Pedro de Tena 2012-02-14
El Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz, anunciado por el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en el Palacio de Congresos de la capital en octubre de 2007, contemplaba que la Bahía recibiría 95 millones de euros repartidos entre aportaciones del Estado y de la propia Junta. Cuatro años después el Tribunal de Cuentas ha recomendado al Sistema Público de Empleo Estatal (SPEE) que analice esas aportaciones y ha denunciado que más de 4 millones de euros no aparecen y más de 16 se destinaron a financiar desempleo y no a la inversión productiva.
Según Diario de Cádiz, hay dos asuntos relevantes. En primer lugar, el Tribunal detalla que ese año el Plan Integral de Empleo de la Bahía recibió una asignación inicial de 25,32 millones de euros, de los que 20,46 millones fueron créditos comprometidos. De esta forma, un total de 4,86 millones fueron remanentes de crédito no comprometidos que debían ser reintegrados mediante un ingreso al Banco de España. Pero no lo han sido y no se sabe dónde está el dinero.
Es más, el Tribunal de Cuentas afirma que el Plan de la Bahia de Cádiz fue el único que no justificó dicho reintegro. Por tanto, concluye que el Servicio Público de Empleo Estatal "debe proceder a adoptar las medidas oportunas tendentes a solicitar el reintegro por un importe de 4,86 millones de euros, así como los intereses de demora legalmente establecidos, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, como consecuencia de los remanentes de crédito no comprometidos derivados de la justificación de la subvención nominativa concedida en el ejercicio 2009, por un importe global de 25,32 millones de euros, relativa al Plan Integral de Empleo de Andalucía. Bahía de Cádiz". El director General del SPEE expuso que, con fecha 10 de noviembre de 2011, se había iniciado el procedimiento de reintegro con la finalidad de recuperar el importe no justificado debidamente por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El segundo punto lacerante es que el Tribunal de Cuentas denuncia que las subvenciones nominativas concedidas a la Junta de Andalucía para el desarrollo del Plan Integral de Empleo para la Bahía de Cádiz, cuyo importe se elevó en el bienio 2008-2009 a un total de 16 millones de euros, podrían haber servido para financiar prestaciones por desempleo "aplicando un procedimiento distinto al establecido en la normativa vigente".
El acuerdo suscrito entre el Estado y la Junta para las subvenciones al plan de empleo de la Bahía estaba fuertemente vinculado a la recolocación de los trabajadores de Delphi. Pero el Tribunal de Cuentas entiende, a partir de la documentación justificativa de este Plan Integral de Empleo, que en el ejercicio 2008 los compromisos de crédito ascendieron a 8 millones de euros y "las obligaciones reconocidas sólo alcanzaron un total de 4 millones de euros, sin que la citada Comunidad Autónoma tuviera la obligación de reintegrar el importe correspondiente a la diferencia (4 millones euros) existente entre los créditos comprometidos y las obligaciones reconocidas, no disponiendo este Tribunal de Cuentas ni el SPEE de documentación acreditativa que permita comprobar que los recursos asignados en el presupuesto de gastos se aplicaron a los fines previstos en el mismo, por lo que el SPEE debe realizar las actuaciones oportunas para verificar el adecuado destino de este remanente de fondo y, en su caso, exigir el correspondiente reintegro".
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