22/06. Paula Puerta
- La ampliación, según la técnico del Ayuntamiento, es de 25 metros cuadrados
La obra, según el informe de Disciplina, está valorada en más de 17.000 euros
 La ampliación es constatable a simple vista desde la calle donde está ubicada la vivienda · Autor: Estepona Información |
Parece que el asunto de la vivienda ilegal del que fuera jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Estepona, Luciano Sánchez, por el que el alcalde, el socialista David Valadez, resultó imputado por dos presuntos delitos urbanísticos no han servido como disuasión en la política permisiva del primer edil esteponero, después de comprobar que a finales del mes de abril, al menos, el Ayuntamiento de Estepona, a través de Valadez como alcalde y órgano competente para ello, no haya iniciado mediante el decreto correspondiente el Expediente Sancionador ni el inicio del Expediente para el Restablecimiento de la Legalidad Urbanística respecto a la ampliación ilegal llevada a cabo en la Vivienda de Protección Oficial de la edil socialista Cristina Rodríguez, teniendo en cuenta que ya han transcurrido más de cinco meses desde la certificación de la realización de las obras ilegales en la mencionada vivienda, situada en Cancelada, y transcurridos más de tres meses de la expiración del plazo que se le dio a la interesada para solicitar la legalización de las obras.
En este sentido cabe destacar que está redacción ha podido contrastar que desde entonces hasta ahora, la propietaria no ha hecho absolutamente nada al respecto. Una de las explicaciones posibles a esta pasividad, consultada a expertos en casos como éste, es que Cristina Rodríguez no habría solicitado dicha legalización porque ésta sería inviable ya que en la mayoría de casos como éste la ampliación de viviendas son ilegalizables debido a que el constructor ya habría agotado la edificabilidad con el edificio inicialmente construido.
El pasado 14 de agosto de 2009, Estepona Información publicaba que la edil socialista y compañera de fatigas de David Valadez podría estar incumpliendo con las limitaciones de superficie que se imponen para las VPO en su residencia habitual, lo que motivó que Disciplina Urbanística iniciara el Expediente Número 311/09, referido a la ampliación de vivienda sin licencia por parte de la edil el pasado 27 de Agosto de 2009 por acta de la Policía Local asignada a disciplina. A dicho expediente la Policía Local de Estepona adjuntó las correspondientes fotografías y planos.
Cuatro meses después, concretamente el 14 de diciembre de 2009, el Departamento de Disciplina emitía un informe técnico de Urbanismo, firmado por Juana G. Alcalá Díaz, en el que se hacía constar que la obra sin licencia consiste en "Ampliación de vivienda con una superficie aproximada de 25 m2". En el informe de Inspección, emitido el mismo día y firmado por la misma técnico se describen las obras como "ampliación planta ático aumentando volumen de torreón". En cuanto a la situación urbanística consigna que se trata de "Suelo Urbano, Núcleo Popular 2, planta baja +1. En el Proyecto de Edificación la vivienda presenta PB+1 y aparece un torreón de subida a cubierta, el cual se ha ampliado". Asimismo, en el informe la técnico municipal califica la infracción como grave, por obras sin licencia, teniendo en cuenta el art. 207 de la LOUA.
Respecto al apartado de medidas cautelares de dicho informe, la técnico sostiene que la infractora habrá de proceder a solicitar la legalización de las obras en el plazo de dos meses, advirtiendo que en caso contrario habrá de procederse al restablecimiento de la legalidad urbanística, mientras se valora la obra ilegal en 17.850 Euros. Por otra parte se advierte que su informe no es vinculante conforme a lo establecido en el art. 92.2 de la Ley 7/07 del Estatuto Básico del Empleado Público, lo que no significa en modo alguno que haya que actuar respecto a esta infracción con los resortes que establece la ley para estos casos.
Si ya hace años uno de los principales escollos en la política Urbanística del Ayuntamiento de Estepona fue la búsqueda de una solución a la ingente cantidad de expedientes de Disciplina respecto a viviendas ilegales, optándose desde el Consistorio por la reiniciación de los mismos con el fin de evitar la prescripción de estos expedientes, que así quedaban en situación de caducidad, éste caso y teniendo en cuenta que una de las explicaciones que se da por fuentes cercanas al departamento es que los expedientes están paralizados entretanto se busca una solución satisfactoria, es que el alcalde de Estepona, quien denunciara esta situación ante la Fiscalía Anticorrupción, que, entre otras consecuencias, conllevó la imputación de la edil socialista María Miralles, está a fin de cuentas llevando la misma política sin haber conseguido hasta hoy esa solución de la que él un día pensó probablemente pensó tener a su alcance.
Daños colaterales
En el informe emitido por la técnico municipal, al que en el cuerpo de la noticia se ha hecho referencia, ésta también señalaba que la situación de la vivienda de Rodríguez era similar a numerosos otros inmuebles situado en la misma promoción, instando a que se iniciaran los procedimientos disciplinarios en los casos en que se incurriera en ilegalidad. Cualquiera que se persone en cualquiera de las calles donde están ubicadas estás construcciones podrá comprobar cómo en la inmensa mayoría de los casos, la ampliación realizada por Rodríguez se repite. De momento no se han iniciado más inspecciones.
En este sentido cabe destacar que está redacción ha podido contrastar que desde entonces hasta ahora, la propietaria no ha hecho absolutamente nada al respecto. Una de las explicaciones posibles a esta pasividad, consultada a expertos en casos como éste, es que Cristina Rodríguez no habría solicitado dicha legalización porque ésta sería inviable ya que en la mayoría de casos como éste la ampliación de viviendas son ilegalizables debido a que el constructor ya habría agotado la edificabilidad con el edificio inicialmente construido.
El pasado 14 de agosto de 2009, Estepona Información publicaba que la edil socialista y compañera de fatigas de David Valadez podría estar incumpliendo con las limitaciones de superficie que se imponen para las VPO en su residencia habitual, lo que motivó que Disciplina Urbanística iniciara el Expediente Número 311/09, referido a la ampliación de vivienda sin licencia por parte de la edil el pasado 27 de Agosto de 2009 por acta de la Policía Local asignada a disciplina. A dicho expediente la Policía Local de Estepona adjuntó las correspondientes fotografías y planos.
Cuatro meses después, concretamente el 14 de diciembre de 2009, el Departamento de Disciplina emitía un informe técnico de Urbanismo, firmado por Juana G. Alcalá Díaz, en el que se hacía constar que la obra sin licencia consiste en "Ampliación de vivienda con una superficie aproximada de 25 m2". En el informe de Inspección, emitido el mismo día y firmado por la misma técnico se describen las obras como "ampliación planta ático aumentando volumen de torreón". En cuanto a la situación urbanística consigna que se trata de "Suelo Urbano, Núcleo Popular 2, planta baja +1. En el Proyecto de Edificación la vivienda presenta PB+1 y aparece un torreón de subida a cubierta, el cual se ha ampliado". Asimismo, en el informe la técnico municipal califica la infracción como grave, por obras sin licencia, teniendo en cuenta el art. 207 de la LOUA.
Respecto al apartado de medidas cautelares de dicho informe, la técnico sostiene que la infractora habrá de proceder a solicitar la legalización de las obras en el plazo de dos meses, advirtiendo que en caso contrario habrá de procederse al restablecimiento de la legalidad urbanística, mientras se valora la obra ilegal en 17.850 Euros. Por otra parte se advierte que su informe no es vinculante conforme a lo establecido en el art. 92.2 de la Ley 7/07 del Estatuto Básico del Empleado Público, lo que no significa en modo alguno que haya que actuar respecto a esta infracción con los resortes que establece la ley para estos casos.
Si ya hace años uno de los principales escollos en la política Urbanística del Ayuntamiento de Estepona fue la búsqueda de una solución a la ingente cantidad de expedientes de Disciplina respecto a viviendas ilegales, optándose desde el Consistorio por la reiniciación de los mismos con el fin de evitar la prescripción de estos expedientes, que así quedaban en situación de caducidad, éste caso y teniendo en cuenta que una de las explicaciones que se da por fuentes cercanas al departamento es que los expedientes están paralizados entretanto se busca una solución satisfactoria, es que el alcalde de Estepona, quien denunciara esta situación ante la Fiscalía Anticorrupción, que, entre otras consecuencias, conllevó la imputación de la edil socialista María Miralles, está a fin de cuentas llevando la misma política sin haber conseguido hasta hoy esa solución de la que él un día pensó probablemente pensó tener a su alcance.
Daños colaterales
En el informe emitido por la técnico municipal, al que en el cuerpo de la noticia se ha hecho referencia, ésta también señalaba que la situación de la vivienda de Rodríguez era similar a numerosos otros inmuebles situado en la misma promoción, instando a que se iniciaran los procedimientos disciplinarios en los casos en que se incurriera en ilegalidad. Cualquiera que se persone en cualquiera de las calles donde están ubicadas estás construcciones podrá comprobar cómo en la inmensa mayoría de los casos, la ampliación realizada por Rodríguez se repite. De momento no se han iniciado más inspecciones.
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