La Fundación 24 Horas "se utiliza para blanquear dinero de Publiluna", según Valadez y Crsitina.

 La reciente apertura parcial del sumario no ha podido ser más inoportuna en cuanto que va a sembrar dudas en una Fundación con solera en Estepona, dirigida por 17 patronos, según señala José López uno de sus fundadores, en una reciente entrevista con motivo de la celebración este año del 35 Aniversario de las Primeras 24 Horas Deportivas fundadas en el seno de la OJE de Estepona, a finales de 1974 y principios de 1975. Mucho ha llovido desde entonces pero siempre fiel a su cita , año tras año, los han hecho poseedora del prestigio y la ilusión con que anualmente se recibe este evento deportivo dentro y fuera del municipio.
    Según revela la página 371 del Tomo XXI (PDF), la Fundación 24 Horas Deportivas (cuyos orígenes se remontan 35 años atrás, y goza de un  gran prestigio reconocido dentro y fuera de la provincia), estaría siendo utilizada por su presidente (calificado de "representante" en este caso por los denunciantes, según el sumario), Francisco Antonio Navarro de Hoyos para blanquear dinero de su propia empresa de publicidad: Publiluna. Así se desprende, según los investigadores, del contenido de ese tomo abierto recientemente del sumario que citamos literalmente:
    "En el Anexo V referente a la información de la AEAT de personas jurídicas relacionadas con la investigación, se hace referencia a la empresa NAVARRO PUBLICIDAD SL, la cual presenta, en los últimos años, pagos y, sobre todo, ingresos, procedentes de mercantiles muy relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona, aparte del propio Consistorio, como es el caso de AGROJARDÍN GUADALMANSA SL, AGROJARDÍN ESTEPONA SL, CROMA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL o ESTIVAL TELEVISIÓN SL.
    Por último, mencionar que Francisco Antonio NAVARRO DE HOYOS, consta como representante de la FUNDACIÓN VEINTICUATRO HORAS DEPORTIVAS DE ESTEPONA. Según distintas informaciones aportadas por los denunciantes, dicha fundación está muy arraigada en Estepona, la cual, sin duda, ha tenido y tiene un trato más que preferente con el Ayuntamiento desde la época del GIL. En Estepona todos asumen que la Fundación se utiliza para blanquear dinero de PUBLILUNA". Tomo XXI páginas: 369 y 371.

¿A quiénes se referirán los denunciantes (Valadez y Cristina) cuando dicen que "Todos asumen que la Fundación se utiliza para blanquear dinero de Publiluna"?
    A esta empresa esteponera, Publiluna, se le imputa el delito de, al parecer haber llevado la campaña electoral del PES, pero, por otro lado, no sé por qué juego malabares, la apreciación del delito viene del hecho de que no se hizo su contratación por concurso público. De lo mismo se acusa a la otra empresa esteponera, y al propio partido, que hizo la campaña del PSOE. Veremos si la solución nos viene dada en las próximas entregas o la continuación de la lectura de estos últimos tomos abiertos.
       De lo que parece que no fueron conscientes los denunciantes es que acusando a la Fundación de servir para blanquear dinero, no sólo están implicando al dueño de Publiluna, sino a todos los que componen dicha Fundación. A todos los está metiendo en el mismo saco, lo cual suponemos tendrá sus consecuencias legales.
      Por lo pronto la documentación aportada por el abogado de Francisco Antonio Navarro de Hoyos,  Francisco Gil Montijano, desmentía categóricamente los argumentos de los denunciantes. Uno de ellos era la concesión, que según los denunciantes era ilegal,  de las vallas publicitarias acordada con la delegación que dirigía José Ignacio Crespo. Una prolífica documentación avala la legalidad de aquel convenio con la empresa Publiluna.
      Entre la documentación aportada, además de un convenio similar en vigor con el Ayuntamiento de Casares desde 2004, presenta también las solicitudes enviadas a diferentes ayuntamientos en 2006, entre ellos al de la Línea de la Concepción.
      El contrato de las citadas vallas publicitarias vendría "amparado por  la Ley 33/2003 de 03 de Noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Publicas, y mas concretamente en sus artículos 91 y siguientes, los cuales acompañamos señalado como documento núm. cuarenta y uno; quedando debidamente
acreditado que el contrato firmado estaba sustentado en dichas normas".
    La propia Agripina Rivas solicitó la colocación de varias vallas según la documentación aportada por los procuradores de Navarro.
     Asimismo señalan la manipulación de la que fue objeto este asunto en la prensa, pues se hablaba de que Rafael Duarte, a su llegada a la Delegación,  había eliminado la colocación de 1000 vallas ilegales; cuando en esa fecha no había instaladas más de 50.
     A raíz de aquella decisión del recién llegado hombre de Chaves, Rafael Duarte, a la Delegación de Urbanismo la empresa mantiene ahora dos contenciosos contra aquella decisión municipal de revocar el contrato con Publiluna denunciado infundadamente, como otras tantas denuncias, por los delatores de Astapa.
      Aunque en aquel momento seguramente, debido al secreto, la Fundación 24 Horas no tuviera constancia de la denuncia directa de los denunciantes, lo cierto es que los actuantes en representación de Francisco Navarro aportan pruebas respecto de la transparencia de sus cuentas, a tenor de las insinuaciones de los interrogadores en las testificaciones previas, como imputado, del empresario:

"y ello con relación a
la "FUNDACIÓN 24 HORAS DEPORTIVAS DE ESTEPONA".
Abundando en otras de las preguntas que le formularon a mi defendido,
salió a colación la citada fundación, de la cual mi defendido es actualmente
Presidente.
Hemos de resaltar que dicha fundación, aunque como tal, fue constituida
el día 15 de Julio de 2.005, viene desarrollando su actividad social desde hace
mas de treinta años en nuestra localidad, habiendo girado con anterioridad bajo
otra denominación, y sin que en ningún momento haya tenido vinculación alguna
con la política ni con ninguno de los ediles de las corporaciones que han venido
gobernando en nuestra localidad, siendo estrictamente su vinculación con el
Ayuntamiento la de meramente institucional, por tratarse de una asociación que
ha caracterizado única y exclusivamente por y para el desarrollo del deporte en
Estepona; siendo sus cuentas totalmente transparentes y sustentándose de las
aportaciones voluntarias del pueblo de Estepona, tal y como se acredita con el
informe sobre Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2.006, emitido
por la Junta de Andalucía, que se acompaña señalado como documento núm.
cuarenta y cuatro.
OCTAVO.-

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La artificiosa denuncia de Escribano no encaja en la operación Astapa. Reina ni siquiera estaba en el Equipo de Gobierno.

Dice que conoció a Reina en verano de 2007. Por entonces el ex-edil de Hacienda no formaba parte del Gobierno Municipal, además Reina nunca tuvo responsabilidades en Urbanismo ni poder de decisión.
La declaración de Juan Carlos Escribano, que revela el sumario, no se sostiene con más que echemos un vistazo a las fechas y a sus protoganistas.

    En primer lugar el asunto de la unidad UEN-R22 La Ventilla, creemos que se refiere a la promoción de El Mirador de La Cala. Digo esto porque en su declaración, que Escribano hace "libre y voluntariamente" el día 24 de septiembre de 2008, o sea tres meses después del inicio de la operación, como representante de la empresa Polo Bay que "lleva actuando en Estepona unos 10 años" (Tomo XX página 385 PDF) -recuerden este último dato- se refiere siempre a dicha UEN. Asimismo según manifiesta: "Esta empresa ha construido y promocionado tres edificios, de viviendas y locales comerciales, ubicados en las calles Marbella y Terraza, de Estepona; por dichas construcciones el contacto del declarante con el Ayuntamiento fue mínimo debido a que los trámites referentes a informes y licencias habían sido concedidos con anterioridad a la entrada en la Corporación encabezada por el PSOE de Estepona". Recuerden estos datos.
    Desde luego les voy a decir una cosa: por conocimiento de causa, se desprende del sumario que si ha existido alguna trama en Astapa (además de la propia trama de Valadez para hacerse con la alcaldía), es la que por ignorancia de unos y maquiavelismo de otros se ha urdido contra Reina. Desconozco hasta qué punto esto mismo también se refleja  en los demás imputados, pero en lo que a Reina se refiere, repito, por conocimiento de causa existe toda una trama para imputarle. Desde adjudicarle un padre falso por parte de la Policía, hasta declaraciones falsas testificales. Tiene todos los ingredientes de una buena trama política que el propio sumario ha ido desvelando  escalonadamente desde su primera apertura parcial de seis tomos en junio de 2009.
     Este empresario sevillano aparece de buenas a primeras, por arte de magia, en septiembre de 2008 y curiosamente, por si no se habían vertido bastantes falsedades ya contra Reina, en las diligencias previas al operativo "antiterrorista", sirve para, desde septiembre de 2008, iniciar otra línea artificial de investigación contra el ex-edil de Hacienda, presuntamente falsa y que nada tiene que ver con el objeto del operativo de la operación. Por lo que la jueza debería haberse inhibido ya que ni Reina tuvo responsabilidades en Urbanismo ni era Concejal del Gobierno cuando este señor lo conoció, como él mismo atestigua en su declaración. Dice  haberlo conocido en verano de 2007. Después de haber sido Concejal de Hacienda, pues el declarante reconoce que cuando lo conoció le dijeron que había tenido tal cargo: "de quien conoció que fue Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Estepona". Sobre la mujer de Barrientos, la otra persona junto con Reina mencionada en su declaración, ni siquiera ostentaba cargo público.
    Antes de continuar desgranando este desprósito de sumario lamentable, hay que decir que, según consta en el propio sumario, alguien llega a reconocer que el presupuesto en vigor ese año, redactado por Reina, aunque se omite  mencionarlo en el sumario,  sólo destina a gasto de personal el 25% lo que nadie había hecho hasta entonces. Ya hablaremos y decodificaremos aquello. Ah! Ojo, este señor también se tomó la molestia de desplazarse a Madrid, a la Comisaría General de Policía Judicial, nada menos para realizar su declaración ¿era mejor para la causa que estaba bajo "secreto sumarial"?. Ya lo dijo Rafael Carreras, la operación Astapa es un juego de niños.
    Pero sigamos analizando ese "peazo" de declaración. Mantiene en su declaración este "enigmático" empresario, que solicitó la licencia de obras en 2003. Inmediatamente después es interrumpido y le preguntan, como sonsacándole algo que la Policía ni siquiera ha investigado su comisión previamente, dando por hecho  conocer que  el supuesto  delito se ha cometido y dando crédito, como a las denuncias de Valadez, desde el principio, a denuncias infundadas y formuladas en calidad de testigo por una parte interesada, por lo que difícilmente se entiende que pueda ser considerado como tal testigo. El interrogador va directo al grano sin dejar explicarse al testigo:

"PREGUNTADO para que diga si alguna persona relacionada con el Ayuntamiento quiso hacer una reserva o compra de algún piso incluido en la Unidad de la Ventilla, DICE: A través de una amiga conoció a quien se le presentó como la novia del Alcalde, Antonio BARRIENTOS GONZÁLEZ. Dicha mujer, con quien mantuvo inicialmente una conversación telefónica, cuyo nombre recuerda que era Ana Belén FLORES y que trabajaba en un Hotel de Estepona, en un primer momento le pidió información sobre los pisos que la promotora del declarante tenía a la venta. Cuando el declarante le comentó a dicha mujer los precios de las viviendas, le parecieron exagerados, ya que, según le dijo, dichos pisos iban a ser para el Alcalde de Estepona (Antonio
BARRIENTOS), y le solicitó un descuento del 50% a la hora de adquirir los mismos, indicándole que al ser un constructor nuevo en Estepona, debía llevarse bien con la Corporación Local. Ante la negativa del declarante a aceptar esta oferta, la citada Belén, concertó una cita con el declarante para ver los terrenos y hablar personalmente con él.
  En la cita con Ana Belén, esta persona volvió a hacerie la misma oferta, relacionada con el descuento mencionado. Ante una nueva negativa del declarante, Ana Belén le amenazó con que si no aceptaba esa oferta, si ella quería, no le darían las licencias que solicitara".

    Ya Barrientos ha anunciado la interposición de una querella criminal por falso testimonio, pero cabe preguntarse. Incluso si fuera cierto, ¿qué delito, que salpica también a Barrientos, le supone a él el hecho de que su ahora mujer, siendo novios hiciera unas declaraciones más o menos desafortunadas?.
     Por otro lado no pone reparos a la consideración de "constructor nuevo" que le refiere, supuestamente, la novia del alcalde; cuando, según él,  "lleva actuando en Estepona unos 10 años".  Antes de seguir comentar que el tiempo revelaría las claves del por qué de la irrpción en el caso Astapa de aquel  anacrónico empresario. ¿Qué sentido tenía su aparición?. No lo sabemos y estudiando el sumario la única respuesta nos la da el hecho de que un mes después de esta declaración, este "testigo" tenía una licencia de 1ª ocupación en su promoción. Una licencia que por una serie de irregularidades fue siendo denegada y que, curiosamente, con su aparición en la operación Astapa y siendo alcalde Valadez, ya se han subsanado.

   A continuación, ¡a la caza de Reina!:

"PREGUNTADO para que diga sí además de la novia del Alcalde alguna otra persona relacionada con el Ayuntamiento le hizo alguna proposición similar a la anteriormente descrita, DICE:Que sí. En el verano de 2007, un tal Manuel REINA, de quien conoció que fue Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Estepona, acompañado por Manuel SIMÓN AGUILAR, se le presentó al compareciente como comprador,

interesándose en todos los locales del edificio y en alguna vivienda. Tras hablar con las dos personas
citadas, y parecerles los precios propuestos por el declarante exagerados (unos precios de mercado que ya había ofertado anteriormente a la Seguridad Social y al FREMAP), puesto que tenían un valor de cuatro millones de euros, Manuel REINA le dijo al compareciente que le pagaría en billetes grandes si le hacía un descuento de más del cincuenta por ciento. Ante la negativa del declarante, Manuel REINA le insinuó que ése no era un buen sitio para una sede de la Seguridad Social y que como se iba a reunir con un alto cargo de ia Seguridad Social, le recomendaría que no comprara dichos locales. Así mismo, Manuel REINA le amenazó con que ya se verían a la hora de ser concedida la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento, ya que el citado REINA estaba muy bien relacionado con la Corporación. Durante la reunión con REINA y, estos comentaron que habían realizados más compras de la manera propuesta al compareciente".

   Una sarta de mentiras, según Reina y cuyo abogado ya está trabajando también en la redacción de una querella criminal. Reina no es que estuviera "muy bien relacionado con la Corporación"; es que formaba parte de la Corporación (en la oposición). Resulta extraño el desconocimiento de este extremo por parte de alguien que solicitó la licencia en 2003. Si fuera Jesús Gil, sería creíble que Reina tuviera la influencia ante la Junta que el "testigo" teledirigido expone. Todos sabemos la gran amistad que unían a Gil y Zarrías. Pero tratándose de Reina, vamos. Por cierto que tendrá que acudir como testigo de la querella criminal de Reina, Manuel Simón Aguilar quien, según el declarante enigmático, acompañaba al ex-edil de Hacienda en el momento que conoció, no se sabe cómo, a Reina.
  Así mismo denuncia por cosas muchas más graves en algunos casos y por nada en otros a otras personas:
Carlos Barrientos, porque estaba en la lista de espera para comprarle un apartamento; José Flores porque le habían dicho que éste había dicho que solucionaría "el problema" a cambio de un apartamento; técnicos y a Rafael Duarte, ex-concejal de Urbanismo, también imputado. En definitiva, amén de Reina y la novia de Barrientos las personas que tuvieron que ver con los expedientes de primera ocupación. Incluso denuncia a  los autores de informes impecables sobre la materia, nada sospechosos y muy fundados legal y documentalmente. O sea incluso de los que sólo pretendieron cumplir la Ley con rigor. Movido por la  única  obsesión de que existía una conjura contra su licencia. Y su escape fue agarrarse oportunistamente al clavo de Astapa en busca de una solución a la desesperada, a su petición de licencia de primera ocupación, que por causas legalmente justificadas se encontraba paralizada. Debió pensar que "a río revuelto ganacias de pescadores". Una denuncia, por cierto, carente de soporte documental pero que la jueza dio por buena. Recordemos que tres meses después fue cesada y apartada de la causa.
    

Continuará...

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Desplante del Ayuntamiento hacia los trabajadores

El CSIF denuncia una presunta nueva falta de respeto del Ayuntamiento de Estepona hacia sus trabajadores
El comunicado se produce después de que representantes municipales no comparecieran al acto de concialiación en el SERCLA

Diariosol.es

El conflicto entre algunos trabajadores del Ayuntamiento de Estepona vuelve a escribir un nuevo capítulo en la historia política de la localidad, después de que el sindicato CSIF haya echo pública una nota de prensa en la que además de explicar que "con la intención de alcanzar una salida pactada al conflicto de la homologación salarial de los empleados de las empresas municipales con los del Ayuntamiento, la Asociación de Técnicos del Ayuntamiento de Estepona (ATAE) presentó recientemente solicitud de conciliación ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA)", los representantes jurídicos del Consistorio no se personaron el pasado día 1 de junio en dichas dependencias.

Según explicaba el CSIF "a la hora señalada, se encontraron presentes en Málaga los mediadores del SERCLA así como los representantes de los sindicatos constituidos en el ayuntamiento, no asistiendo nadie en representación de las empresas municipales o por parte del Ayuntamiento. Lo que ha dado lugar a que el acto de mediación no haya podido celebrarse, obligando con ello a la presentación de denuncia por Conflicto Colectivo ante los Juzgados de lo Social de la capital, a lo que se procederá en los próximos días".
Asimismo, el sindicato mayoritario precisaba que la demanda de conflicto colectivo presentada a iniciativa de ATAE, y apoyada por los sindicatos CSIF y UGT, "no así por CCOO, caso de ser estimada pondría fin al continuo chorreo de demandas individuales que se vienen presentando desde el año 2006, fecha en la que tuvo lugar el primer pronunciamiento judicial favorable a los intereses de los trabajadores", mientras recordaba que "actualmente, por decisión municipal y sin que exista resolución judicial alguna que así lo ordene, se da la circunstancia de que los empleados de la Empresa Promoción y Comunicación están equiparados salarialmente con los trabajadores laborales del Ayuntamiento, no así el resto de empleados de las otras empresas.
Con esta denuncia colectiva, cuya resolución será aplicable a todos los empleados de todas las empresas municipales sin excepciones ni distinciones de ningún tipo, ATAE, CSIF y UGT pretenden acabar con los agravios y discriminaciones actuales, como el descrito anteriormente, sentando un criterio unificado y cuya aplicación no dependa del color político o sindical del trabajador".

Los tres sindicatos consideran, según recoge el comunicado, "que la inasistencia de esta mañana por parte del consistorio y de las empresas, vuelve a dejar en evidencia el escaso respeto que los actuales mandatarios municipales tienen para con los empleados municipales, y asimismo deja patente el desprecio continuado al que se somete a los sindicatos no afines o que no comulgan con los designios partidistas e interesados perpetrados a diario", mientras exigen al alcalde del PSOE, David Valadez, que proceda al inmediato pago de las nóminas y que deje las productividades y subida de sueldo de ciertos gagos de confianza para tiempos económicamente más favorable.

 

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Valadez "se come el primer sapo" de uno de los imputados que él denunció en Astapa: Enrique González Ceano.

   El reconocimiento notarial de la deuda que el PSOE local mantenía con el empresario hostelero y publicitario Enrique González Ceano, por parte de parte del PSOE andaluz, puede ser un  preámbulo de lo que ocurrirá.
    Valadez se había negado a reconocer la deuda por parte de la gestora socialista que ahora él preside en Estepona, al no "existir relación contractual". Un año después de la irrupción del empresario en la sede donde se encontraban Valadez y Bustinduy, quien fuese fiadora de la gestión de Barrientos, ofreciendo una rueda de prensa, el órgano regional de partido ha accedido a las pretensiones de Ceano.
    Enrique González Ceano fue llevado a declarar a las nueve y media de la mañana del miércoles 18 de junio de 2008 acusado de financiar irregularmente la campaña del PSOE. El reconocimiento legal de esta deuda podría restar credibilidad a las denuncias de Valadez en ese sentido.

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Intervención pone freno a la nueva productividad de Gago

31/Mayo/2010 - Estepona

Gago carece de la titulación requerida para sustituir a su antecesor en el cargo

Diariosol.es/Estepona Información.

    Poco podía suponer  quien avanzó el órdago de Fernández Gago que su indiscreción iba a dar tanto juego. Tras la publicación en este mismo semanal, en tono de humor y por parte de nuestro infiltrado de la última página, del ultimátum que el actual Jefe de Personal habría dado a los máximos responsables municipales - o compensación económica por la bajada de su salario a probada en pleno o dimisión- las ya habituales lanzas que abundan en la citada delegación se volvieron contra todo lo que se movía tratando de localizar al autor de la filtración.
El pasado 12 de Mayo, la concejal de personal, Cristina Rodríguez Alarcón, efectuaba una propuesta para el abono de un complemento de productividad mensual de 2.160 euros a José Pedro Fernández Gago con el argumento de "haber afrontado diferentes actuaciones de una enorme complejidad técnica y organizativa con el fin de ir solventando la difícil situación por la que pasa este Ayuntamiento en materia de Recursos Humanos, con gran éxito en su gestión y obteniendo unos resultados sin duda imprescindibles..."
Con fecha 18 de Mayo, se emite un informe favorable a la citada propuesta por parte de una Técnico del departamento de Personal destinada en las empresas municipales, lo que contradice gravemente el argumentario de Valadez en relación a la separación Ayuntamiento-Empresas. La propia concejal, en un evidente lapsus, suscribe el informe de la técnico como Consejera-Delegada y no como Concejal como corresponde al tratarse de un funcionario de empleo.
Artículo Derogado
La falta de experiencia de la técnico en la emisión de este tipo de informes, cabe recordar que sus funciones se enmarcan dentro empresas acogidas a la legislación privada, careciendo de experiencia en la legislación pública, no ha sido óbice para que los responsables políticos de la delegación hayan dejado un asunto de tamaña importancia en manos de una trabajadora sin los conocimientos necesarios en la materia a la que han puesto en el compromiso - no es la primera vez - de actuar por encima de sus posibilidades y competencias. Así, la trabajadora, en su informe, se ampara en la Ley 30/1984 que establece para el personal funcionario la posibilidad  de abonar un complemento de productividad que "retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que desempeñen el puesto de trabajo". Sin embargo, este artículo, aunque define el complemento de productividad de forma similar al Art. 5.1 del Real Decreto 861/1986, está actualmente derogado. Por otra parte, a través del procedimiento por el que se pretende dar cobertura legal al complemento citado, se vulneran las normas legales que lo regulan, Así, en Sentencia del Tribunal Constitucional 216/2005, se fija la obligatoriedad para los entes públicos de acreditar la regularidad de sus actos y ni siquiera el margen de discrecionalidad aplicable a estos puede obviar la exigencia de carga probatoria a la que la Administración debe atender, siquiera en supuesto de decisiones discrecionales. Por otra parte, la aplicación de este complemento retributivo incrementaría de forma notable e los límites establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado lo que conlleva la nulidad del acto, según fuentes jurídicas consultadas por Estepona Información.
Incumplimiento generalizado
Son numerosas las sentencias del Tribunal Supremo que amparan la desestimación por parte de la Intervención del complemento propuesto. Tanto desde el punto de vista de la consideración del complemento como algo "no fijo en su cuantía, ni periódico en su retribución" (STS de 06/09) como de su vinculación a un determinado puesto de trabajo con independencia de la actitud de un funcionario concreto en su desarrollo tratando de confundirlo con otro tipo de complementos como el de destino o el específico que si deben estar expresamente contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo.
Finalmente, el argumento de la realización de la jornada de 40 horas semanales, es decir 2,5 horas por encima de lo marcado para Función Pública, no resulta de aplicación en el caso de Fernández Gago al estar destinado a funcionarios de carrera e interinos, no así a funcionarios de empleo como es su caso. En definitiva, no deben utilizarse los complementos de productividad como medio de compensación o mejora de otras retribuciones estables.

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   Lo más curioso de la afición de Valadez y Cristina a las productividades,  ahora que  el Ayuntamiento es suyo, es que la jueza Conejo también puso en solfa e intentó investigar, después de las imputaciones, posteriores al 17 de junio de 2008 con la irrupción de la operación "antiterrorista" por supuesto, las productividades durante el período de Barrientos.  ¿Qué habrá pasado? ¿Se está investigando también a ellos, a raíz de lo que ahora se conoce y han denunciado, entre otros, el CSIF?

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Zapallito contrató una empresa de detectives para averiguar el paradero de cien palmeras ejemplares, que la empresa debió custodiar y cuidar, que la mayoría se habían secado

  Uno de los más esperpénticos capítulos revelados tras la reciente apertura parcial del sumario, lo recoje el tomo III de testificales, cuyo contenido, en casi su totalidad, se refiere a la lucha particular en el seno de Zapallito para hacerse con el control de la empresa, por parte de los accionistas que promocionaron una ampliación de capital, y quitar el control a Francisco Piñero quien, hasta entonces, ostentaba el 50% de las acciones de Zapallito.

     Además, como anunció allá por septiembre de 2008,  la nueva dirección de Zapallito , surgida tras dicha ampliación de capital, presentó una denuncia, no se sabe muy bien contra quién, en octubre de ese mismo año ante la jueza Conejo, apartada del caso Astapa desde diciembre de 2008 por el propio Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que ella pidió la continuidad en el caso, al menos hasta  junio de 2009, a lo que no accedió el órgano de control judicial. En dicha denuncia, entre otros aparece, como no, Reina aunque en este caso reconociendo que no se le podía imputar ninguna actuación irregular, como se describe en la denuncia, en la compra de dos de los aparcamientos del parking. Entonces, ¿por qué se cita a Reina en el esperpento de denuncia que presenta Zapallito?. Y de paso preguntarnos también ¿qué hace una denuncia de  la nueva dirección de Zapallito contra sus proveedores, en este sumario ocupando un tomo entero en un contexto que para nada es el que se está investigando, si es que hay algo que investigar?. Y ya puestos, ¿por qué no la formularon antes y no  dos meses después del inicio de las detenciones?.
  El informe de la compañía de detectives sobre las palmeras forma parte de la documentación que acompaña la demanda. La denuncia la presenta un tal D. Cándido Comino Chavarrías en nombre de Zapallito y en ella no sólo denuncia a proveedores de la otra dirección del parking sino también contra personas que, según el demandante, son "personas afectas al Ayuntamiento, debiendo destacar a Manuel Reina, Rafael Montesinos y a Germán Maldonado entre otros técnicos Municipales".   De nuevo nos encontramos con "testigos" con intereses en la causa y además con clara animadversión hacia varios imputados que nada tienen que ver con su lucha por el control de la empresa y mucho menos con su gestión pasada.
    Pero veamos en qué se basan tales acusaciones contra Reina, por ejemplo. Hay que tener muy poca vergüenza y principios para señalar esto en la denuncia: "Señalar a mero título informativo que el Sr. Reina, compró dos plazas de aparcamiento a través de la empresa PROYECTOS MARIBEL 1950, S.L. (actuando don Celestino Damián del Pino González, en calidad de administrador único de dicha entidad). Según los registros contables que disponemos, en principio, los movimientos de dinero parecen correctos. Estamos pendientes de elevar los contratos privados a Escritura Pública.
Una de las plazas de aparcamiento la está ocupando la mujer de Manuel Reina y la otra, la usaba el mismo".
5.4/.- Página 77 Tomo III Testificales PDF.
     Con la de cafés que se ha tomado el señor Comino con Reina, quien, precisamente, ha sido el único concejal que consiguió subvenciones para los empresarios de Estepona, entre ellos  el mismo Zapallito, por valor de más de 150  mil euros. Claro que son correctos como que la operación la hizo a través de una entidad bancaria con cheque numerado y sin aceptar la reducción de más de 3.000 euros de rebaja que el señor Comino pretendía hacerle. Si yo fuera Reina rompía el contrato por difamación pública y exigía la devolución del dinero; después me compraba otros en el parking de al lado. ¿No es surrealista?  Un empresario "a título informativo" cita a un cliente "correcto" suyo en una comparecencia testifical tratando de incriminarlo en no se sabe qué, porque defendió a su competidor en la dirección en la empresa. ¿Y el derecho a la privacidad?
   ¿Qué pretendía  el señor  Comino y para qué, con esa rebaja? ¿incluirla en la denuncia tal vez?. Por otro lado a qué viene  "señalar" que el otro parking lo utiliza su mujer: ¿Dónde está el delito?. Ah, Comino lo dice sólo a título informativo, claro. Pero lo mejor de todo es que la mujer de Reina jamás ha utilizado dicho parking; y no por nada, sino porque no le ha hecho falta.
    Asimismo dirije su denuncia hacia Rafael Montesinos, Elías Morillas, José Miguel García, José Manuel Borrego, José Flores, José Gustavo Rubio Luna porque el "Secretario de la Corporación Municipal, y que según se comenta por la localidad, aunque no tenemos constancia fehaciente de estos hechos, era compañero habitual de Francisco Pinero de cenas y otros menesteres en locales de ocio para adultos, e invitado con todos los gastos pagados". Otro de los acusados por Comino, aunque no está imputado en Astapa es Alfonso Servia Morales (ya verán cuando vean en qué se basa) échense las manos a la cabeza; también María de Dompablo Mazo, Francisco Bravo, Manuel Barroso (por dar "consejos". ¡No veas!), y Germán Maldonado Valdivia. Casi todos funcionarios o concejales pero, curiosamente, la Concejala de Comercio, Cristina Rodríguez, no aparece denunciada y, que yo sepa, un Parking es un comercio. ¿Se trató  por parte de Zapallito de hacer leña del árbol caído? ¿De desvincularse de esos "apestados mafiosos y terroristas" (a tenor de cómo se desarrolló la operación) detenidos en Astapa y poder conseguir al fin la licencia definitiva de apertura del comercio?.
     Lo de las palmeras es de lo más gracioso. Resulta que cuando se iniciaron las obras del parking numerosos árboles y plantas, entre ellas varias decenas de palmeras, fueron arrrancadas y llevadas a un solar, municipal, cerca de La Cala, mientras finalizaban las obras las obras y se iniciaban los trabajos de jardinería en la superficie del paseo afectada por las mismas. Pero al parecer nadie tomó nota del número exacto. Por lo visto, debió haber un acuerdo para que todas estas plantas quedaran, mientras tanto, al cuidado del Ayuntamiento y  no de la empresa encargada de su arranque ni de Zapallito. Pues bien, cuando varios años después la nueva dirección recibe una factura o documento que consigna la existencia de cien palmeras, comprueba que de ellas, sólo se han vuelto a plantar 17 y, por tanto faltan 83 palmeras.
     Visto que  nadie sabíae dónde estaban, la nueva dirección de Zapallito decide contratar a unos detectives expertos en criminología para que den con las palmeras. Unos detectives cuya titulación ya quisieran para sí  los de la serie CSI.
     Total que éstos se dirijen a ver al empresario de la empresa que arrancó las palmeras y éste niega conocer cuál es el paradero de las mismas e insta a los detectives a que hablen con un técnico municipal de járdines. Dicho y hecho, los detectives, grabadora escondida incluida, se disponen a ver a Miguel Ángel Vico, quien, en principio dice desconocer el paradero de las palmeras; pero les aclara que si se trata de las que se depositaron en el solar de La Cala, aquellas la mayoría se secaron por  falta de agua en el solar. Y subraya que cada palmera de esas características necesita un mínimo de mil litros de agua para soportar el arrancado y mantenerla viva para su posterior plantado definitivo. Pero el técnico agrónomo les insiste, además, en que de todas formas a aquel solar sólo llegaron 44 y, por tanto, él desconoce que se arrancaran 100 palmeras. Además llegaron muchos árboles de otras especies pero palmeras sólo 44.
    En fin, los detectives tampoco pudieron averiguar el paradero de las palmeras, entre otras cosas porque tampoco había un documento previo indicando el número de  palmáceas ejemplares que se arrancaron. O sea que por descuido o a saber por qué, desaparecen, o se secan, 80 palmeras durante  los años que duraron las obras y hasta  comenzarse con los trabajos de jardinería en la superficie. Ahora bien, ¿a quién correspondía el cuidado de las palmeras tras su arrancado, a la empresa o al Ayuntamiento? ¿Y qué pintan esos funcionarios denunciados, mejor dicho nombrados en una denuncia sobre un asunto interno de la empresa con los argumentos más peregrinos que nadie pueda sospechar, y todo porque mantuvieron algún tipo de relación con el anterior propietario?

Continuará...

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