Tribunales
Ante el silencio de la Junta, envía un segundo escrito exigiendo informatizar 150 cajas de documentos que mantienen la investigación paralizada.
La Fiscalía Anticorrupción vuelve a la carga, y el pasado 31 de mayo envió un escrito, otro más, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, en el que pide al juez Jesús Torres que exija la digitalización de esas 150 cajas. Fuentes de Anticorrupción afirmaron que «el instructor mantiene el secreto parcial de las actuaciones porque se desconoce el alcance de los documentos intervenidos en los registros. Han de ser analizados por medios artesanales». El sigilo procesal se ordenó en enero de 2007, tras la denuncia inicial del actual alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), y de la edil Cristina Rodríguez.
«Ante el retraso que acumula la instrucción, que viene motivada en buena parte por la gran dificultad que implica la localización y el procesamiento de la documentación que en cada caso han de analizar los funcionarios de la policía judicial o los peritos, además de las frecuentes peticiones de documentación que viene recibiendo este juzgado de órganos administrativos y judiciales y que por las mismas razones aún no se han podido atender, considero imprescindible la digitalización de todos los documentos intervenidos en los registros domiciliarios de junio de 2008», consta en el escrito remitido al órgano instructor de «Astapa», al que tuvo acceso La Opinión de Málaga.
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Hace tan sólo 20 días, la Fiscalía Anticorrupción se quejó de que 150 cajas de documentos intervenidos en los registros iniciales del «caso Astapa» contra la corrupción urbanística en Estepona, que tuvieron lugar en junio de 2008, duermen el sueño de los justos en el depósito de la Unidad Central de Delitos Económicos en Madrid. El hecho de que no hubieran sido digitalizados estos «papeles» paralizó la instrucción.
La Fiscalía Anticorrupción vuelve a la carga, y el pasado 31 de mayo envió un escrito, otro más, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, en el que pide al juez Jesús Torres que exija la digitalización de esas 150 cajas. Fuentes de Anticorrupción afirmaron que «el instructor mantiene el secreto parcial de las actuaciones porque se desconoce el alcance de los documentos intervenidos en los registros. Han de ser analizados por medios artesanales». El sigilo procesal se ordenó en enero de 2007, tras la denuncia inicial del actual alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), y de la edil Cristina Rodríguez.
«Ante el retraso que acumula la instrucción, que viene motivada en buena parte por la gran dificultad que implica la localización y el procesamiento de la documentación que en cada caso han de analizar los funcionarios de la policía judicial o los peritos, además de las frecuentes peticiones de documentación que viene recibiendo este juzgado de órganos administrativos y judiciales y que por las mismas razones aún no se han podido atender, considero imprescindible la digitalización de todos los documentos intervenidos en los registros domiciliarios de junio de 2008», consta en el escrito remitido al órgano instructor de «Astapa», al que tuvo acceso La Opinión de Málaga.
Una vez más, la Fiscalía Anticorrupción interesa en el escrito que se «requiera» a tal efecto «al órgano competente» de la Junta de Andalucía para que se informatice lo incautado en las intervenciones domiciliarias. «En el caso de que no hubiera respuesta en breve plazo o ésta fuera negativa, proponemos que se vuelva a pedir ayuda a la Agencia Tributaria puesto que, dadas las circunstancias, en ningún caso supondría una invasión de las competencias autonómicas». Hacienda ya se opuso a ello al entender que eso era trabajo de la Junta de Andalucía.
Incluso el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, hizo gestiones para recordar a la Junta «la absoluta necesidad» de informatizar esas cajas, que nada tienen que ver con el sumario, formado por cerca de cuarenta tomos.
Incluso el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, hizo gestiones para recordar a la Junta «la absoluta necesidad» de informatizar esas cajas, que nada tienen que ver con el sumario, formado por cerca de cuarenta tomos.
La Junta culpó al juzgado del retraso en la informatización de los tomos, pero nada dijo de las 150 cajas de documentos. «En su día se pidió ayuda al Ejecutivo andaluz porque esperábamos que hubiera una colaboración similar a la que existió en «Malaya». Ello agilizó la fase de investigación», apuntaron.
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