un torreón de subida a cubierta, el cual se ha ampliado". Asimismo, en el informe la técnico municipal califica la infracción como grave, por obras sin licencia, teniendo en cuenta el art. 207 de la LOUA.

Respecto al apartado de medidas cautelares de dicho informe, la técnico sostiene que la infractora habrá de proceder a solicitar la legalización de las obras en el plazo de dos meses, advirtiendo que en caso contrario habrá de procederse al restablecimiento de la legalidad urbanística, mientras se valora la obra ilegal en 17.850 Euros. Por otra parte se advierte que su informe no es vinculante conforme a lo establecido en el art. 92.2 de la Ley 7/07 del Estatuto Básico del Empleado Público, lo que no significa en modo alguno que haya que actuar respecto a esta infracción con los resortes que establece la ley para estos casos.

Si ya hace años uno de los principales escollos en la política Urbanística del Ayuntamiento de Estepona fue la búsqueda de una solución a la ingente cantidad de expedientes de Disciplina respecto a viviendas ilegales, optándose desde el Consistorio por la reiniciación de los mismos con el fin de evitar la prescripción de estos expedientes, que así quedaban en situación de caducidad, éste caso y teniendo en cuenta que una de las explicaciones que se da por fuentes cercanas al departamento es que los expedientes están paralizados entretanto se busca una solución satisfactoria, es que el alcalde de Estepona, quien denunciara esta situación ante la Fiscalía Anticorrupción, que, entre otras consecuencias, conllevó la imputación de la edil socialista María Miralles, está a fin de cuentas llevando la misma política sin haber conseguido hasta hoy esa solución de la que él un día pensó probablemente pensó tener a su alcance.



Daños colaterales

En el informe emitido por la técnico municipal, al que en el cuerpo de la noticia se ha hecho referencia, ésta también señalaba que la situación de la vivienda de Rodríguez era similar a numerosos otros inmuebles situado en la misma promoción, instando a que se iniciaran los procedimientos disciplinarios en los casos en que se incurriera en ilegalidad. Cualquiera que se persone en cualquiera de las calles donde están ubicadas estás construcciones podrá comprobar cómo en la inmensa mayoría de los casos, la ampliación realizada por Rodríguez se repite. De momento no se han iniciado más inspecciones.

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