La nómina se pagará a cargodel Presupuesto del año 2011

El alcalde evitó que el pleno se pronunciara sobre el reparo de Intervención

Una vez más la nómina municipal se convierte en el mayor quebradero de cabeza de Valadez. Tras la publicación en nuestro número de la pasada semana de las presiones que se estaban ejerciendo por parte de CCOO a fin de que el pleno de la Corporación se pronunciara favorablemente al levantamiento del reparo que la interventora accidental había efectuado sobre las transferencias a las empresas municipales al carecer éstas de presupuesto, la sesión plenaria del pasado lunes se presentaba "calentita". La cosa, sin embargo, no fue a mayores como consecuencia de las discrepancias observadas en el Equipo de Gobierno dado que, al menos tres concejales, hubieran puesto de manifiesto su nula disposición a votar en sentido favorable la propuesta. Finalmente, el asunto quedó en dar cuenta l pleno de un supuesto Decreto firmado por el alcalde levantando el reparo.

Reparo de intervención
Los argumentos utilizados no terminaron de convencer ya que a nadie se le ocultaba que aunque el asunto se hubiera resuelto de forma favorable al levantamiento del reparo, éste hubiera constituido un acto nulo, tal como señalaba la interventora en su informe, además de que por la propia naturaleza del acto - falta de consignación presupuestaria- el problema hubiera subsistido. Sólo un suplemento de crédito derivado de mayores ingresos o una transferencia entre partidas de dos grupos de función compatibles hubiera solucionado el asunto, algo impensable, en un caso por falta de ingresos, en otro porque las partidas presupuestarias se encuentran prácticamente agotadas y la única que lo permitiría se encuentra en un capítulo incompatible con el necesario. Con todo, la mayor de las incongruencias la constituye el hecho de que se haya dado cuenta al pleno de un acto que nunca ha llegado a producirse, el decreto levantando el reparo y, aunque las críticas de los grupos políticos han sido unánimes, nadie ha reparado en este hecho. El portavoz popular, Ignacio Mena, acompañado por todos los miembros de la agrupación local, ha asegurado que lo sucedido en la sesión plenaria del lunes, además de volver a demostrar la ineficacia en la gestión del alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, pone de manifiesto que el regidor "está más sólo que nunca, ya que ni siquiera sus propios compañeros de Gobierno le apoyan".Respecto del estado en el que se encuentra el expediente en aquellos momentos, Mena aseguró desconocer nada al respecto, mientras recordaba las palabras del secretario accidental, quien en su intervención en pleno aseguró que el expediente era nulo de pleno derecho de cualquiera de las formas en que se pretendiera sacar adelante. Mena criticó que Valadez impidió el debate de las mociones presentadas por los populares, entre ellas un decálogo de medidas económicas que reactivasen y sacasen a Estepona del atolladero en el que se encuentra, en asuntos urgentes, e hizo hincapié en que "Valadez no es un demócrata porque no quiere oír las propuestas de sus adversarios", añadiendo que aún así el PP continuará con su política de apoyo a todo lo que sea beneficioso para el pueblo de Estepona.

Extrapresupuestario
La solución que se ha dado al asunto, hacer efectiva la transferencia a las sociedades mediante un pago fuera de presupuesto, sin reparo en este caso, no sólo es de dudosa legalidad ya que la Ley es taxativa en este sentido sino que pone en una situación complicada al Equipo de Gobierno que salga ganador de las urnas el próximo 22 de Mayo ya que a la prórroga del presupuesto de 2010 para el próximo año, los créditos resultantes deberán rebajarse en los importes adelantados correspondientes al mes de Noviembre y, lógicamente, al de Diciembre y la extra de Navidad para los que también se carece de consignación.

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Adjudicado un chiringuito por el que se investiga a una edil

Marisa Rodríguez, ex concejal del PSOE, fue denunciada por Valadez por estos expedientes

Durante la votación de uno de los puntos incluidos en el orden del día del pasado lunes, en el que se llevaba el expediente de adjudicación de un chiringuito situado en la Playa del Cristo, al menos dos personas estaban muy expectantes: una de ellas, la hoy edil no adscrita Marisa Rodríguez, porque estaba presenciando como la Corporación al completo votaba a favor de la adjudicación de este establecimiento de Playa en base al mismo expediente tramitado por esta edil en 2008, siendo entonces delegada de Playas durante el Gobierno del ex alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, teniendo en cuenta que la expulsión de las filas socialistas de esta concejala se produjo después de su imputación en el caso Astapa y a raíz de la denuncia del hoy alcalde de Estepona de una presunta conducta irregular de la concejala en cuanto a la adjudicación, precisamente, de los chiringuitos.
La otra persona que prestaba la misma atención era yo misma, tras comprobar cómo este asunto estaba pasando desapercibido para el público presente, pero lo que es peor para la Corporación al completo, incluido el alcalde, quien votaba a favor de lo que él mismo había denunciado dos años antes.
Mi pregunta es, ¿En qué lugar deja esta votación a favor de la adjudicación que en su día se quedó sobre la mesa, después de que los agentes de la UDEF se llevaran todos los expedientes del Ayuntamiento de Estepona, a la edil imputada si todos sus compañeros de Corporación y los propios denunciantes del caso Astapa votaban a favor del expediente? Al margen de que la adjudicación está fuera de toda duda desde el momento en que nadie del Gobierno la cuestiona, ¿Qué pasará cuando el juez Torres vea cómo los denunciantes no encuentran nada ilegal en un mismo expediente denunciado dos años antes ?
Sea como fuere, lo cierto es que la edil no adscrita Marisa Rodríguez al ser preguntada por el asunto se disculpó tras afirmar que no quería hacer manifestación alguna al respecto.
Entretanto, la Corporación con esta aprobación y al margen del caso Astapa, adjudicaba el chiringuito dos años después de que su adjudicación por concurso se quedara sobre la mesa, tras la intervención policial en el Ayuntamiento de Estepona el 17 de junio de 2008, y al igual que sucediera con el resto de expedientes.

Una solución
Así, este establecimiento se suma al desbloqueo del asunto, después de que el pasado mes de noviembre se firmara el acta de replanteo de los 20 chiringuitos del municipio que se instalarán en zona de dominio público marítimo-terrestre. Tras este trámite, la concejala de Playas del Ayuntamiento esteponero, Carmen Ocaña, ya anunciaba que las obras de construcción de los nuevos restaurantes de playas comenzarán el próximo mes de enero.
La ejecución de las nuevas construcciones tendrá un plazo máximo de cinco meses a partir del acta de replanteo, por lo que el Ayuntamiento espera que los chiringuitos estén ya reubicados para el próximo verano.
Cada propietario de chiringuito, según Ocaña, ha recibido una subvención de la Junta de Andalucía de 85.000 euros para la construcción de las nuevas instalaciones, presupuestadas en 400.000 euros cada una, según aseguraba entonces la edil, quien añadía que los establecimientos tendrán que retranquearse hasta quedar adosados al paseo marítimo o en la zona alta de la playa, y contarán con una superficie de 150 metros cuadrados, incluida una terraza cubierta.
La concejala destacaba que "Estepona es el primer municipio de España en el que se inician las obras de reubicación de los chiringuitos", mientras incidía en que todas las concesiones administrativas habían sido aprobadas por la Demarcación de Costas", a lo que añadía que los permisos "tienen una vigencia de 15 años prorrogables otros 15".
Con esta última adjudicación, sólo quedan por licitar las concesiones de cinco chiringuitos que irán en parcelas municipales, para lo que el Ayuntamiento está ultimando el pliego de condiciones.
La situación de estas cinco instalaciones ya está regularizada. Tres de ellas se ubicarán en la zona de servidumbre de protección, fuera de dominio público y colindante con la playa, y que, informadas favorablemente por la Demarcación de Costas de Málaga, de común acuerdo con el Ayuntamiento, cuentan ya con el título habilitante otorgado por la Consejería de Medio Ambiente, y otras dos que se sitúan en terrenos adyacentes al dominio público, pero afectados por sus servidumbres. Los informes jurídicos siempre fueron favorables a aquella adjudicación investigada por la UDEF.

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