Las detenciones se produjeron en base a informes falsos o sesgados, en cualquier caso sin haberse investigado nada relevante.
El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Estepona ha reconocido, a pesar del secreto parcial del ¿sumario?, errores en un informe policial sobre el patrimonio de Barrientos; pero existen muchos más errores en los informes policiales. Hace algunos meses también recogía errores en los informes sobre otro de los imputados. Realmente eran todos los informes policiales, en los que la jueza se basó para poner en marcha la esperpéntica e infundada Operación Astapa, una chapuza sesgada tras otra, dirigidos a imputar sin ton ni son y especialmente a sus oponentes políticos (de hecho no se investigó nada) para conseguir, con el beneplácito de Presidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior (saltándose a la torera el resultado electoral), que Valadez fuera alcalde.
Otro error, de bulto, contenido en dichos informes es la adjudicación que le hacen a Manuel Reina de un padre que no es tal. Ni siquiera eso investigó la Policía. ¿Por qué? ¿Interesaba presentar a ese señor como padre de Reina aún siendo falso? Lo que sea con tal de conseguir el objetivo consignado: "Valadez tiene que ser alcalde caiga quien caiga". A todas luces lo ocurrido en Estepona no fue otra cosa que un golpe institucional contra la voluntad de un pueblo expresada en las urnas. De hecho si existiera un poco de decencia judicial y ésta fuera independiente del legislativo, esta operación tendría que ser declarada nula; pues toda la investigación desde el principio, como se demostrará, está manipulada y esconde un único fin: político. Darle al "niño" la alcaldía para que se caye, había en juego tres procesos electorales: Las propias municipales en 2007 y las Andaluzas y Generales del año siguiente, mayo de 2008. Curiosamente las detenciones se produjeron un mes después de esta última cita electoral, tal como advertiría dos años antes el propio Fiscal General del Estado Conde Pumpido.
El juez actual de este esperpéntico caso viene aduciendo en sus últimos autos ,donde desestima la apertura total del sumario después de cuatro años de secreto (país bananero), que las investigaciones, ahora, van por el buen camino y que es necesario mantener el "secreto" para conocer la "verdad material". Claro que el hecho de que según el propio juez de la operación (uno de los cuatro que ha tenido hasta ahora), aún no se sepa la "verdad material", pone de manifiesto la falta de objetividad de la jueza Conejo (la segunda de la operación) en los autos de detención y los delitos que se le imputaban a los detenidos e imputados...
El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Estepona ha reconocido, a pesar del secreto parcial del ¿sumario?, errores en un informe policial sobre el patrimonio de Barrientos; pero existen muchos más errores en los informes policiales. Hace algunos meses también recogía errores en los informes sobre otro de los imputados. Realmente eran todos los informes policiales, en los que la jueza se basó para poner en marcha la esperpéntica e infundada Operación Astapa, una chapuza sesgada tras otra, dirigidos a imputar sin ton ni son y especialmente a sus oponentes políticos (de hecho no se investigó nada) para conseguir, con el beneplácito de Presidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior (saltándose a la torera el resultado electoral), que Valadez fuera alcalde.
Otro error, de bulto, contenido en dichos informes es la adjudicación que le hacen a Manuel Reina de un padre que no es tal. Ni siquiera eso investigó la Policía. ¿Por qué? ¿Interesaba presentar a ese señor como padre de Reina aún siendo falso? Lo que sea con tal de conseguir el objetivo consignado: "Valadez tiene que ser alcalde caiga quien caiga". A todas luces lo ocurrido en Estepona no fue otra cosa que un golpe institucional contra la voluntad de un pueblo expresada en las urnas. De hecho si existiera un poco de decencia judicial y ésta fuera independiente del legislativo, esta operación tendría que ser declarada nula; pues toda la investigación desde el principio, como se demostrará, está manipulada y esconde un único fin: político. Darle al "niño" la alcaldía para que se caye, había en juego tres procesos electorales: Las propias municipales en 2007 y las Andaluzas y Generales del año siguiente, mayo de 2008. Curiosamente las detenciones se produjeron un mes después de esta última cita electoral, tal como advertiría dos años antes el propio Fiscal General del Estado Conde Pumpido.
El juez actual de este esperpéntico caso viene aduciendo en sus últimos autos ,donde desestima la apertura total del sumario después de cuatro años de secreto (país bananero), que las investigaciones, ahora, van por el buen camino y que es necesario mantener el "secreto" para conocer la "verdad material". Claro que el hecho de que según el propio juez de la operación (uno de los cuatro que ha tenido hasta ahora), aún no se sepa la "verdad material", pone de manifiesto la falta de objetividad de la jueza Conejo (la segunda de la operación) en los autos de detención y los delitos que se le imputaban a los detenidos e imputados...
En las próximas horas...
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