En la operación Astapa, existieron dos tipos de imputados, ni en esos se salvaguardó el principio de igualdad ante la ley: los que se vieron sorprendidos en su casa cual terroristas por tropas policiales y que tras ser incomunicados fueron llevados a la cárcel para una "declaración de papel" o de trámite premeditada para ingresarlos en prisión hubiesen dicho lo que sea. Estaba en el guión. En este grupo se incluyen también los que "en la primera tanda" de los días 17 al 20 declararon y fueron también imputados.
Después hay otro grupo que es llamado a declarar desde agosto hasta octubre. Este grupo tuvo más suerte ya que durante dos meses la prensa intimidatoria ya había infiltrado datos del sumario. y tuvieron tiempo de prepararse. En muchos casos sus declaraciones se basaban en tratar de exculparse de cualquier irregularidad. En estos meses declararon también varios testigos, uno de ellos Juan Carlos Escribano promotor de El Mirador de la Cala, quien tenía su promoción paralizada, según Barrientos, por irregularidades detectadas en dicha promoción y que muchos vecinos de la misma habían denunciado. Pues bien, curiosamente, en septiembre de 2008 (tres meses después de las primeras detenciones), por "arte de magia" aparece éste promotor que por lo visto declara "voluntariamente" e imputa a Barrientos y a Reina unas acusaciones que si bien no suponen ningún delito, sirven para afianzar a Valadez en la "veracidad" de sus denuncias. Sin embargo, al igual que en el caso de otros testigos de Valadez, el tiempo nos deparará sorpresas y dudas. Un mes después de "hacerle el favor a Valadez", pues no se trató su declaración de otra cosa, este promotor ve legalizada su promoción por parte del nuevo alcalde impuesto, quien le concede la licencia de primera ocupación. ¿No es un tanto sospechoso?. Otro testigo con intereses personales en el caso y cuya declaración deja muchas sombras, sobre la estrategia de Valadez para conseguir la alcaldía, único objetivo de sus primeras denuncias.
hemos sabido también que, como ya advertíamos por aquel entonces, Valadez ha servido desde su puesto para facilitar información que fue encontrando en el Ayuntamiento una vez llegó a la alcaldía. Incluso pretendió que los concejales que no dejaron sus actas no tuvieran acceso al Ayuntamiento, con la excusa de que perjudicaban la labor municipal, como si dichos concejales no tuvieran el mismo derecho que él, como mínimo, para hacer uso de las intalaciones municipales. No es nadie el hitlerito.
Algo parecido ocurrió con el Parking Zapallito, a quien desde la Delegación de Comercio dirigida por Cristina Rodríguez, la otra denunciante, se le negó la licencia durante años y Valadez intentó inculpar a la dirección del mismo en irregularidades para negarse a darle la licencia de apertura. Valadez incluso llegó a firmar un decreto irregular ordenando su cierre, ya que eventualmente el Parking estaba ya funcionando. Cuando sus propietarios en septiembre de 2008 hacen público la documentación que avala su legalidad y amenazan con llevar al Ayuntamiento a los tribunales, el ínclito alcalde se apresura a darle la licencia definitiva de apertura.
Hasta el momento nada de lo revelado en el sumario justifica las actuaciones policiales de los primeros días ni las drásticas medidas adoptadas por la Justicia, ni por supuesto el acompañamiento mediático que caracterizaron aquellos días, sólo para que Valadez cumpliese su capricho de ser alcalde de una Estepona que, por ambiciones políticas, ha llevado a la ruina.
hemos sabido también que, como ya advertíamos por aquel entonces, Valadez ha servido desde su puesto para facilitar información que fue encontrando en el Ayuntamiento una vez llegó a la alcaldía. Incluso pretendió que los concejales que no dejaron sus actas no tuvieran acceso al Ayuntamiento, con la excusa de que perjudicaban la labor municipal, como si dichos concejales no tuvieran el mismo derecho que él, como mínimo, para hacer uso de las intalaciones municipales. No es nadie el hitlerito.
Algo parecido ocurrió con el Parking Zapallito, a quien desde la Delegación de Comercio dirigida por Cristina Rodríguez, la otra denunciante, se le negó la licencia durante años y Valadez intentó inculpar a la dirección del mismo en irregularidades para negarse a darle la licencia de apertura. Valadez incluso llegó a firmar un decreto irregular ordenando su cierre, ya que eventualmente el Parking estaba ya funcionando. Cuando sus propietarios en septiembre de 2008 hacen público la documentación que avala su legalidad y amenazan con llevar al Ayuntamiento a los tribunales, el ínclito alcalde se apresura a darle la licencia definitiva de apertura.
Hasta el momento nada de lo revelado en el sumario justifica las actuaciones policiales de los primeros días ni las drásticas medidas adoptadas por la Justicia, ni por supuesto el acompañamiento mediático que caracterizaron aquellos días, sólo para que Valadez cumpliese su capricho de ser alcalde de una Estepona que, por ambiciones políticas, ha llevado a la ruina.
