Crónica Negra de la II República


¿No tienes enemigos? ¿Es que jamás dijiste la verdad o jamás amaste la justicia? Santiago Ramón y Cajal.
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27 de octubre de 2010

Astapa, Valadez y la Ley del Embudo.

Diariocosta

La Ley del Embudo es una expresión popular, que se emplea para denunciar una injusticia surgida de la diferencia de trato que nos da la legalidad vigente: “Para mí y mis amigos, el lado ancho. Para mis enemigos el lado estrecho”.

El próximo mes de noviembre se cumplen cuatro años de la denuncia que presentaron al alimón Valadez y Cristina Rodríguez dando lugar al llamado caso Astapa. En la misma, se enumeraban una serie de actuaciones supuestamente irregulares: pago de productividades, contrataciones de personal, patrocinios diversos, utilización del dinero de los convenios urbanísticos para fines no previstos en la ley, adjudicaciones irregulares, etc. Casualmente, esa operación llevó a la alcaldía a uno de los denunciantes, Valadez. Desde entonces, muchos ciudadanos hemos observado con perplejidad como los denunciantes hacen lo mismo que ellos reprochaban a los denunciados, utilizando un día si y el otro también la popular Ley del Embudo, es decir lo ancho para ellos; lo estrecho para los demás.

A los hechos me remito.

En la denuncia que dio origen a la operación Astapa, Valadez y Cristina Rodríguez manifestaron que supuestamente se utilizaba el dinero de los convenios urbanísticos para fines no previstos en la LOUA. Pues bien, Valadez fue denunciado por el Tesorero Municipal ante la Fiscalía por utilizar irregularmente el dinero del Convenio con la Familia Real Saudita. Además, Valadez ha reconocido, sin sonrojo alguno, que ha utilizado y seguirá utilizando el dinero de los demás convenios para pagar las nóminas, siendo denunciado por ello tanto por el Partido Popular como por el sindicato CSIF.

Otro asunto denunciado por Valadez y Cristina Rodríguez fue el pago supuestamente irregular de productividades a funcionarios. Pues bien, los denunciantes no han tenido pudor alguno en seguir pagando mes a mes no sólo productividades millonarias a funcionarios, sino también al personal de confianza política e incluso se han pagado productividades por trabajos no realizados. Así lo han denunciado de manera reiterada los sindicatos CSIF, UGT y ATAE.

Otra de las cuestiones denunciadas por Valadez y Cristina Rodríguez fue la supuesta adjudicación de diversas obras o servicios sin respetar la Ley de Contratos. Pues bien, paradójicamente hace unos días que un Concejal denunció ante el Pleno de la Corporación la adjudicación a dedo del contrato de publicidad de los campos de fútbol de Estepona, apuntando la posibilidad de que Valadez hubiera incurrido en un presunto delito de prevaricación, ya que esta adjudicación se había realizado a dedo. El Concejal que denunció los hechos, criticó la “doble vara de medir de Valadez, que utiliza la ley del embudo a la hora de tomar una decisión. Lo ancho para él y la denuncia ante los mismos hechos para los demás”.

También Valadez y Cristina Rodríguez denunciaron que el Ayuntamiento utilizaba el patrocinio de empresas para realizar actividades culturales o deportivas. Paradójicamente, no sólo Valadez y su gobierno han acudido al patrocinio para realizar igualmente eventos culturales o deportivos, sino que en un acto público con motivo de la Semana de Cine, Valadez defendió la necesidad de los patrocinios, ya que con esa formula las actividades patrocinadas tenían un coste cero para el Ayuntamiento. Además, en una reunión con los representantes de la UD. Estepona , Valadez incluso se comprometió a buscarles patrocinadores privados.

Igualmente, Valadez y Cristina Rodríguez denunciaron que las contrataciones de personal se realizaban, supuestamente, de manera irregular. Paradójicamente, se ha publicado en diversos medios que Valadez fue contratado a dedo para la Radio y Televisión Estepona, cuando aún no tenía ni terminada su licenciatura, se le ascendió dos meses después a la subdirección, sin tener ninguna experiencia ni bagaje profesional que lo pudiera justificar y se le duplicó el sueldo. Igualmente, varias formaciones políticas han denunciado que Valadez realizó numerosas contrataciones a dedo en su etapa de Concejal de Personal e incluso se hicieron públicas varias cartas, remitidas por él, en las que indicaba a quién y como había que contratar. También un Concejal denunció ante el Pleno Municipal la contratación irregular, no ya en las empresas municipales, sino en el Ayuntamiento, del que ha sido jefe de gabinete de Valadez, Luciano Sánchez, por parte de la otra denunciante, Cristina Rodríguez.

Esa deleznable manera de actuar parece que también se ha trasladado a parte del partido socialista, ya que ha mantenido a Valadez como alcalde, a pesar de estar imputado por prevaricación urbanística, y para más INRI lo presenta como candidato a las próximas elecciones municipales, utilizando una diferente vara de medir con respecto a otros imputados.

Flaco favor se le hace al Estado de Derecho cuando la Ley se aplica a unos y otros con distintas varas de medir y cuando se permite que algunos utilicen la Ley del Embudo. Como decía Fernando de Rojas hace ya cinco siglos, “perversa es la ley que no es igual para todos”.

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9 de octubre de 2010

Ni la Policía, ni la Fiscalía, ni la Justicia conocían "la verdad material" del caso Astapa cuando se produjeron las detenciones

Las detenciones se produjeron en base a informes falsos o sesgados, en cualquier caso sin haberse investigado nada relevante. 

  El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Estepona ha reconocido, a pesar del secreto parcial del ¿sumario?, errores en un informe policial sobre el patrimonio de Barrientos; pero existen muchos más errores en los informes policiales. Hace algunos meses también recogía errores en los informes sobre otro de los imputados. Realmente eran todos los informes policiales, en los que la jueza se basó para poner en marcha la esperpéntica e infundada Operación Astapa, una chapuza sesgada tras otra, dirigidos a imputar sin ton ni son y especialmente a sus oponentes políticos (de hecho no se investigó nada) para conseguir, con el beneplácito de Presidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior (saltándose a la torera el resultado electoral), que Valadez fuera alcalde.
   Otro error, de bulto, contenido en dichos informes es la adjudicación que le hacen a Manuel Reina de un padre que no es tal. Ni siquiera eso investigó la Policía. ¿Por qué? ¿Interesaba presentar a ese señor como padre de Reina aún siendo falso? Lo que sea con tal de conseguir el objetivo consignado:  "Valadez tiene que ser alcalde caiga quien caiga". A todas luces lo ocurrido en Estepona no fue otra cosa que un golpe institucional contra la voluntad de un pueblo expresada en las urnas.  De hecho si existiera un poco de decencia judicial y ésta fuera independiente del legislativo, esta operación tendría que ser declarada nula; pues toda la investigación desde el principio, como se demostrará, está manipulada y esconde un único fin: político. Darle al "niño" la alcaldía para que se caye, había en juego tres procesos electorales: Las propias municipales en 2007 y las Andaluzas y Generales del año siguiente, mayo de 2008. Curiosamente las detenciones se produjeron un mes después de esta última cita electoral, tal como advertiría dos años antes el propio Fiscal General del Estado Conde Pumpido.
    El juez actual de este esperpéntico caso viene aduciendo en sus últimos autos ,donde desestima  la apertura total del sumario después de  cuatro años de secreto (país bananero), que las investigaciones, ahora, van por el buen camino y que es necesario mantener el "secreto" para conocer la "verdad material". Claro que el hecho de que según el propio juez de la operación (uno de los cuatro que ha tenido hasta ahora), aún no se sepa la "verdad material", pone de manifiesto la falta de objetividad de la jueza Conejo (la segunda de la operación) en los autos de detención y los delitos que se le imputaban a los detenidos e imputados...

En las próximas horas...

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26 de junio de 2010

La Agencia estatal de noticias EFE, cuya corresponsal en Estepona es la esposa de Valadez, revela una nueva prórroga del sumario Astapa antes de tener conocimiento los imputados

  ATC.
   Según informaba la Agencia estatal de noticias EFE en Estepona, o sea Mari Angeles Cervantes, esposa de Valadez, el juez de Astapa, el nuevo, ha prorrogado una vez más el secreto del sumario basándose en nuevos informes y tal. Lo de siempre: intentando escarvar, a ver si encuentran algo, aparte de las denuncias falsas de Valadez y Cristina, mientras acarrean enormes perjuicios a las empresas de los imputados, que se ven difamados sin que puedan actuar en su defensa como sería de suponer en un Estado de Derecho.
    La agencia EFE ha sido noticia días pasados por una dudosa subvención de la Junta de Andalucía de más de 600.000 euros y por la contratación a dedo en la misma del primo de Zapatero. ¿Investigarán esta contratación los sabuesos de Astapa?. 
    Además sobrevive con el dinero público, o sea de usted y mío, del propio Gobierno de la Nación...

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14 de junio de 2010

"Arrepentidos de Astapa"

     Según fuentes cercanas a la investigación del "no caso" Astapa, tanto algunos policías, como la propia fiscalía estarían arrepentidos de como se ha llevado el caso, especialmente de cara a la opinión pública con la consiguiente negativa repercusión para la imagen de Estepona, cuyo secreto de sumario se prolonga ya por tres años y tres meses, sin que, al margen de algún que otro desfase o casos aislados de posibles irregularidades, se haya sacado en claro nada destacable y mucho menos una trama organizada como se intentó hacer creer desde el principio.
      Algún investigador se atreve a afirmar que Astapa quedará en nada o en culquier caso en nada parecido a lo que cabría suponer a tenor de las Diligencias Previas que se adoptaron. Al parecer el mayor quebradero de cabeza ahora es justificar la prisión de los cinco que fueron enviados a Al-haurín: dos meses en el caso del técnico Witmeur, que sigue trabajando en el Ayuntamiento y ha sido incluso objeto de productividades, las mismas que Valadez denunció en Astapa, y seis en el caso de Barrientos, Reina, Flores y Crespo.
   Para algunos de estos investigadores las acusaciones estaban manipuladas o simplemente eran medias verdades o mentiras y su inicio fue inquisitorial, algo que, por cierto, nos está revelando el levantamiento del  propio sumario.

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10 de junio de 2010

La Fiscalía vuelve a pedir la digitalización de ´Astapa´

Tribunales
Ante el silencio de la Junta, envía un segundo escrito exigiendo informatizar 150 cajas de documentos que mantienen la investigación paralizada.
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Hace tan sólo 20 días, la Fiscalía Anticorrupción se quejó de que 150 cajas de documentos intervenidos en los registros iniciales del «caso Astapa» contra la corrupción urbanística en Estepona, que tuvieron lugar en junio de 2008, duermen el sueño de los justos en el depósito de la Unidad Central de Delitos Económicos en Madrid. El hecho de que no hubieran sido digitalizados estos «papeles» paralizó la instrucción.

       La Fiscalía Anticorrupción vuelve a la carga, y el pasado 31 de mayo envió un escrito, otro más, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, en el que pide al juez Jesús Torres que exija la digitalización de esas 150 cajas. Fuentes de Anticorrupción afirmaron que «el instructor mantiene el secreto parcial de las actuaciones porque se desconoce el alcance de los documentos intervenidos en los registros. Han de ser analizados por medios artesanales». El sigilo procesal se ordenó en enero de 2007, tras la denuncia inicial del actual alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), y de la edil Cristina Rodríguez.
«Ante el retraso que acumula la instrucción, que viene motivada en buena parte por la gran dificultad que implica la localización y el procesamiento de la documentación que en cada caso han de analizar los funcionarios de la policía judicial o los peritos, además de las frecuentes peticiones de documentación que viene recibiendo este juzgado de órganos administrativos y judiciales y que por las mismas razones aún no se han podido atender, considero imprescindible la digitalización de todos los documentos intervenidos en los registros domiciliarios de junio de 2008», consta en el escrito remitido al órgano instructor de «Astapa», al que tuvo acceso La Opinión de Málaga.
    
    Una vez más, la Fiscalía Anticorrupción interesa en el escrito que se «requiera» a tal efecto «al órgano competente» de la Junta de Andalucía para que se informatice lo incautado en las intervenciones domiciliarias. «En el caso de que no hubiera respuesta en breve plazo o ésta fuera negativa, proponemos que se vuelva a pedir ayuda a la Agencia Tributaria puesto que, dadas las circunstancias, en ningún caso supondría una invasión de las competencias autonómicas». Hacienda ya se opuso a ello al entender que eso era trabajo de la Junta de Andalucía.
Incluso el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, hizo gestiones para recordar a la Junta «la absoluta necesidad» de informatizar esas cajas, que nada tienen que ver con el sumario, formado por cerca de cuarenta tomos.
 
      La Junta culpó al juzgado del retraso en la informatización de los tomos, pero nada dijo de las 150 cajas de documentos. «En su día se pidió ayuda al Ejecutivo andaluz porque esperábamos que hubiera una colaboración similar a la que existió en «Malaya». Ello agilizó la fase de investigación», apuntaron.

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7 de junio de 2010

Valadez solicitaba "incidencias" a la jueza Conejo, aprovechando la petición de documentación confiscada.

Según se desprende del sumario astapero, Valadez solicitaba "incidencias" a la juez encargada  entonces del caso  Isabel Conejo, aprovechando varias solicitudes al Juzgado para poder tener acceso a documentación sobre asuntos municipales y que habían sido confiscados por los investigadores.
    El motivo del conocimiento de dichas "incidencias" era para "definir la actuación del Ayuntamiento":
"...Por todo lo expuesto, interesamos de ese Juzgado la devolución de los documentos y expedientes originales, indicándonos la incidencia que de las Diligencias Previas 1030/2007 que se siguen ante ese Juzgado, se derivan en relación a los mismos, a los efectos de definir, en su caso, las actuación de este Ayuntamiento". Tomo XXIII. página 5 y otras.

   Suponiendo que el Juzgado hubiera accedido no ya a facilitar la documentación requerida, sino  a consignar tales "incidencias"; ¿no estaríamos también ante un caso de información privilegiada considerada secreta?. ¿Quién dijo tonto? ¡No es nadie el niño!

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