González Pons inaugura la nueva sede del PP de Estepona en la zona Oeste de la localidad

"Devolveréis no sólo el dinero que han robado, sino la esperanza al pueblo de Estepona"

 Diariosol.es

"Cuando un alcalde roba, roba más que dinero. Vosotros devolvereis no sólo el dinero que han robado, sino que devolveréis la ilusión al pueblo de Estepona. Cada uno de los que estáis aquí sois una sede". Con un discurso a la altura de un político como Esteban González Pons, se ponía la guinda a la inauguración de la nueva sede de los populares de Estepona en la zona Oeste de la localidad. El vicesecretario del PP hacía una dura crítica a la política del Gobierno central, ante medio centenar de simpatizantes, afirmando que "esta noche las familias españolas serán más pobres gracias a la subida del IVA promovida por el Gobierno de Zapatero". En este sentido, el abogado y político, añadía que una vez más los errores de Zapatero lo iban a pagar la clase media, los jubilados, los empresarios, los estudiantes y los trabajadores, pese a las afirmaciones de María Teresa Fernández de la Vega, en las que aseguraba que esta medida no iba a repercutir en las economías familiares, cuando la realidad, según González Pons, es que cada familia española pagará quinientos euros anuales más tras la puesta en marcha de la subida.

"Está claro que quienes no lo van a pagar son Zapatero, ni Fernández de la Vega, ya que ellos son los que lo van a cobrar", concluía el líder popular, que en cuanto a la política local esteponera incidía en la doble responsabilidad de los populares esteponeros cuando planeen y redacten el proyecto electoral, "no sólo estarán ideando un programa de cara a las elecciones, sino un programa de Gobierno que será llevado a la práctica porque el PP cumple lo que promete a diferencia de los socialistas".

"Esta sede no son estas cuatro paredes, el lugar elegido como punto de reunión. Esta sede sois todos vosotros. Esta sede significa que el partido está creciendo", aseguraba González Pons, quien por último adelantaba que los populares iban a aplicar un IVA superreducido aplicable al sector turístico, para que este sector pueda competir con el resto de Europa, mientras retaba a los socialistas a que pongan en práctica, si es que pueden esta medida.

García Urbano

Las palabras de González Pons estuvieron precedidas por las del presidente del PP local, Ignacio Mena, las de la Diputada nacional del PP por Málaga, Celia Villalobos, por las del presidente popular de los malagueñoz, Elías Bendodo y por las del candidato a las municipales del 2011 por el PP en Estepona, José María García Urbano, quien destacaba que el partido continuará en su línea de política constructiva, mientras avanzaba que la apuesta será la de una mayor eficiencia en la gestión, propuestas creibles y razonables, mientras que en cuanto a la gestión interna el PP se continuará con un trabajo basado en la distribución territorial. Precisamente, la sede que hoy abría sus puertas es la materialización de dicha disección que permitirá a los ciudadanos de la zona Oeste de Estepona poder acceder a una oficina del ciudadano donde trasladar sus inquietudes y problemas, permitiendo al partido conocer la problemática concreta a la que se enfrentan especialmente los ciudadanos del extrarradio; los más olvidados hasta el día de hoy por la política municipal, según el candidato popular, quien avanzaba que en breve será inugurada una nueva sede en Cancelada que de servicio a los ciudadanos de la zona Este./

ATC.

    Un desliz muy habitual en Estepona Información o diariosol.es: ¿Se puede saber cuál es la dirección exacta de la sede?. Sí,  ya sabemos que está en la zona oeste, pero dónde exactamente ¡Contra!. La zona oeste es desde el Sheguers hasta Buenas Noches, por lo menos. Pasando por Guadalobón, La Gaspara, Costa Natura, Bahía Dorada, etc. La de la zona Este ya sabemos que será en Cancelada. Uf, ¡menos mal!
    Por lo demás, la frase del subtitular se la podría haber ahorrado el señor Pons si  proclama el principio de presunción de inocencia para  su partido. No olvidemos el caso Gurtel, cuyas cuantías superan con mucho lo de Astapa. Y todavía está por ver que la operación Astapa no quede anulada. Sin embargo  Gurtel no parece llevar el mismo camino. Y lo que es peor para el PP: al PSOE tampoco le interesa que este caso se olvide. Es uno de sus pilares para las tres próximas convocatorias que habrán de celebrarse desde ahora hasta 2012.
    El marketing  político siempre se le ha dado mal al PP y debe recordar que si gana será con el apoyo de los descontentos de la izquierda que el PSOE, utilizando los bastiones del Gobierno, intentará neutralizar.Al PP le viene bien cualquier voto y hay muchos difamados, a los que hay que sumar a sus familiares, por una operación que ha vulnerado su presunción de inocencia y otros muchos derechos reconocidos en la Constitución, que de hecho son inocentes. Sólo faltaría que también a éstos les espantara el voto. Tampoco debe olvidar la competencia que le va a plantear en Estepona UPyD. Si no, al tiempo.

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Un hostelero de Estepona presenta denuncia contra Cristina Rodríguez

ATC.

La denunciante de Astapa mantiene en el cargo a un "amigo" cuando su cese por mandato plenario, ya  fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.  

La denuncia fue presentada ayer. La SER,  dirigida por la esposa de Valadez, que tanto se apresuraba a publicar las denuncias falsas de los chivatos de Astapa, ahora no dice ni "pío".

      La denuncia fue presentada por un hostelero de Estepona, en representación de la Plataforma Vecinal de Estepona, ayer martes 29 de junio, contra Cristina Rodríguez, en calidad de Concejala de Personal, y José Pedro Fernández Gago, quien ya fuese contratado no sin polémica, como Coordinador de  Alcaldía y cuyo cese fue aprobado el día 29 de julio de 2009, sin que  se haya llevado a cabo después de un año, a pesar de haberse publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 15 de Octubre de 2.009, o sea tres meses después, en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE ESTEPONA QUE POR TURNO CORRESPONDA.

Texto íntegro de los fundamentos de la denuncia:
 
"DICE

Que por medio del presente escrito formula denuncia ante ese Juzgado contra la actual edil de personal del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona Doña C. R. A. y contra Don J. P. F. G., funcionario eventual que fue de este Ayuntamiento, manifestando todas las noticias de que conoce sobre los hechos que a continuación se describen:

Que en fecha de 21 de Julio del año 2.009, se acuerda en el punto 9 relativo a asuntos urgentes, por el Pleno del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona la supresión de plazas de funcionarios eventuales del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona, entre las que se encontraba la correspondiente al cargo de confianza de Coordinador de Alcaldía, Don José Pedro Fernández Gago.

Así en el punto 9.2 del acta del citado Pleno expedida por el Secretario del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona textualmente ( en concreto en las páginas 7 y se dispone:

“…. AMORTIZACIÓN DE PLAZAS DE FUNCIONARIOS EVENTUALES EN LA PLANTILLA MUNICIPAL

Previa declaración de urgencia, que se produce por: 13 votos a favor (PP:5; PES: 3; y los concejales no adscritos Sres. Montesinos Rubio, Zamorano Vázquez, López Martín, López Cabezón y Rodríguez- Pino Sánchez), 8 votos en contra (PSOE:4; PA:1; ESTEPONA- 2007: 1; IULV-CA:1 y la concejala no adscrita Sra. Ocaña Sánchez), y ninguna abstención, y que representan por tanto el quórum legal necesario establecido en el artículo 83 del Real Decreto 2568/1.986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; se da cuenta de la Moción suscrita por el Grupo Municipal del Partido Estepona (PES), de fecha 20- Julio- 2.009, en la que expone que como consecuencia de la situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento y atendiendo a las competencias locales que el artículo 22.2.i) de la Ley 7/ 1.985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reserva al Pleno en cuanto a establecer el número y régimen del personal eventual, así como sus retribuciones, se propone la amortización de las plazas vacantes existentes actualmente en la plantilla municipal, correspondientes a funcionarios eventuales, así como la existente con la denominación de “ Coordinador de Alcaldía”, ocupada por Don José Pedro Fernández Gago, al considerar que ésta fue provista de forma irregular, todo ello a fin de liberar los créditos con que todas ellas están dotadas en el Presupuesto Municipal.

Sometido el asunto a votación resulta aprobado por: 13 votos a favor (PP:5; PES:3 y los concejales no adscritos Sres. Montesinos Rubio, Zamorano Vázquez, López Martín, López Cabezón y Rodríquez- Pino Sánchez), 8 votos en contra (PSOE:4; PA:1; ESTEPONA- 2007:1; IULV- CA: 1 y la concejala no adscrita Sra. Ocaña Sánchez) y ninguna abstención; en consecuencia por la mayoría expresada se acuerda lo siguiente:

1.- Que se proceda a la amortización en la plantilla municipal de las plazas correspondientes a funcionarios eventuales actualmente vacantes.

2.- Que se proceda a la amortización de la plaza de funcionario eventual existente en la plantilla, bajo la denominación de “ Coordinador de Alcaldía”, actualmente ocupada por DON JOSE PEDRO FERNANDEZ GAGO.

3.- Que se de cuenta del presente acuerdo a la Comisión Informativa Permanente de Personal y Extrarradio en la primera sesión que se celebre conforme a lo establecido en el artículo 126.2 del Real Decreto 2568/1.986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

4.- Que por el Negociado de Personal se prosigan los trámites reglamentarios hasta la total conclusión del expediente.”

Se aporta copia del acta de fecha 21 de Julio de 2.009 expedida por el Secretario del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona, a la presente denuncia, como “ documento número dos”.

Que, con posterioridad, se expidió una certificación del acuerdo plenario a la responsable de la Concejalía de Personal, para dar inmediato cumplimiento de la supresión de dicha plaza, si bien, según nota de prensa del sindicato mayoritario de funcionarios del Ayuntamiento de Estepona, CSIF, “ la señora Alarcón o el propio Gago dieron instrucciones para que la notificación no pudiera finalmente efectuarse, usando para ello como escudo a otra empleada municipal que rehusó hacerse cargo del documento”.

En este sentido, se aporta noticia del periódico digital local Diario sol. Es, de fecha 8 de Septiembre de 2.009, donde se pone de manifiesto la denuncia formulada por el sindicato anteriormente mencionado, como “ documento número tres”.

Que, más tarde, en fecha de 2 de Octubre de 2.009 el Alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona, suscribe Decreto número 14524/09, de supresión de plazas de funcionarios eventuales, entre las que se encontraba la correspondiente al cargo de confianza, Coordinador de Alcaldía, ocupada por el señor Don José Fernández Gago, a la par que ordenaba al Secretario de la Corporación que procediese a la notificación del citado acuerdo plenario a la Concejal Delegada de Personal. Dicho Decreto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 15 de Octubre de 2.009.

Se aporta una copia del citado Edicto a la presente denuncia, como “ documento número cuatro”.

Que a pesar de haberse publicado, mediante el edicto anterior, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga la supresión de la plaza de Coordinador Local de Alcaldía ocupada por el señor Don José Fernández Gago, éste señor continúa desarrollando sus funciones, así como percibiendo sus emolumentos a costa del erario público local, en la actualidad, sin que la Concejal Delegada del área de Personal, Doña Cristina Rodríguez Alarcón, haya llevado a cabo actuación alguna relativa a la supresión real y efectiva de la plaza, así como está permitiendo que el señor Don José Fernández Gago esté cobrando de las arcas públicas locales, no ya sólo su anterior sueldo, sino incluso productividades adicionales, que ella misma acuerda, ignorando no ya sólo los acuerdos plenarios del Pleno del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona, sino también el mandato del alcalde y las notificaciones del señor Secretario de la Corporación Local, tendentes al cumplimiento de lo acordado por el citado Pleno.

Así, en acreditación de lo anteriormente manifestado, se aporta noticia publicada en el Diario digital local Diariosol. Es, de fecha 16 de Octubre de 2.009, relativa a la asistencia del señor Don José Pedro Fernández Gago junto a la concejal Delegada de Personal, Doña Cristina Rodríguez Alarcón, a la Mesa de negociación de subrogación del personal de las empresas municipales al Ayuntamiento de Estepona, como “ documento número cinco”, y todo ello, a pesar de haberse publicado en el día anterior la supresión de la plaza del señor Fernández Gago en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

De igual manera, y con posterioridad, la Concejal Delegada de Personal, Doña Cristina Rodríguez Alarcón, en rueda de prensa ofrecida ante diferentes medios de comunicación en la mañana del día 1 de Diciembre de 2.009, aseguraba que la supresión de la plaza de Don José Pedro Fernández Gago era ilegal, volviendo a desobedecer el acuerdo plenario de fecha 21 de Julio de 2.009, el Decreto del señor Alcalde de fecha 2 de Octubre de 2.009, así como la notificación del Señor Secretario de la Corporación Local, por lo que, en consecuencia, a dicha fecha, el citado cargo de confianza, esto es, Don José Pedro Fernández Gago, seguía percibiendo sus emolumentos públicos locales que estaban cifrados en una cuantía anual superior a 70.000 euros anuales.

En este sentido se aporta noticia publicada en el Diario digital local Diariosol.es, de fecha 1 de Diciembre de 2.009, como “ documento número seis”.

La señora Doña Cristina Rodríguez Alarcón vuelve de forma continua, descarada y reiterada a desobedecer el acuerdo plenario, el Decreto de Alcaldía y la notificación de la Secretaria del Ayuntamiento, beneficiando económicamente al señor Don José Pedro Fernández Gago, hasta tal punto que ella misma propone al citado cargo de confianza, abonarle 1461,99 euros, en concepto de productividades por haber participado en la Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 1.994 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 2.002, cuando su plaza de funcionario eventual ya había sido suprimida en fecha de 15 de Octubre de 2.009.

En estos términos se manifiesta la noticia publicada en el Diario digital local Diariosol.es, de fecha 24 de Marzo de 2.010, que se aporta a la presente denuncia, como “ documento número siete”.

Pero es que el incumplimiento del acuerdo plenario de 21 de Julio de 2.009, así como del Decreto del señor Alcalde de 2 de Octubre de 2.009, y de la notificación del Señor Secretario de la Corporación local ya es sistemático, por parte de la edil Doña Cristina Rodríguez Alarcón, en la medida en que esta señora vuelve a asignar productividades al señor Don José Pedro Fernández Gago, esta vez, en concepto de responsable de Recursos Humanos ( pareciendo que ya no se le asignan importes a este señor como funcionario eventual) por un importe de 2.160 euros, siendo denunciado esta circunstancia tanto por las secciones sindicales de UGT del Ayuntamiento de Estepona, así como por el Sindicato CSIF.

Así, se aporta a la presente denuncia noticia publicada en el Diario digital local Diariosol. Es, de fecha 10 de Junio de 2.010, como “ documento numero ocho”.

Ante tal cúmulo de incumplimientos reiterativos llevados a cabo tanto por el cargo de confianza en el Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona, don Pedro José Fernández Gago, así como por la concejal del área de personal, Doña Cristina Rodríguez Alarcón, del acuerdo plenario de supresión de plaza de funcionario eventual, así como del Decreto de Alcaldía de 2 de Octubre de 2.009, y de notificación del acuerdo plenario efectuado por el señor Secretario de la Corporación Local de supresión de plaza a la señora Doña Cristina Rodríguez Alarcón, ésta Asociación ha llevado a Pleno, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, numerosas peticiones relativas a la exigencia de responsabilidades por incumplimiento reiterado de acuerdos tomados en Plenos Municipales, entre otros, el de 21 de Julio de 2.009, referente a la supresión de la plaza de Coordinador Local de Alcaldía, ocupada, por el señor Don José Pedro Fernández Gago.

En este sentido se aporta a la presente denuncia peticiones de presentación en pleno de mociones relativas a la exigencia de responsabilidades por incumplimiento reiterado de acuerdos tomados en Plenos Municipales, de fecha 29 de abril de 2.010, con número de registro de entrada 6524 de misma fecha, y de 10 de Junio de 2.010, con número de registro de entrada 9068 de misma fecha, como “documentos número nueve y diez”, respectivamente.

Ante la posibilidad de que los hechos descritos con anterioridad pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos previsto en el artículo 404 del vigente Código Penal, así como constitutivos de un delito de desobediencia previsto en el artículo 410 de mismo texto, imputable a la edil concejal del área de personal del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona Doña Cristina Rodríguez Alarcón, así como constitutivos de un delito de usurpación de funciones públicas previsto en el artículo 402 del mencionado Código imputable al funcionario eventual, cargo de confianza- Coordinador de Alcaldía- Don Pedro José Fernández Gago, en la medida en que éste desde el 15 de Octubre de 2.009, ha venido desempeñando unas funciones propias de una plaza que ya estaba suprimida y percibiendo sus emolumentos públicos por llevar a cabo funciones propias de una plaza que ya se había suprimido, como por ejemplo, acudir el día 16 de Octubre de 2.009 a una mesa de negociación de la subrogación del personal de los empleados de las empresas municipales al Ayuntamiento de Estepona, habiendo sido suprimida la plaza de coordinador de alcaldía el día 2 de Octubre, según Decreto de Alcaldía de misma fecha, cuestión esta última no baladí, máxime cuando el citado señor Don Pedro José Fernández Gago era Coordinador de Alcaldía, y, en consecuencia, por su propio cargo, había de conocer, incluso, ya, en fecha de 2 de Octubre la supresión de su propia plaza, pues en esa concreta fecha, ya estaba firmado el citado Decreto de supresión de plaza de funcionarios eventuales del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona.

Que de los hechos expuestos sería de interés incorporar los testimonios del Señor Alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona, Don David Valadez López, así como del Secretario de la citada Corporación Local, pudiendo ser citados ambos en el domicilio del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona, esto es, plaza Blas Infante, s/nº de la localidad de Estepona (Málaga), así como certificaciones de noticias aportadas en esta denuncia y emitidas por el Diario Estepona Información, el cual además es titular del diario local digital diariosol.es, pudiendo ser requeridas en el siguiente domicilio: Urbanización Bahía Azul, km. 152, de la Carretera Nacional 340 de la localidad de Estepona y certificación original del acta de la sesión plenaria de 21 de Julio de 2.009, expedida por la Secretaría del Ilustrísimo Ayuntamiento. Finalmente, igual sería de interés que por parte de la Delegación de Hacienda del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona, se remitiera copia de las diferentes nóminas percibidas por el señor Fernández Gago, desde Octubre hasta la fecha actual,

Que todo lo manifestado lo pone en conocimiento del Juzgado, denunciando ante el mismo los hechos descritos para que sirva adoptar las medidas oportunas al efecto de su comprobación y de la averiguación de los responsables.

Es justicia que pido en Estepona a 29 de Junio de 2.010."

     La Plataforma Vecinal  había advertido al equipo de Gobierno de sus constantes incumplimientos plenarios; tanto es así que en el pleno del mes de mayo estaba previsto que en turno de asuntos urgentes se diera lectura a una moción, presentada por esta Asociación, en la que se solicitaba la depuración de responsabilidades por esos incumplimientos, enumerando todos y cada uno de ellos. La amortización de la plaza de Gago era sólo uno de ellos. Ahora  la Justicia tiene la última palabra.Este asunto ha sido objeto de polémica desde  que se aprobara su cese en julio del pasado año, sin que hasta el momento se haya ejecutado. La decisión de la Justicia no puede ser otra que ordenar se lleve a cabo dicho acuerdo, si bien no se descarta que con nuestro dinero, el de usted y el mío, se produzcan recursos a una  hipotética decisión desfavorable a los intereses del alcalde okupa que nos ocupa (que tendrá que declarar como testigo y pudiera haber cometido prevaricación pues la última responsabilidad es suya) y de su compañera Cristina, que incluso legalmente pudiera tener menos responsabilidad que el Alcalde ya que, en última instancia, es él quien debiera haber firmado tal cese aprobado en pleno.
     Aunque pudiera parecer perverso, da la impresión que, a lo mejor, fue suprimida la plaza pero se le dio otro cargo para restarle valor al acuerdo plenario. Tratándose de este par de "artistas de la guerra" discípulos Tzu, no me extrañaría nada. No obstante, en ese caso quedaría de manifiesto el hecho de la vulneración del espíritu del acuerdo y, por tanto, de la vulneración del espíritu de la  Ley que lo ampara. No olvidemos que Cristina es abogada, aunque no muy brillante que se diga. Lo digo por experiencia. Tal vez por eso se decantó por la política, donde tampoco es que brille por su buen hacer, aunque su tiempo ya esté contado.

    Esta denuncia se suma a otra, presentada el pasado lunes día 28 por un edil del PES, sobre las productividades a algunos empleados que pudieran ser ilegales según previamente había denunciado un colectivo de funcionarios municipales. Queda pendiente también la denuncia sobre la construcción ilegal en la casa de esta misma edil, de VPO, que hace más de un año la prensa local puso de manifiesto.
      La SER,  dirigida por la esposa de Valadez, que tanto se apresuraba a publicar las denuncias falsas de los chivatos de Astapa, ahora no dice ni "pío".

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Las lluvias de este invierno ponen de manifiesto la mala calidad en la construcción de urbanizaciones de lujo.

ATC

    Durante los últimos meses ha sido noticia la mala calidad en la construcción de los pisos de VPO de Las Mesas, con enormes grietas, zonas habitables de interior, y huecos de ascensores, encharcadas y gran cantidad  de humedades. Sin embargo la cosa no ha quedado ahí. Según hemos conocido también urbanizaciones de lujo han sido objeto de estos desperfectos ocasionados por las intensas lluvias y muy especialmente por la mala calidad de los materiales usados en la construcción.

      Tal es el caso de los edificios de la urbanización Torre Bermeja, situada junto al Hotel Las Dunas en lo que se ha venido a denominar "La Milla de Oro de Estepona", donde muchos extranjeros tienen su segunda residencia, aunque su domicilio habitual esté en sus países de origen y sólo residan en la costa por temporadas, especialmente en verano.

      Así, muchos de estos propietarios "se han echado las manos a la cabeza", literalmente, cuando han regresado a sus propiedades en estos edificios y han visto sus casas llenas de humedades y con numerosos desperfectos provocados por la mala calidad de los materiales que ha puesto de manifiesto el lluvioso invierno que hemos padecido. Los que regresaron antes del verano al menos han podido ejecutar trabajos de reforma y reparación de los mismos y tener su domicilio a punto de cara al verano; sin embargo otros posiblemente se encuentren al llegar en esta época estival, la piscina en su propia casa.

     Según estos vecinos, los propios trabajadores contratados para llevar a cabo estas reformas les han hecho saber la mala calidad con la que fueron construídos dichos edificios (a pesar de tratarse de una urbanización de lujo, con precios muy altos, con vigilancia permanente y todo tipo de medidas de seguridad), y la escasa calidad de los materiales utilizados en su construcción.
     En otros casos incluso las instalaciones de gas están bajo sospecha ya que en su instalación no se ha respetado la norma sobre la instalación del tiro que deben  tener los termos de gas natural en el exterior y su adecuada inclinación. Así como en otros edificios de otras promociones de altos "estándares" donde la salida de humo de los extractores de la cocina no dan al exterior sino a las habitaciones contiguas de la planta superior. En una promoción cercana al Puerto de Estepona, este defecto constructivo se ha intentado subsanar en los planos de la promotora, entregando el piso con un armario empotrado cerrado; pero no impide que los humos salgan y acaben apestando a la ropa allí almacenada, así como a toda la habitación. igualmente. Por lo que no resuelve el problema. Esta situación es especialmente grave e insoportable cuando el vecino inferior cocina pescado y enciende el extractor.

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Idiotas e idioteces

 ATC.

   Desde luego la afluencia de tanto foráneo residente ha hecho de Estepona un pueblo que ya no es lo que era, en cuanto a tolerancia y respeto se refiere. Y no me refiero precisamente al flujo de inmigrantes laborales extranjeros. Recuerdo que nos decían a los esteponeros, cuando aún teníamos campos abiertos y huertas por doquier antes de que la vorágine del cemento acabara con todo, que era bueno tal afluencia de residentes de fuera porque así el Ayuntamiento tendría más dinero y ofrecería mejores servicios; cuando, en realidad,  tanto residente de fuera y el Ayuntamiento no tiene un duro ni para pagar las nóminas, no hablemos ya de pagar a los acreedores. Y nuestro patrimonio, el de los esteponeros, liquidado. Y no bastante con eso, encima tenemos que soportar sus impertinencias.
    Tengo una perra de siete años de raza pastora alemana. Me dice el presidente de la comunidad donde vivo, un tipo español venido del quinto carajo, como tantos que vienen a romper con la idiosincrasia de los esteponeros, que mi perra debe de ir con bozal en la comunidad, además de llevarlo sujeto, cosa que hago habitualmente y no porque sea una perra peligrosa, sino porque hay que temerle más a los hombres y adonde puedan desembocar sus miedos por los perros, que al peligro que ella pueda suponer.
      Lo único que utiliza mi perro de la comunidad es el tramo desde mi portal a la calle, salida que además la mayoría de las veces hago por el parking. Un parking que, curiosamente, aunque está equipado, debería  estarlo, con sistema antiincendio, el único día que ardió un vehículo de forma provocada,  que era mío, ni funcionó el sistema de alarma ni el de agua de dicho sistema; o sea sé: no funicionó.  ¿O es que ni siquiera existe tal sistema?.  ¿Que están esperando? ¿que alguien ponga la norma cuando ya la tragedia haya sido irremediable?
     Continúa el susodicho forastero  y presidente de la comunidad donde las circunstancias me obligan a residir, explicándome que son "normas de la comunidad". Se referirá a "su comunidad".
     Por lo visto son normas que aprueban cuatro gatos y que nadie cumple porque todos los perros que residen en el edificio van sin bozal y muchos de ellos sueltos; aunque tampoco es que haya tantos. he contado no más de siete. Sin embargo el foráneo se dirige a mí. Todavía estoy esperando que se dirija a mí por el incendio intencionado de mi vehículo que ocurrió hace ya tres o cuatro meses.
    Lo de las normas es muy gracioso. ¿Quiere decir que si la comunidad, o los tres o cuatro únicos propietarios que asisten a sus reuniones, deciden aprobar que todos los hombres, por ejemplo, de la misma vayan con un látigo por las dependencias, infrigirían alguna ley si no lo hicieran así?.
     Parece que existe un deseo, innato en ciertas personas o colectivos, de poder, sustentado en algún complejo de inferioridad que posiblemente arrastren desde pequeños. Así llegan a aprobar normas que son verdaderas idioteces, a la menor oportunidad de ostentar algún cargo por muy vanal e insignificante que éste sea.
     ¿Es que ha ocurrido alguna tragedia o algo parecido en el bloque? No. Entonces  ¿por qué los perros han de ir con bozal del portal a la calle, cuando a lo mejor quien debería de llevar bozal es él?
     Hasta ahí estamos llegando. El otro día estuve en La Quinta Hill  (en Marbella) y tuve que reírme  de hasta donde puede llegar la idiotez. En las normas de uso de las piscinas puede leerse:
     Prohibido ir con mascotas a la piscina. (hasta cierto punto aceptable, aunque no sé por qué, pues si hablamos de educación ya deberían  muchas personas parecerse a los perros)
     Prohibido tirarse al agua de la piscina sin antes ducharse.
     Prohibido ponerse en la hamaca sin toalla.
     Prohibido traer radiocassettes a la piscina...
     Prohibido bañarse a partir de las 10 de la noche
     Y así hasta una serie de 20 recalcitrantes prohibiciones,  como prohibido comer o fumar en el cesped, que a saber cuáles de ellas están avaladas por las leyes, y non son fruto de algún complejo psicológico del presidente de la urbanización, extranjero por supuesto. Sólo quedaba una que dijera: Prohibido bañarse en la piscina.
     Lo que yo digo: estamos haciendo un mundo de idiotas y de idioteces que parece no tener límites. Por cierto la jardinería la lleva una empresa de inmigrantes allí que, tratándose de prohibir, tiene prohibido pasar la cortacesped por los lugares donde haya una cagada de perro. Tal como lo oyen y allí se queda la mierda en medio de toda la praderita de cesped recién cortado. No me extraña que la siguiente norma sea prohibir a los perros que hagan sus necesidades o prohibirlos directamente, ya que lo que no hay, ¿estará prohibido? es un lugar donde ellos puedan expandirse.
     Qué alegría tener tanto tiempo sólo para prohibir con la de problemas que hay en la vida. ¡Qué manera de complicársela!. ¡Qué manada de chiflados se han venido a vivir a la costa! Es inaudito.

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El plan de productividades será objeto de una denuncia judicial

Será presentada el próximo lunes contra Valadez, Rodríguez y De Lucas

Valadez con su mariconera en bandolera entrando en los Juzgados de Estepona

      Las productividades que se hicieron efectivas en la delegación de Urbanismo como consecuencia de los trabajos de adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Estepòna a la LOUA continúan dando que hablar. A las denuncias de los sindicatos CSI-CSIF y ATAE se unen ahora la que se presentará el próximo lunes en sede judicial por el concejal no adscrito, Manuel Reina, contra el alcalde de Estepona, David Valadez, la concejal de personal, Cristina Rodríguez y el gerente de Empladus, Diego de Lucas Villarrubia.

     En el escrito de denuncia, Reina señala que el pasado 19 de Febrero de 2009 por Decreto de alcaldía se facultó a Diego de Lucas para la dirección de los trabajos de tramitación de la adaptación del actual PGOU a las determinaciones de la LOUA. Algo más de un año después, el 5 de Marzo de 2010, se aprobó el llamado “Programa de evaluación del desarrollo del plan de adecuación del PGOU de Estepona”, instrumento mediante el que se establecieron una serie de objetivos, con unos plazos máximos de ejecución y con un presupuesto a repartir entre los empleados que participaran y contribuyeran a su cumplimiento.

    En el apartado tercero de la denuncia se indica que el 29 de Enero de 2010, Diego de Lucas, como responsable de director de los trabajos, emitió un informe en el que “una vez cumplido el objetivo nº1 del programa”, recordemos, aprobado por el alcalde mediante decreto de 5 de Marzo, propone el reparto de 46.052,82 euros.

    El denunciante pone de manifiesto en su escrito que “llama poderosísimamente la atención el hecho de que el informe indicado se redacta con más de un mes de anterioridad a la aprobación y establecimiento del Programa de Evaluación aprobado el 5 de Marzo. Pero no es menos sorprendente que los trabajos a realizar para el cumplimiento de dicho objetivo nº 1 de acuerdo con dicho programa, esto es, la redacción del plan con los informes técnicos jurídicos, tienen fecha de 23 y 24 de Marzo de 2010 respectivamente.

     La denuncia también recoge los distintos escritos presentados por los sindicatos CSI-CSIF y ATAE en relación con este asunto en los que solicitaban la comprobación de lo denunciado por si los hechos fueran constitutivos de “delito”, ya que supuestamente podría tratarse de un “montaje” destinado al reparto de productividades.

     Reina solicitó reiteradamente en sesión plenaria la aclaración de los hechos denunciados en los apartados de ruegos y preguntas sin que hasta la fecha haya recibido respuesta alguna. En la denuncia han sido citados como testigos de la acusación los sindicatos antes citados, así como varios trabajadores de la delegación de Urbanismo, algunos de los cuales renunciaron a la percepción de las cantidades repartidas por no estar de acuerdo con el sistema./

ATC.
       Por cierto el de la fotografía que va hablando por teléfono quién es. ¿Un guardaespaldas de Valadez de los que pagamos usted y yo con nuestros impuestos?. Ver para creer. Un presunto delincuente con guardaespaldas pagados con dinero público. Esta es la corrupción que nunca se había visto en Estepona, no el fraude de la Operación Astapa.

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La Operación Astapa destapa pagos a la Cadena Ser. La Junta financia al Grupo Prisa

ATC.

    Entre la documentación aparecida en el sumario Astapa se revelan pagos a Cadena Ser (Costa del Sol) por parte del Ayuntamiento de Estepona por valor de 50.000 euros. Además de otros pagos posteriores aparecidos en el único periódico esteponero Estepona Información, efectuados a la propia esposa Valadez, como  empleada de este medio, en este, su mandato (nunca mejor dicho), por valor de 23.000 euros.

    Aparte de estos y otros pagos del Ayuntamiento de Estepona a la Cadena Ser, a pesar de tener el Ayuntamiento sus propios medios de comunicación que cuestan dos millones y medio de euros al año, este medio de PRISA además recibe dinero en concepto de publicidad o miniespacios de otros Ayuntamientos así como de Mancomunidad de Municipios y de la propia Diputación de Málaga.

     Pero la cosa no queda ahí. Diversos programas de la Cadena Ser Andalucía, están siendo esponsorizados, por emisoras y medios del Grupo Prisa, con dinero público (o sea de usted y mío) en perjuicio de otros medios de comunicación andaluces,  con dinero de la Junta de Andalucía.

    Recientemente además hemos tenido noticias de dos subvenciones al diario El País, por valor de 300.000 euros cada una, por unos conceptos que jamás se les ha otorgado a ningún otro medio.

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La Agencia estatal de noticias EFE, cuya corresponsal en Estepona es la esposa de Valadez, revela una nueva prórroga del sumario Astapa antes de tener conocimiento los imputados

  ATC.

   Según informaba la Agencia estatal de noticias EFE en Estepona, o sea Mari Angeles Cervantes, esposa de Valadez, el juez de Astapa, el nuevo, ha prorrogado una vez más el secreto del sumario basándose en nuevos informes y tal. Lo de siempre: intentando escarvar, a ver si encuentran algo, aparte de las denuncias falsas de Valadez y Cristina, mientras acarrean enormes perjuicios a las empresas de los imputados, que se ven difamados sin que puedan actuar en su defensa como sería de suponer en un Estado de Derecho.

    La agencia EFE ha sido noticia días pasados por una dudosa subvención de la Junta de Andalucía de más de 600.000 euros y por la contratación a dedo en la misma del primo de Zapatero. ¿Investigarán esta contratación los sabuesos de Astapa?. 

    Además sobrevive con el dinero público, o sea de usted y mío, del propio Gobierno de la Nación...

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La explotación laboral se implanta en la Costa del Sol con empresas de inmigrantes

Empresas creadas por inmigrantes explotan a trabajadores inmigrantes y españoles en regímenes cercanos a la esclavitud.

ATC.

    Según hemos podido comprobar personalmente, acudiendo a varias ofertas de trabajo que resultaron ser de empresas creadas por personas inmigrantes residentes en la Costa del Sol, sobre todo de ciudadanos de Europa del Este y sudamericanos, estas empresas están explotando, por no decir esclavizando, a sus trabajadores.

Aprovechando la necesidad de trabajar para tantos parados como existen en la Costa (sólo en Estepona la cifra se eleva a casi 10.000 desempleados) estos advenedizos "empresarios" publican ofertas de trabajo, sobre todo en la prensa inglesa de la Costa (especialmentve en SurInEnglish y Euroweekly News), ofertando puestos que no se ajustan a lo publicado y, por tanto, fraudulentos o engañosos. Generalmente suelen ser empresas de servicios en general y mantenimiento de jardines que adquieren la concesión por parte de la administración de algunas urbanizaciones de lujo, para lo cual contratan a personal, generalmente inmigrante, por tiempo parcial (cuatro horas diarias) pero que se ven obligados a trabajar durante ocho horas con sólo media hora al día para comer (incluído almuerzo y desayuno en un único descanso). A estos trabajadores, que realizan su labor al aire libre, se les prohíbe fumar y sentarse, aunque sea tras un duro esfuerzo, durante la jornada laboral. Estas jornadas laborales son especialmente duras porque, entre otras cosas, se les obliga a realizar labores peligrosas, sin los medios necesarios, para las que no están preparados y que, hasta la llegada de la crisis, realizaban empresas especializadas con los medios adecuados. Entre estas labores destaca la poda de palmeras o el desmoche y poda de especies arbóreas, especialmente pinar. Así, mientras sus jefes explotan a estos trabajadores, ellos residen en urbanizaciones de lujo situadas en campos de golf de Marbella, Estepona o Benahavís. De esta situación son responsables también los propios administradores de las urbanizaciones así como sus presidentes, normalmente extranjeros. Esta situación es especialmente grave en el municipio de Marbella, donde muchos de estos inmigrantes trabajan, además de sin contrato, con la promesa de que tal día serán contratados después de un período de pruebas en régimen de explotación. En la mayoría de los casos los españoles, los cuales tienen vetados el trabajo en estas empresas, se ven obligados a trabajar en las mismas condiciones si quieren acceder al puesto o, directamente, se les niega, ante la posibilidad de que acaben denunciándoles; mientras ven como trabajadores inmigrantes les quitan el puesto de trabajo ilegalmente sin que nadie, ni sindicatos ni administraciones públicas hagan nada para evitarlo.

Esta situación viene derivada de que, en muchos casos, las urbanizaciones, con la llegada de la crisis y la necesidad de reducir gastos, despiden a sus antiguos trabajadores y acceden a la contratación de estas empresas advenedizas con costos muy inferiores a los establecidos por sus servicios, debido a la explotación a la que someten a sus trabajadores, que además deben realizar labores que no son las propias de su cualificación profesional. Mientras los trabajadores que antes realizaban dichas funciones, generalmente españoles en condiciones dignas, han ido a engrosar las listas de paro.

Así es fácil ver como personas contratadas de jardineros, por su cualificación que han debido avalar por C.V., se ven obligados un día entero a la semana, si no quieren perder el trabajo, a limpiar las calles de la urbanización, como si hubieran sido contratados de barrenderos. Al margen de la propia y lógica limpieza del lugar que los jardineros realizan diariamente, dentro de sus funciones, tras ejecutar los trabajos de jardinería para los que, en teoría, han sido contratados.

Así, contratan a estos trabajadores por media jornada pero con el conocimiento de que habrán de echar jornada completa con sólo media hora para almuerzo o desayuno en un sólo descanso, tras las primeras cuatro horas de la jornada, por el sueldo de 1.000 euros, la mitad en negro, obligándoles a realizar trabajos de poda de palmeras o pinos y limpiezas de calles, incluídas en el sueldo a pesar de que el anuncio de la oferta iba dirigida a jardineros para mantenimiento de jardines; donde se omitían las verdaderas funciones que habrán de realizar, cuando, por ejemplo, las empresas especializadas en podas de palmeras cobran 300 euros por unidad en cada una de las podas que realizan.

De esta forma se ahorran y defraudan miles de euros que les sirven a ellos para enviar ingentes cantidades de dinero a sus países de origen, además de para vivir como verdaderos magnates en la Costa del Sol a base de la explotación laboral de sus empleados. Los directivos de estas empresas, suelen ser personas acostumbradas a vivir en un régimen ex-comunista como Polonia, Rumanía o Rusia; sin descartar también empresas creadas por sudamericanos quienes, acostumbrados a la anarquía y precariedad del mercado laboral en sus países de origen, están importando esos modelos a la España de la UE, ante la pasividad de gobiernos y sindicatos que deberían defender, ante todo en España, los derechos de los españoles.

La explotación del "filipino" en casas de alto standing de la Costa del Sol.

Echando la vista atrás, la explotación laboral no es nueva en la Costa del Sol. Desde mediados de la década de los 80 se han venido formando mafias de contratación de personal, generalmente filipino (así son conocidos genéricamente en la Costa, especialmetne en la zona conocida como "Milla de Oro", desde Puerto Banús hasta el Marbella Club y Puente Romano) en trabajos vetados para personal español, en el ámbito de los servicios domésticos para familias residentes de muy alto poder adquisitivo. Hasta esa fecha, estas labores habían sido también realizadas por personas españolas, sobre todo mujeres, en dignas condiciones de trabajo.

El régimen de trabajo de este colectivo en la Costa es casi de esclavitud, debiendo convivir con las familias donde ofrecen sus servicios, sin régimen laboral alguno establecido, en algunos casos sin contratos, y encargados de todas las tareas de la casa, generalmente enormes chalets, por sueldos de miseria durante las 24 horas del día. Realizando tareas de chófer, lava coches, jardineros, fontaneros, amas de casa, electricistas y "chico o chica para todo". Todo en uno, con el consiguiente ahorro y fraude económico-laboral y, por supuesto, con el consiguiente perjuicio para el mercado de trabajo local de los españoles en nuestro propio país.

El problema ahora es que tal concepto está instalándose, o se ha instalado ya, en casi todos los sectores laborales de esta privilegiada zona costera malagueña.

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Más de "lo social" del PSOE andaluz: 15 meses sin abonar las ayudas para el alquiler

SIGUEN SIN LLEGAR

Para que se entienda, diremos que miles de personas han solicitado la ayuda por su alquiler según la propaganda de la Junta gobernada por el PSOE y han alquilado su piso esperándolas. Y no han llegado desde hace 15 meses.

2010-06-24

ANTONIO BARREDA/ Pedro de Tena

Las agencias de Fomento del Alquiler, empresas privadas que cooperan con la Junta de Andalucía, reconocen que la situación es muy grave y que ya no saben exactamente qué hacer ante las personas que esperan que se les abonen las cantidades que tienen reconocidas oficialmente. Otra lección de "política social" del PSOE andaluz. Tras la propaganda, para inquilinos, propietarios y agencias, nada de nada.

Lo publica este jueves el grupo Joly: La Junta lleva 15 meses o más en algunos casos sin abonar las ayudas para el fomento del alquiler lanzadas a bombo y platillo por la Consejería de Vivienda -hoy fusionada con Obras Públicas, cuya titular es la ex comunista Rosa Aguilar.

"Llamamos a la Junta, aportamos el DNI y el nombre del solicitante y se nos contesta que no hay dinero o que están estudiando la gestión", afirma un profesional del sector, que es de los pocos que sigue ofreciendo este servicio ante los impagos continuados de la Junta de Andalucía.

Al parecer, hay un triple problema:

a) Los retrasos, de más de un año, a las ayudas que deberían estar recibiendo los inquilinos y que tendrían que liquidarse trimestralmente.
b) Las ayudas que iban a recibir los propietarios de viviendas que pusieran su piso en alquiler por medio de las agencias, que tenían derecho a percibir 6.000 euros (o el 25% de las obras realizadas en el piso con un tope de 6.000 euros tras un cambio normativo). Estas ayudas llevan sin pagarse desde marzo de 2008, según los profesionales consultados, y se abonaban mediante fondos que se aportaban por el Ministerio de Vivienda.
c) En tercer lugar, las propias agencias, a quienes se les prometieron unos 600 euros por expediente y año.

Como ya es costumbre, la ineficacia en la gestión es abrumadora. Estas ayudas se gestionaban por la Consejería de Vivienda. Posteriormente, pasaron a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Esta empresa, a su vez, ha convocado sendos concursos de consultoría técnica para externalizar la tramitación de los expedientes y la autorización administrativa de los pagos.

A 31 de diciembre de 2009 quedaban por pagar 60.500 pagos trimestrales correspondientes a resoluciones aprobadas antes de finales del año pasado. El atasco administrativo es monstruoso, porque la Junta reconoce que tiene 8.844 solicitudes presentadas antes de finales de 2009 que ni siquiera han sido tramitadas.

El problema de los pagos de las agencias se va a afrontar por medio de una subcontrata específica, que va a realizar el trabajo de reconocimiento de deuda. Según el expediente, están pendientes 15.863 solicitudes de reconocimiento de deuda. EPSA gastará cerca de un millón de euros en las subcontratas.

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Un tal José Bernal (PSOE Marbella) no recuerda que también varios altos cargos socialistas aparecen en Astapa

 ATC.

   La ínclita valadesca se ha hecho hoy eco, como no, de un comunicado de un tal  José Bernal, del PSOE de Marbella, creo que vinculado también a la Mancomunidad, en el que se recrimina a Angeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, haber estado en un acto en Estepona apoyando al notario José María Urbano. Este personaje dice que la alcaldesa quiere llevar el modelo Malaya a todos los pueblos de la Costa. El paripé de Bernal se basa en que Urbano aparece en el sumario Astapa (sin imputación ninguna); pero olvida el ínclito socialista y la guardia pretoriana de Valadez en la SER, que también aparece en el sumario Malaya, una alto cargo de Urbanismo de la Junta, así como que en Astapa aparecen varios altos cargos socialistas como Marisa Bustinduy, Rafael Blanco o Velasco y algunos otros sin citar, curiosamente, los nombres, aunque están en boca de todos los esteponeros.

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El alcalde okupa de Estepona niega la palabra a Crespo y lo expulsa del Pleno

La mujer de Valadez, lo omite en el informativo de las 12,30.
ATC

   La Cadena Ser (Costa del Sol), donde trabaja la mujer del alcalde okupa, como es costumbre, omitía los asuntos polémicos protagonizados por su marido en los Plenos municipales; así hoy en su informativo de Hoy por Hoy Costa del Sol, omitía pronunciarse sobre la expulsión de Jose Ignacio Crespo del Pleno celebrado esta mañana.

    Según ha informado Diariosol.es, durante el punto de ruegos y preguntas Valadez llamaba a las autoridades después de que el edil del PES intentara pronunciarse tras haberle negado la palabra, por lo que podría tomar acciones legales. 

    Antes de la expulsión Crespo pidió al Secretario explicaciones sobre dónde estaba el alcalde el viernes pasado cuando debió haberse producido el pleno celebrado hoy.

     La mujer de Valadez se refería en su informativo (o lo que se llame eso), única y exclusivamente al punto, aprobado por unanimidad, para solicitar a otra empresa las reparaciones en las viviendas de VPO afectadas por defectos en la construcción en la zona de las Mesas.
     Cínicamente, la guardia pretoriana de Valadez en la SER, Marí Angeles Cervantes, volvía a omitir la noticia más destacable del Pleno (la expulsión de Crespo) en el informativo (o lo que sea), de las 2´20. Al final lo cita de pasada pero omitiendo las declaraciones de Crespo y los verdaderos motivos de la expulsión, que vino derivada de la negativa a contestar por parte del alcalde okupa. ¿No les da vergüenza al PSOE regional? No porque para eso, primero hay que tenerla.

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Valadez quiere poner al cobro una tasa ilegal desestimada en un Pleno, según el PP

21/Junio/2010 - Estepona

El PP denuncia la ilegalidad del cobro de la tasa del alcantarillado después de que fuera eliminada en 2009

Ignacio Mena denunció el incremento del 300% en la recaudación tributaria en Estepona desde 2003 a 2008

     Si hace unos días teníamos conocimiento de que el Ayuntamiento de Estepona ponía al cobro la tasa del Alcantarillado, después de que ésta fuera aprobada en agosto de 2007, según anunciaba la propia Francis Bernal, la pasada semana, quien además precisaba que este cobro se producía después de la firma el pasado 28 de mayo del alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, de un decreto para la aprobación del padrón referente a este gravamen, por el que se establece un censo de más de 20.000 viviendas, lo que permitiría al Consistorio un ingreso por este concepto de más de 600.000 euros, siendo el pago medio al que tendrá que enfrentarse cada ciudadano ascenderá a 30 euros, el PP denunciaba la ilegalidad de esta tasa después de recordar que el pasado 18 de septiembre de 2009 un acuerdo plenario acordaba la eliminación de este impuesto, así como el de la Basura o el de Apertura de Establecimientos.

El presidente del PP de Estepona, Ignacio Mena, no sólo recordaba al Ayuntamiento los acuerdos plenarios adoptados el pasado año y a los que no se han dado cumplimiento, a través de la maniobra de retrasar la firma de los correspondientes edictos para la posterior publicación en el BOP de la supresión de las tasas, sino que denunciaba públicamente la subida "brutal" de impuestos que el PSOE ha puesto en marcha en la localidad desde el año 2003. Prueba de ello, según Mena, es que en 2003 el Ayuntamiento recaudaba 9,37 millones a través de los tributos municipales, llegando a los 14,44 en 2007 y a los 25,34 en 2008. Cifras que se traducen en un incremento del 75% del crecimiento interanual entre los años 2007 y 2008, fecha en la que se aprobó una nueva Política Fiscal de manos del Gobierno de Antonio Barrientos, del que Valadez formaba parte, así como una subida del 300% desde el 2003 al 2008. Con estos datos, Mena, cuestionaba el destino del dinero, mientras sostenía el "despilfarro" de los ingresos de las arcas municipales por parte del PSOE a través de una gestión que "sólo sabe sostenerse a base de meter mano en los bolsillos de los esteponeros".

Finalmente, el presidente popular local se mostraba esperanzado en que la justicia finalmente acabe poniendo las cosas en su sitio, reconociendo que a día de hoy el PP no sabe con exactitud la situación económica del Ayuntamiento de Estepona, debido a la falta de información a la que se somete a la oposición. En este sentido, Mena concluía que "cuando estemos gobernando daremos cuenta de la situación real de las arcas municipales, no para alarmar, sino para informar, siendo nuestro principal cometido, lejos de escandalizar, sacar al Ayuntamiento de Estepona del entuerto en el que en estos momentos se encuentra".

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García Urbano advierte a Valadez de la ilegalidad que supone la disposición de los fondos urbanísticos de Estepona

El alcalde, David Valadez, lejos de desmentir un supuesto rumor aseguró que su gestión siempre se regirá por la legalidad

La sede de los populares de Estepona recibía este miércoles la visita de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y del presidente de los populares de Málaga, Elías Bendodo, quienes acompañaban al candidato del PP para las municipales del 2011, José María García Urbano, en un acto en el que los dos líderes mostraban su apoyo a la localidad y a la nueva apuesta del partido en Estepona, después de que la máxima representante municipal del Ayuntamiento de Marbella asegurara que ambos municipios debían ir de la mano, apostando porque lo que funcionó en Marbella en 2007 tiene que tener el mismo efecto en las próximas elecciones en Estepona. La alcaldesa explicó como el proyecto que presentó el PP en aquel entonces ha logrado sacar a Marbella del momento en el que se encontraba, para situarla en la normalidad institucional que permite no sólo el pago religioso de las nóminas, sino garantizar la prestación de servicios, entre otras cuestiones. Sin embargo parece que tanto a la regidora vecina como al presidente de los populares en Málaga se les olvidó mencionar la inyección económica que recibió Marbella y que, de momento, no se va a producir en Estepona. Una diferencia que puede ser un tanto cuantitativa a la hora de gestionar el municipio tras las municipales.


Al margen de esto, cabe destacar que lo verdaderamente importante de esta rueda de prensa vendría de la mano, como viene siendo habitual, del candidato popular, que con su característico tono en su discurso y haciéndose eco de un "rumor que hay en la calle", según señalaba el propio García Urbano, advertía de la posible intención del alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, de disponer de los fondos procedentes de convenios urbanísticos indisponibles y que, según el candidato, superarían los 23 millones de euros.

"Pido al Gobierno municipal que en estos pocos más de trescientos días de Gobierno que les queda no traigan al municipio más ruina y ruindad, que no utilicen sistemas heterodoxos para hacer uso de determinados fondos", aseguraba el candidato, quien sostenía y recordaba a Valadez que la Ley impide claramente la utilización de dichos fondos.

Valadez no lo desmiente

Antes de que comenzara la rueda de prensa del Partido Popular y sin que se conociera en ese momento el contenido de la misma, el alcalde de Estepona, el socialista convocaba una rueda de prensa, en la que lejos de desmentir el presunto rumor anunciado por García Urbano, aseguraba que la cantidad era superior a la facilitada por los populares, mientras que defendía que todas las acciones que se deriven de su gestión irán conforme a legalidad. Un argumento que ya hemos escuchado antes y que normalmente se traduce en disposiciones avaladas por los informes positivos del secretario accidental del Ayuntamiento de Estepona, Francisco Llamas.

 

ATC

    Por su parte, su esposa, la de Valadez, le ha grabado hoy una intervención en la SER Costa del Sol (donde  es jefa de informativos) arremetiendo contra Urbano y criticando que aún no le haya llamado para preocuparse cómo se van a pagar las nóminas. Asimismo ha criticado el hecho de que el Ayuntamiento de Marbella recibiera una inyección de 100 millones de euros en tiempos de la gestora.

     Por lo visto el alcalde okupa, está intentando solucionar el problema, desde la "legalidad", la misma que él no tiene como alcalde.

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LA AMPLIACIÓN ILEGAL DE LA VIVIENDA DE LA EDIL CRISTINA RODRÍGUEZ SIGUE IMPUNE.

Valadez no ha ordenado aún el inicio de los expedientes.

22/06. Paula Puerta

La ampliación, según la técnico del Ayuntamiento, es de 25 metros cuadrados La obra, según el informe de Disciplina, está valorada en más de 17.000 euros

La ampliación es constatable a simple vista desde la calle donde está ubicada la vivienda · Autor: Estepona Información

Parece que el asunto de la vivienda ilegal del que fuera jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Estepona, Luciano Sánchez, por el que el alcalde, el socialista David Valadez, resultó imputado por dos presuntos delitos urbanísticos no han servido como disuasión en la política permisiva del primer edil esteponero, después de comprobar que a finales del mes de abril, al menos, el Ayuntamiento de Estepona, a través de Valadez como alcalde y órgano competente para ello, no haya iniciado mediante el decreto correspondiente el Expediente Sancionador ni el inicio del Expediente para el Restablecimiento de la Legalidad Urbanística respecto a la ampliación ilegal llevada a cabo en la Vivienda de Protección Oficial de la edil socialista Cristina Rodríguez, teniendo en cuenta que ya han transcurrido más de cinco meses desde la certificación de la realización de las obras ilegales en la mencionada vivienda, situada en Cancelada, y transcurridos más de tres meses de la expiración del plazo que se le dio a la interesada para solicitar la legalización de las obras.

En este sentido cabe destacar que está redacción ha podido contrastar que desde entonces hasta ahora, la propietaria no ha hecho absolutamente nada al respecto. Una de las explicaciones posibles a esta pasividad, consultada a expertos en casos como éste, es que Cristina Rodríguez no habría solicitado dicha legalización porque ésta sería inviable ya que en la mayoría de casos como éste la ampliación de viviendas son ilegalizables debido a que el constructor ya habría agotado la edificabilidad con el edificio inicialmente construido.

El pasado 14 de agosto de 2009, Estepona Información publicaba que la edil socialista y compañera de fatigas de David Valadez podría estar incumpliendo con las limitaciones de superficie que se imponen para las VPO en su residencia habitual, lo que motivó que Disciplina Urbanística iniciara el Expediente Número 311/09, referido a la ampliación de vivienda sin licencia por parte de la edil el pasado 27 de Agosto de 2009 por acta de la Policía Local asignada a disciplina. A dicho expediente la Policía Local de Estepona adjuntó las correspondientes fotografías y planos.

Cuatro meses después, concretamente el 14 de diciembre de 2009, el Departamento de Disciplina emitía un informe técnico de Urbanismo, firmado por Juana G. Alcalá Díaz, en el que se hacía constar que la obra sin licencia consiste en "Ampliación de vivienda con una superficie aproximada de 25 m2". En el informe de Inspección, emitido el mismo día y firmado por la misma técnico se describen las obras como "ampliación planta ático aumentando volumen de torreón". En cuanto a la situación urbanística consigna que se trata de "Suelo Urbano, Núcleo Popular 2, planta baja +1. En el Proyecto de Edificación la vivienda presenta PB+1 y aparece un torreón de subida a cubierta, el cual se ha ampliado". Asimismo, en el informe la técnico municipal califica la infracción como grave, por obras sin licencia, teniendo en cuenta el art. 207 de la LOUA.

Respecto al apartado de medidas cautelares de dicho informe, la técnico sostiene que la infractora habrá de proceder a solicitar la legalización de las obras en el plazo de dos meses, advirtiendo que en caso contrario habrá de procederse al restablecimiento de la legalidad urbanística, mientras se valora la obra ilegal en 17.850 Euros. Por otra parte se advierte que su informe no es vinculante conforme a lo establecido en el art. 92.2 de la Ley 7/07 del Estatuto Básico del Empleado Público, lo que no significa en modo alguno que haya que actuar respecto a esta infracción con los resortes que establece la ley para estos casos.

Si ya hace años uno de los principales escollos en la política Urbanística del Ayuntamiento de Estepona fue la búsqueda de una solución a la ingente cantidad de expedientes de Disciplina respecto a viviendas ilegales, optándose desde el Consistorio por la reiniciación de los mismos con el fin de evitar la prescripción de estos expedientes, que así quedaban en situación de caducidad, éste caso y teniendo en cuenta que una de las explicaciones que se da por fuentes cercanas al departamento es que los expedientes están paralizados entretanto se busca una solución satisfactoria, es que el alcalde de Estepona, quien denunciara esta situación ante la Fiscalía Anticorrupción, que, entre otras consecuencias, conllevó la imputación de la edil socialista María Miralles, está a fin de cuentas llevando la misma política sin haber conseguido hasta hoy esa solución de la que él un día pensó probablemente pensó tener a su alcance.



Daños colaterales

En el informe emitido por la técnico municipal, al que en el cuerpo de la noticia se ha hecho referencia, ésta también señalaba que la situación de la vivienda de Rodríguez era similar a numerosos otros inmuebles situado en la misma promoción, instando a que se iniciaran los procedimientos disciplinarios en los casos en que se incurriera en ilegalidad. Cualquiera que se persone en cualquiera de las calles donde están ubicadas estás construcciones podrá comprobar cómo en la inmensa mayoría de los casos, la ampliación realizada por Rodríguez se repite. De momento no se han iniciado más inspecciones.

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MILITANTES Y EXMILITANTES SOCIALISTAS FIRMAN UN MANIFIESTO A FAVOR DE LA REORGANIZACIÓN DEMOCRATICA DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE ESTEPONA

En un comunicado de prensa solicitan una nueva gestora y la suspensión del nombramiento de Valadez como cabeza de lista

Diariosol.es
Los firmantes del comunicado, con el Presidente de la Asociación Progresista de Estepona, José Antonio Rodríguez, a la cabeza, señalan en su escrito que los graves acontecimientos vividos por la agrupación local del partido no sólo han abierto una brecha profunda entre la militancia sino que están condicionando la credibilidad de su proyecto.

Consideran que, en un momento de grave crisis económica, que obliga a un elevado compromiso a los militantes socialistas, en el PSOE de Estepona se hace necvesaria una profunda renovación que "debe ser protagonizada por un esfuerzo colectivo y de integración de todos los socialistas, progresistas y simpatizantes".

En este sentido, reclaman a la ejecutiva provincial que reconduzca la actual situación que, a su juicio, pasa por la constitución de una nueva Gestora representativa de la pluralidd que integre a la totalidad de la familia socialista.

Asimismo, en el segundo de los puntos de la citada nota, se oponen a la imposición de David Valadez como representante del PSOE en Estepona y solicitan la suspensión del nombramiento del actual alcalde como cabeza de lista hasta que sea la propia militancia quién proponga el candidato tras la reorganización del partido.

 

ATC

Ya dijimos desde estos mismos blogs que lo de Valadez nos devolvería a tiempos pasados. Precisamente esta misma situación se vivió en Estepona en la campaña a la Municipales de 1995; cuando un grupo de 400 afiliados firmaron un documento en contra de la dirección del PSOE local, al mando, por entonces, de Miguel Castro.

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El PP desmiente a Valadez y mantiene que la deuda es de 200 millones de euros

Avance-Mena (PP): El Ayuntamiento de Estepona debe 200 millones de euros

Los datos ofrecidos por Valadez no contabilizaban la deuda que el Consistorio no tiene reconocida

Diariosol.es

Tal y como ya anunciara el Partido Popular hace una semana, hoy el presidente del PP local de Estepona, Ignacio Mena, daba cuenta públicamente de las cifras reales de la deuda municipal, que contradicen las afirmaciones realizadas por el alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, cuando aseguró que Estepona había reducido en 11 millones de euros su deuda.

Según el PP, haciendo alusión a sus propias indagaciones así como al informe de Liquidación de la Intervención municipal para el ejercicio 2009, Estepona debe en facturas pendientes 23 millones de euros, mientras mantiene un acuerdo de pago con la Seguridad Social de más de 33 millones. Sin embargo, según sostenía Mena, lo escandaloso de este asunto es que en dicho informe no aparece contabilizado como es lógico lo que él ha denominado "pasivo oculto"; una partida que englobaría aquellas deudas contraidas por el Ayuntamiento de la localidad que no ha sido reconocida hasta la fecha. como la cantidad adeudada con las empresas Acciona, Vías y Construcciones o la mercantil Trigemer. Según los datos aportados por Mena, estas cantidades, muchas de ellas reclamadas judicialmente al Consistorio pero no contabilizadas, suponen un montante de más de 116 millones de euros, cifra en la que se incluye los intereses según la Ley de Morosidad.

En definitiva, el PP sostiene que con todo ésto el Ayuntamiento tendría una deuda que superaría los 200 millones de euros, que divididos entre los ciudadanos de la localidad resulta que cada individuo debería 4.000 euros. Un asunto que según Mena, deja a los dirigentes populares cuanto menos "atónitos", ya que demuestra una vez más que David Valadez "falsea" los datos en lugar de explicar la situación real que vive el municipio.

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Valadez manipula las cifras de la deuda

La anunciada reducción de la deuda, una nueva manipulación

Los datos del Ministerio de Hacienda se refieren únicamente a la deuda bancaria

Diariosol.es.
Unas declaraciones del candidato popular, García Urbano, en relación a las medidas económicas que pueda tomaren un futuro el Equipo de Gobierno municipal sirvieron de detonante para que Valadez, en una intervención retórica y haciéndose la pregunta a si mismo, anunciara la rebaja de la Deuda Municipal en nada más que 11 millones de euros.
La noticia es consecuencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en concreto del art. 41.2 del reglamento de desarrollo de la citada Ley, que establece "Dentro del primer trimestre de cada ejercicio, el Ministerio de Economía y Hacienda elevará informe detallado a la Comisión Nacional de Administración Local, de la Deuda Viva, a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, de cada entidad local, en términos agregados y expresados en euros. El informe anterior será publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda". Se considera "Deuda Viva", (o saldo financiero) a, sencilla y llanamente, la deuda que los ayuntamientos tienen contraída con la banca a una fecha determinada. En la citada magnitud económica no se incluyen las deudas con terceros, Hacienda o Seguridad Social, Patronato de Recaudación y otro tipo de organismos y particulares.
Así pues, la reducción del saldo pendiente bancario no sólo no es una buena noticia en este caso sino la constatación de la falta de confianza de las entidades financieras en nuestro Ayuntamiento. Cuando este Equipo de Gobierno se hizo cargo del Ayuntamiento la deuda bancaria estaba garantizada por los ingresos del Patronato de Recaudación que detraían mensualmente su importe de las cantidades a abonar en Tesorería. Como consecuencia de estos pagos y de la imposibilidad de contratar operación de crédito alguna es por lo que el saldo se ha visto disminuido en la cantidad anunciada. Esto no quiere decir que haya ocurrido lo mismo con el cómputo global de la deuda que, por el contrario, tal como se puso de manifiesto en el Informe de Liquidación del Presupuesto de 2009 que se sometió en Febrero al Pleno de la Corporación, el déficit real superaba los 65 millones de euros, en contra de lo que apuntaba el propio informe al ponerse de manifiesto un error de más de 20 millones en la confección del mismo. En el citado Pleno se estableció la obligatoriedad de la modificación del Decreto de aprobación de la liquidación presupuestaria que a estas alturas no está confirmado se haya efectuado por la alcaldía.
En el informe de la interventora, además de las propias cifras, se ponían de manifiesto numerosas irregularidades contables en el funcionamiento y tramitación de las facturas por parte de las distintas delegaciones, en su mayor parte por carecer de amparo presupuestario y formalizarse a través de expedientes extrajudiciales de crédito. En otro de los apartados del informe la interventora reconoce la existencia de 18,7 millones de euros en facturas pendientes de contabilizar procedentes del ejercicio 2009 y anteriores. A este respecto, señala que tiene conocimiento de que determinadas concejalías guardarían en su poder facturas pendientes, incluso, de registrar en el Registro General de Facturación. El pasado año habría solicitado a las distintas delegaciones todo tipo de documentación relativa a derechos, compromisos de gasto, subvenciones o cualquier otro tipo de documentación de la que no existiera constancia en Intervención y sólo cuatro de ellas habían hecho llegar la información.
Urbanismo, rizando el rizo del secretismo desestimó su envío "por no ser de su competencia". En relación a los Proyectos de Gasto, existen, curiosamente, excesos de financiación en 11 de las obras de caminos rurales financiados con Contribuciones Especiales por lo que, tras la oportuna comprobación, es más que probable que gran parte de los 625 mil euros que componen la partida hayan de ser devueltos a los vecinos sin que, a pesar de haberse puesto de manifiesto en 2.008, se hayan iniciado actuaciones en este sentido. De igual manera existe una desviación de 3,5 millones de euros en cuotas de urbanización cuyo cobro debiera destinarse a la ejecución de obras para las cuales se han cobrado las citadas cuotas de los promotores.
La no rectificación de la liquidación presupuestaria podría resultar de especial gravedad en el caso de que, tal como ha venido apareciendo en los medios, se haya utilizado como base para la solicitud de un crédito a largo plazo que garantizara la liquidez del Ayuntamiento hasta las próximas elecciones, al estar analizando los bancos cifras que no se ajustan a la realidad, al menos con lo aprobado por el Pleno.

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Cristina Rodríguez amenazó a una becaria de Estepona Información con comerse la cámara por fotografiar la fachada de su casa

    Los nervios parecen estar pasando factura a una de las denunciantes de Astapa, desde que Estepona Información sacase a la luz pública ciertas irregularidades en la vivienda de protección oficial que la concejala posee en Cancelada. 

     Según denunció a finales de 2009 el citado medio, la edil, abogada de profesión, habría llevado a cabo obras de ampliación en una vivienda sobre la cual estaría prohibido superar el volumen de construcción establecido en  90 metros cuadrados habitables. Estas obras habrían consistido en la construcción un ático o habitación de unos 25 metros cuadrados que no estarían reflejados en la escritura, por esta prohibición, y que, por tanto, se habría realizado sin licencia de obras.

      A tenor de aquella  información, sobre la cual nunca se pronunció la edil co-denunciante, de Astapa ,ésta habría llegado a amenazar con "comerse la cámara" a una becaria quien habría sido la encargada de las fotos que ilustraban dicha información. Además dirigió advertencias veladas a la redactora de la noticia, Paula Puertas, según aparece hoy en diariosol.es, como: “hay que tener poca vergüenza”, “yo soy muy querida entre mis vecinos”, “hay que hacer las cosas de frente” o “dile esto de mi parte a Paula Puerta”.

     A todas luces unas desafortunadas expresiones tratándose de un cargo público. Las fotos de la vivienda de la compañera de Valadez, serán publicadas esta semana en el semanario mencionado. Numerosas irregularidades, además de ésta, avalan la gestión pasada y presente de la edil  trepa socialista, que vé la paja en el ojo ajeno y no vé la viga en el suyo.

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