Con el primer expediente urbanístico a debatir en pleno llega la discordia llevada hasta el extremo en la Corporación
Llegados al meollo del cogollo del pleno de este mes de marzo, es decir a los expedientes de Urbanismo, para empezar el alcalde decidía retirar del orden del día los puntos 17 y 19, es decir el relativo a la modificación de elementos de "Cuesta de Arroyo Judío" y la tan polémica a priori ampliación del Polígono Industrial, según argumentaba el alcalde por falta de los apoyos necesarios.
Así, la modificación puntual de elementos "Las Joyas Sur" abría la caja de los truenos después de que Ignacio Mena, portavoz del PP, comenzara su intervención pidiendo que el asunto se quedara sobre la mesa a no ser que el alcalde demostrara que en el cuerpo del texto del expediente constara la licencia antigua, con la que el alcalde había llevado a cabo su argumentación previa. En este sentido, cabe destacar que el portavoz de los socialistas, Carlos Rodríguez, defendía en la presentación del punto que dicha modificación de elementos resolvería un problema jurídico respecto de una licencia no caducada antes del PGOU de 1994; un asunto que según Rodríguez y de ser aprobado evitaría al Ayuntamiento tener que hacer frente a una indemnización así como dotar al pueblo de Estepona de la posibilidad.
Tras casi una hora de cruce de acusaciones, el PP volvía a mostrar una extraña conducta al votar a favor de que el asunto se quedara sobre la mesa, para a continuación y después de que su propuesta no hubiera prosperado abstenerse en la aprobación de la modificación de elementos.
Los concejales no adscritos, en contra
A diferencia de los populares los que sí votaban en consonancia con la argumentación esgrimida por el edil no adcsrito, Francisco Zamorano, eran los ediles no adscritos provenientes de las filas socialistas, que se oponían a la aprobación del expediente.
Eso sí, antes de ese momento, el edil no adsctrito se despachaba a gusto, tras advertitr a la Corporación que toda la edificabilidad que se aprobara en este expediente habría que ser restada al expediente a votar a continuación relativo a la Universidad de Estepona, teniendo en cuenta el crecimiento marcado por la LOUA.
Zamorano iba aún más lejos después de asegurar, dirigiendose al resto de los ediles de la Corporación, que en estos casos votar era algo comprometido teniendo en cuenta que no hace demasiado tiempo, refiriéndose a Valadez, éste "defendía los convenios urbanísticos y convencía a los concejales para que votaran a favor, para por la tarde ir a la Fiscalía a denunciar a esas mismas personas".
Si Mena no se atrevió, argumentando que no quería dar titulares a la prensa, quien sí pronunció las máginas palabras fue Zamorano, quien definió el punto como un "pelotazo urbanístico de 5,5 millones de euros" en unas plusvalía que, según defendió el concejal, sólo revertirían en el propietario de los suelos y no en el pueblo de Estepona.
Finalmente, en una votación cuanto menos curiosa, el punto no obtenía la mayoría necesaria para este tipo de asuntos; eso sí, los únicos que tuvieron la gallardía de posicionarse claramente en contra fueron los concejales no adscritos provenientes del PSOE. Los que no votaron a favor, es decir los miembros del equipo de Gobierno, optaron por la abstención.
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