Según refleja hoy la prensa local y provincial, La Comisión de Expertos independientes del Pacto Antitransfuguismo ha declarado tránsfuga a la concejala de Cultura de Estepona, Silvia Cabrera. Silvia Cabrera, quien había formado parte de la Gestora marbellí por el PP, se presentó por estas siglas en la presente legislatura para, en septiembre de 2009 anunciar su pase al grupo mixto como paripé antes de pasar a formar parte del equipo de gobierno de Valadez, impuesto a la fuerza un año antes con la connivencia de jueces y fiscales. Ahora esta Comisión le pone nombre a su actuación con todas las letras, como no podía ser menos, Silvia Cabrera ha violado el pacto antitransfuguismo y, por tanto, es una tránsfuga: «constitutiva de transfuguismo» por «haberse apartado unilateralmente de su grupo municipal, traicionando con ello la confianza de sus compañeros de lista, de la formación política de procedencia (PP) y de sus electores».
El PP la denunció en diciembre de 2009 ante la última sesión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo aunque no pudo o no hubo voluntad política de determinar si su actuación incurría en transfuguismo. Por lo que su caso fue remitido a la Comisión de Expertos que ahora ha hecho pública su decisión de declararla tránsfuga.
No obstante la Comisión va más lejos y subraya que la misma calificación de tránsfuga podría tener el alcalde si no la expulsa inmediatamente de su equipo de gobierno: «El alcalde debe retirar sin paliativos, todas las atribuciones de gobierno a esta concejala, lo que comporta su expulsión del equipo de gobierno, so pena en caso contrario en incurrir él mismo de forma voluntarista en un supuesto de transfuguismo». Decir que si Valadez fuese declarado tránsfuga lo tendría muy difícil en su elección como cabeza de lista por el PSOE o por lo queda de este partido en Estepona.
El ínclito alcalde, como si con él no fuera la cosa y tirando balones fuera, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados a los esteponeros, dice que esperará a conocer el dictamen para hacer una "valoración". ¿Pero quién le ha pedido al alcalde okupa una "valoración"?. Lo único que tiene que hacer es expulsarla del equipo de gobierno. ¿Quién es él para hacer una valoración? ¿Quién se la ha pedido? Tras esta "valoración" se esconde la intención de no acatar el contenido del informe de la Comisión y ganar tiempo. Porque claro, una "valoración" conlleva el estudio del documento, etc., y eso lleva tiempo hombre. Valiente desfachatez.
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