El sindicato fue notificado el pasado viernes del sobreseimiento, casi dos meses después que al PP, el otro personado en la causa
El pasado 17 de enero, la juez Isabel Conejo, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Estepona, archivaba provisionalmente la denuncia contra el exalcalde de Estepona, el socialista David Valadez por pagar la nómina de los 1.300 empleados del Ayuntamiento con fondos de Patrimonio del Suelo, algo que la ley impide utilizar para otro uso distinto que el de la gestión del suelo. En el auto, la instructora consideraba que los hechos denunciados no se pueden encuadrar "en la órbita penal", tal y como los denunciantes pretendían, aunque añadía que ésto no impide que se haya podido incumplir "alguna disposición administrativa".
El caso se abría en septiembre de 2010 tras una denuncia de cuatro ediles del PP (Oscar Garín, Pepe Lozano, Carmen Capote e Ignacio Mena), entonces en la oposición, al que se unía el representante del sindicato CSI-CSIF, José María López Chacón. Acusaban al entonces alcalde David Valadez, al tesorero Javier Marín García, y al secretario Francisco de Paula Llamas, de presuntos delitos de prevaricación, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Al CSIF no se le notificó entonces
Los populares esteponeros, tras recibir la notificación, optaban por recurrir la decisión judicial y presentaban apelación a la Audiencia Provincial de Málaga, una semana después de conocer el dictámen. Lo curioso del caso es que la otra parte personada, el sindicato esteponero CSI-CSIF, no recibía al mismo tiempo que el PP de Estepona el archivo de la causa, aunque aseguraban que "también recurrirían en cuanto se les informara", según explicaba entonces a esta redacción el líder sindical José María López Chacón. Así, casi dos meses después de la notificación a los populares, y personados en varias ocasiones para ello en el juzgado esteponero, el pasado viernes 16 de marzo recibían cédula de notificación, tal y como muestra la imagen que ilustra esta información.
Los populares esteponeros, tras recibir la notificación, optaban por recurrir la decisión judicial y presentaban apelación a la Audiencia Provincial de Málaga, una semana después de conocer el dictámen. Lo curioso del caso es que la otra parte personada, el sindicato esteponero CSI-CSIF, no recibía al mismo tiempo que el PP de Estepona el archivo de la causa, aunque aseguraban que "también recurrirían en cuanto se les informara", según explicaba entonces a esta redacción el líder sindical José María López Chacón. Así, casi dos meses después de la notificación a los populares, y personados en varias ocasiones para ello en el juzgado esteponero, el pasado viernes 16 de marzo recibían cédula de notificación, tal y como muestra la imagen que ilustra esta información.
Hoy miércoles 21 de marzo, el sindicato CSI-CSIF de Estepona, siguiendo la estela de los populares, presenta un recurso al archivo provisional contra Valadez. De momento, desconocemos el contenido del mismo, pero todo apunta a que seguirá la argumentación de los populares: "la anterior corporación local en la persona de su Alcalde, Tesorero y Secretario acordaron, de forma arbitraria y contraria a derecho, otorgarle una finalidad no prevista en la ley a las Cantidades entregadas por promotores inmobiliarios al Ayuntamiento de Estepona a costa de la futura aprobación de una serie de licencias urbanísticas o mejor dicho de planeamiento urbanístico". Continúa el recurso afirmando que "las citadas cantidades, a contrario de lo realizado por los citados regidores públicos, no se pueden destinar al pago de gastos corrientes tales como los salarios de los propios trabajadores del Ayuntamiento, funcionarios estatales y regidores políticos como así realizó el señor Valadez con la aquiescencia de los señores Javier Marín y Francisco de Paula" Recuerda además que "las citadas actuaciones ilícitas fueron denunciadas por la propia interventora municipal" y que se trata de una "conducta que además se ha realizado con reiteración, lo que podría dar lugar a la figura del delito continuado a aplicar a los citados encausados" Concluye, por tanto, solicitando que se "sostenga que los hechos denunciados sí que integran el tipo del art. 404 del C.P. y que en consecuencia se ha de proceder a continuar la tramitación de las diligencias y no al sobreseimiento provisional de las mismas".
El Ayuntamiento también se ha personado
Además del recurso de los populares, y ahora el del sindicato esteponero, el propio Ayuntamiento de Estepona presentaba el pasado 2 de marzo un escrito en el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona para formular recurso subsidiario de apelación contra el auto de sobreseimiento provisional contra el ex regidor socialista, David Valadez. Asimismo, solicitó que se acuerde la continuación de la causa por la vía de las diligencias previas; así como que se practiquen nuevas "que son esenciales para el esclarecimiento de los hechos objeto del proceso".
Además del recurso de los populares, y ahora el del sindicato esteponero, el propio Ayuntamiento de Estepona presentaba el pasado 2 de marzo un escrito en el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona para formular recurso subsidiario de apelación contra el auto de sobreseimiento provisional contra el ex regidor socialista, David Valadez. Asimismo, solicitó que se acuerde la continuación de la causa por la vía de las diligencias previas; así como que se practiquen nuevas "que son esenciales para el esclarecimiento de los hechos objeto del proceso".
El escrito presentado por el Consistorio recuerda que la Ley reguladora de las Haciendas Locales recoge que "los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes". "Las cantidades citadas, con flagrante y notorio desprecio a la normativa vigente y de las denuncias de la propia interventora municipal fueron destinadas por el exalcalde David Valadez, con la aquiescencia de los entonces interventores y tesoreros accidentales, al pago de gastos corrientes", argumenta la administración local.
El Consistorio añade además que estas cantidades fueron entregadas al Ayuntamiento condicionadas al cumplimiento de un planeamiento convenido con particulares, y que, por lo tanto, eran fondos cuyo destino, además de estar previsto por la ley específicamente, venía condicionado. En este sentido, el escrito pone de manifiesto que entre los "los perjuicios" que el Ayuntamiento debe soportar por el "actuar antijurídico" de los regidores denunciados se encuentra la responsabilidad con los terceros aportantes de los fondos, a quienes está obligado a devolver los mismos, no pudiendo por no disponer de ellos; provocando esto además perjuicios para el municipio que hoy son incalculables, pero que habrían de ser determinados en el seno de las presentes actuaciones.
Astapa se cuela en la argumentación
En el escrito remitido al juzgado también se hace referencia a las claves ofrecidas sobre este asunto en una información recientemente publicada por Estepona Información, titulada "Lo que la policía consideró ilegal en Astapa, la juez lo perdona a Valadez". Así, el Consistorio apoya su argumentación para apelar al archivo en las consideraciones realizadas por hechos similares a este asunto por la Dirección General de la Policía en el procedimiento del 'caso Astapa'. Al respecto, se pone como uno de los ejemplos el informe número 62.213 UDEF-BLA de las citadas actuaciones, donde se recoge que "es de significar que la Ley de Ordenación Urbanística dice que no se pueden sufragar gastos corrientes con dinero procedente de enajenaciones patrimoniales, es decir, que impide que el dinero procedente de urbanismo se destine al pago de nóminas, extremo que al parecer se está incumpliendo sistemáticamente en Estepona, dado que son múltiples las conversaciones de los diferentes investigados".
En el escrito remitido al juzgado también se hace referencia a las claves ofrecidas sobre este asunto en una información recientemente publicada por Estepona Información, titulada "Lo que la policía consideró ilegal en Astapa, la juez lo perdona a Valadez". Así, el Consistorio apoya su argumentación para apelar al archivo en las consideraciones realizadas por hechos similares a este asunto por la Dirección General de la Policía en el procedimiento del 'caso Astapa'. Al respecto, se pone como uno de los ejemplos el informe número 62.213 UDEF-BLA de las citadas actuaciones, donde se recoge que "es de significar que la Ley de Ordenación Urbanística dice que no se pueden sufragar gastos corrientes con dinero procedente de enajenaciones patrimoniales, es decir, que impide que el dinero procedente de urbanismo se destine al pago de nóminas, extremo que al parecer se está incumpliendo sistemáticamente en Estepona, dado que son múltiples las conversaciones de los diferentes investigados".
Piden que Zanón declare
El Consistorio solicita, por tanto, que se practiquen todas las actuaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos objeto del proceso. Entre ellas, que se tome declaración en calidad de testigo de los hechos denunciados a Dolores Zanón, en calidad de interventora del Ayuntamiento y por ser quien denuncia en un pleno de la Corporación las irregularidades administrativas que dan origen a este procedimiento. Así como que los administradores liquidadores de las sociedades municipales, en calidad de testigos, aporten a las actuaciones información sobre el origen de los fondos recibidos y el destino dado a los mismos por los anteriores gerentes de las empresas municipales para "determinar el alcance y las consecuencias que los hechos tienen para las arcas municipales, por su responsabilidad para terceros".
El Consistorio solicita, por tanto, que se practiquen todas las actuaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos objeto del proceso. Entre ellas, que se tome declaración en calidad de testigo de los hechos denunciados a Dolores Zanón, en calidad de interventora del Ayuntamiento y por ser quien denuncia en un pleno de la Corporación las irregularidades administrativas que dan origen a este procedimiento. Así como que los administradores liquidadores de las sociedades municipales, en calidad de testigos, aporten a las actuaciones información sobre el origen de los fondos recibidos y el destino dado a los mismos por los anteriores gerentes de las empresas municipales para "determinar el alcance y las consecuencias que los hechos tienen para las arcas municipales, por su responsabilidad para terceros".
