LA AMPLIACIÓN ILEGAL DE LA VIVIENDA DE LA EDIL CRISTINA RODRÍGUEZ SIGUE IMPUNE.

Valadez no ha ordenado aún el inicio de los expedientes.

22/06. Paula Puerta

La ampliación, según la técnico del Ayuntamiento, es de 25 metros cuadrados La obra, según el informe de Disciplina, está valorada en más de 17.000 euros

La ampliación es constatable a simple vista desde la calle donde está ubicada la vivienda · Autor: Estepona Información

Parece que el asunto de la vivienda ilegal del que fuera jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Estepona, Luciano Sánchez, por el que el alcalde, el socialista David Valadez, resultó imputado por dos presuntos delitos urbanísticos no han servido como disuasión en la política permisiva del primer edil esteponero, después de comprobar que a finales del mes de abril, al menos, el Ayuntamiento de Estepona, a través de Valadez como alcalde y órgano competente para ello, no haya iniciado mediante el decreto correspondiente el Expediente Sancionador ni el inicio del Expediente para el Restablecimiento de la Legalidad Urbanística respecto a la ampliación ilegal llevada a cabo en la Vivienda de Protección Oficial de la edil socialista Cristina Rodríguez, teniendo en cuenta que ya han transcurrido más de cinco meses desde la certificación de la realización de las obras ilegales en la mencionada vivienda, situada en Cancelada, y transcurridos más de tres meses de la expiración del plazo que se le dio a la interesada para solicitar la legalización de las obras.

En este sentido cabe destacar que está redacción ha podido contrastar que desde entonces hasta ahora, la propietaria no ha hecho absolutamente nada al respecto. Una de las explicaciones posibles a esta pasividad, consultada a expertos en casos como éste, es que Cristina Rodríguez no habría solicitado dicha legalización porque ésta sería inviable ya que en la mayoría de casos como éste la ampliación de viviendas son ilegalizables debido a que el constructor ya habría agotado la edificabilidad con el edificio inicialmente construido.

El pasado 14 de agosto de 2009, Estepona Información publicaba que la edil socialista y compañera de fatigas de David Valadez podría estar incumpliendo con las limitaciones de superficie que se imponen para las VPO en su residencia habitual, lo que motivó que Disciplina Urbanística iniciara el Expediente Número 311/09, referido a la ampliación de vivienda sin licencia por parte de la edil el pasado 27 de Agosto de 2009 por acta de la Policía Local asignada a disciplina. A dicho expediente la Policía Local de Estepona adjuntó las correspondientes fotografías y planos.

Cuatro meses después, concretamente el 14 de diciembre de 2009, el Departamento de Disciplina emitía un informe técnico de Urbanismo, firmado por Juana G. Alcalá Díaz, en el que se hacía constar que la obra sin licencia consiste en "Ampliación de vivienda con una superficie aproximada de 25 m2". En el informe de Inspección, emitido el mismo día y firmado por la misma técnico se describen las obras como "ampliación planta ático aumentando volumen de torreón". En cuanto a la situación urbanística consigna que se trata de "Suelo Urbano, Núcleo Popular 2, planta baja +1. En el Proyecto de Edificación la vivienda presenta PB+1 y aparece un torreón de subida a cubierta, el cual se ha ampliado". Asimismo, en el informe la técnico municipal califica la infracción como grave, por obras sin licencia, teniendo en cuenta el art. 207 de la LOUA.

Respecto al apartado de medidas cautelares de dicho informe, la técnico sostiene que la infractora habrá de proceder a solicitar la legalización de las obras en el plazo de dos meses, advirtiendo que en caso contrario habrá de procederse al restablecimiento de la legalidad urbanística, mientras se valora la obra ilegal en 17.850 Euros. Por otra parte se advierte que su informe no es vinculante conforme a lo establecido en el art. 92.2 de la Ley 7/07 del Estatuto Básico del Empleado Público, lo que no significa en modo alguno que haya que actuar respecto a esta infracción con los resortes que establece la ley para estos casos.

Si ya hace años uno de los principales escollos en la política Urbanística del Ayuntamiento de Estepona fue la búsqueda de una solución a la ingente cantidad de expedientes de Disciplina respecto a viviendas ilegales, optándose desde el Consistorio por la reiniciación de los mismos con el fin de evitar la prescripción de estos expedientes, que así quedaban en situación de caducidad, éste caso y teniendo en cuenta que una de las explicaciones que se da por fuentes cercanas al departamento es que los expedientes están paralizados entretanto se busca una solución satisfactoria, es que el alcalde de Estepona, quien denunciara esta situación ante la Fiscalía Anticorrupción, que, entre otras consecuencias, conllevó la imputación de la edil socialista María Miralles, está a fin de cuentas llevando la misma política sin haber conseguido hasta hoy esa solución de la que él un día pensó probablemente pensó tener a su alcance.



Daños colaterales

En el informe emitido por la técnico municipal, al que en el cuerpo de la noticia se ha hecho referencia, ésta también señalaba que la situación de la vivienda de Rodríguez era similar a numerosos otros inmuebles situado en la misma promoción, instando a que se iniciaran los procedimientos disciplinarios en los casos en que se incurriera en ilegalidad. Cualquiera que se persone en cualquiera de las calles donde están ubicadas estás construcciones podrá comprobar cómo en la inmensa mayoría de los casos, la ampliación realizada por Rodríguez se repite. De momento no se han iniciado más inspecciones.

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Valadez manipula las cifras de la deuda

La anunciada reducción de la deuda, una nueva manipulación

Los datos del Ministerio de Hacienda se refieren únicamente a la deuda bancaria

Diariosol.es.
Unas declaraciones del candidato popular, García Urbano, en relación a las medidas económicas que pueda tomaren un futuro el Equipo de Gobierno municipal sirvieron de detonante para que Valadez, en una intervención retórica y haciéndose la pregunta a si mismo, anunciara la rebaja de la Deuda Municipal en nada más que 11 millones de euros.
La noticia es consecuencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en concreto del art. 41.2 del reglamento de desarrollo de la citada Ley, que establece "Dentro del primer trimestre de cada ejercicio, el Ministerio de Economía y Hacienda elevará informe detallado a la Comisión Nacional de Administración Local, de la Deuda Viva, a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, de cada entidad local, en términos agregados y expresados en euros. El informe anterior será publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda". Se considera "Deuda Viva", (o saldo financiero) a, sencilla y llanamente, la deuda que los ayuntamientos tienen contraída con la banca a una fecha determinada. En la citada magnitud económica no se incluyen las deudas con terceros, Hacienda o Seguridad Social, Patronato de Recaudación y otro tipo de organismos y particulares.
Así pues, la reducción del saldo pendiente bancario no sólo no es una buena noticia en este caso sino la constatación de la falta de confianza de las entidades financieras en nuestro Ayuntamiento. Cuando este Equipo de Gobierno se hizo cargo del Ayuntamiento la deuda bancaria estaba garantizada por los ingresos del Patronato de Recaudación que detraían mensualmente su importe de las cantidades a abonar en Tesorería. Como consecuencia de estos pagos y de la imposibilidad de contratar operación de crédito alguna es por lo que el saldo se ha visto disminuido en la cantidad anunciada. Esto no quiere decir que haya ocurrido lo mismo con el cómputo global de la deuda que, por el contrario, tal como se puso de manifiesto en el Informe de Liquidación del Presupuesto de 2009 que se sometió en Febrero al Pleno de la Corporación, el déficit real superaba los 65 millones de euros, en contra de lo que apuntaba el propio informe al ponerse de manifiesto un error de más de 20 millones en la confección del mismo. En el citado Pleno se estableció la obligatoriedad de la modificación del Decreto de aprobación de la liquidación presupuestaria que a estas alturas no está confirmado se haya efectuado por la alcaldía.
En el informe de la interventora, además de las propias cifras, se ponían de manifiesto numerosas irregularidades contables en el funcionamiento y tramitación de las facturas por parte de las distintas delegaciones, en su mayor parte por carecer de amparo presupuestario y formalizarse a través de expedientes extrajudiciales de crédito. En otro de los apartados del informe la interventora reconoce la existencia de 18,7 millones de euros en facturas pendientes de contabilizar procedentes del ejercicio 2009 y anteriores. A este respecto, señala que tiene conocimiento de que determinadas concejalías guardarían en su poder facturas pendientes, incluso, de registrar en el Registro General de Facturación. El pasado año habría solicitado a las distintas delegaciones todo tipo de documentación relativa a derechos, compromisos de gasto, subvenciones o cualquier otro tipo de documentación de la que no existiera constancia en Intervención y sólo cuatro de ellas habían hecho llegar la información.
Urbanismo, rizando el rizo del secretismo desestimó su envío "por no ser de su competencia". En relación a los Proyectos de Gasto, existen, curiosamente, excesos de financiación en 11 de las obras de caminos rurales financiados con Contribuciones Especiales por lo que, tras la oportuna comprobación, es más que probable que gran parte de los 625 mil euros que componen la partida hayan de ser devueltos a los vecinos sin que, a pesar de haberse puesto de manifiesto en 2.008, se hayan iniciado actuaciones en este sentido. De igual manera existe una desviación de 3,5 millones de euros en cuotas de urbanización cuyo cobro debiera destinarse a la ejecución de obras para las cuales se han cobrado las citadas cuotas de los promotores.
La no rectificación de la liquidación presupuestaria podría resultar de especial gravedad en el caso de que, tal como ha venido apareciendo en los medios, se haya utilizado como base para la solicitud de un crédito a largo plazo que garantizara la liquidez del Ayuntamiento hasta las próximas elecciones, al estar analizando los bancos cifras que no se ajustan a la realidad, al menos con lo aprobado por el Pleno.

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ENÉSIMO ASALTO A LAS ARCAS MUNICIPALES. EL ALCALDE SOCIALISTA OBRERO DE ESTEPONA PAGA 9.000 € EN PRODUCTIVIDADES EN LA NÓMINA DE MAYO

2.160 € PARA EL CARGO DE CONFIANZA Y DELEGADO DE CCOO J.P.FERNÁNDEZ GAGO Y 1.310 € PARA EL MANDO DE LA POLICÍA LOCAL ANTONIO GARCÍA TORRES

CSIF(Estepona)

Aunque a los vecinos y vecinas de estepona pudiera parecerles lo contrario, entre otras cosas por las numerosas noticias que aparecen prácticamente a diario en distintos medios de comunicación, referidas a falta de papel higiénico en los colegios, combustible en los vehículos municipales, cloro para la piscina municipal, lejía para limpieza, folios en las oficinas, o algunas otras..... El Ayuntamiento de Estepona debe de encontrarse en una situación económica privilegiada y prueba de ello son los nueve mil euros de bonificaciones que este mes el señor David Valadez ha repartido entre sus allegados.

 Este despilfarro clientelista del PSOE esteponero, escandaliza y sorprende en tiempos de crisis como el actual, a menos que el alcalde esté mintiendo y las arcas municipales estén saneadas. De ser así, sería una buena noticia para los vecinos y vecinas de la localidad, que podrán exigir al señor David Valadez que aprovechando que tiene dinero para sobresueldos, disminuya el tipo impositivo que graba el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la Basura o elimine la tasa de alcantarillado, por poner unos simples ejemplos que redunden en beneficio de los ciudadanos.

 Desde hace meses CSIF viene denunciando públicamente el saqueo constante y el uso bastardo que se está haciendo de los caudales públicos, considerando insultante tanta generosidad con el dinero ajeno, otro gallo cantaría si el dinero saliese del bolsillo de los señores gobernantes. Así mientras por un lado el PSOE como gobierno de la nación rebaja sueldos de profesores, médicos o guardias civiles y congela pensiones de jubilados y discapacitados, el señor David Valadez y la señora Cristina Rodríguez pagan sobresueldos a enchufados políticos, adláteres y aduladores.

 En relación con el favorecido cargo de confianza y mano derecha de la señora Cristina Rodríguez, puede leerse en la Web del PSOE de Benalmádena de boca del portavoz de dicho partido, Javier Carnero, lo siguiente:…..“Durante los últimos meses del ‘bolinismo’, y con la complicidad de Fernández Gago, el anterior concejal de personal  quiso sacar adelante un plan de retribuciones que nosotros anulamos al llegar a la Alcaldía, y que ahora ha vuelto a retomar al regresar al Área de Personal”, señaló Carnero, que recordó que dicho plan de retribuciones especiales “fue elaborado por el propio Fernández Gago, una persona que ha sido invalidada por la justicia para ejercer esas competencias por fabricarse una plaza a medida”.

 Por coherencia y pulcritud política, esta incongruencia de pagar sobresueldos en Estepona a un individuo tachado de enchufado por el PSOE de Benalmádena, requiere que de inmediato los responsables políticos de dicho partido ordenen el cese del citado cargo. Consentir este sinsentido equivaldría a reconocer la dependencia y sumisión de David Valadez ante el sindicato CCOO a quién representa como delegado Fernández Gago. Difícil ejercicio de malabarismo o equilibrio circense el que pretende ejecutar el gobierno local que por un lado contenta a responsables sindicales como Gago, pero para ello deja sin nómina a los más de 1.200 empleados municipales.

 En cuanto al Subinspector de Policía incluido en el grupo de agraciados con el sobresueldo, el sindicato recuerda al señor alcalde que siguen esperando aclaración por la posible situación de este funcionario e  integrante de la Banda Municipal, quién con las últimas sentencias judiciales habidas ostentaría también la condición de personal laboral lo que supone una infracción a la Ley de incompatibilidades, norma que a juzgar por los proceder municipal se exige cumplir a unos pero no así a otros como por ejemplo la concejala de personal.

 En cuanto al pago a los Escoltas de Seguridad del Señor Alcalde, el sindicato advierte al primer edil que estos abonos están fuera del programa de productividad de la policía local y bomberos aprobados en pleno, por lo que no están justificados ni se ajustan a lo establecido en la legislación vigente. CSIF insta a que esta cantidad de 300 € que el señor alcalde ha prometido como gratificación mensual a los agentes que velan por su seguridad personal, salga de su bolsillo o en su defecto la someta al dictamen de pleno, considerando el sindicato que lo legal y justo sería revisar el complemento específico de dichos puestos y si así se entiende su adaptación a la realidad de riesgo, disponibilidad y dedicación de dichos profesionales.

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Intervención pone freno a la nueva productividad de Gago

31/Mayo/2010 - Estepona

Gago carece de la titulación requerida para sustituir a su antecesor en el cargo

Diariosol.es/Estepona Información.

    Poco podía suponer  quien avanzó el órdago de Fernández Gago que su indiscreción iba a dar tanto juego. Tras la publicación en este mismo semanal, en tono de humor y por parte de nuestro infiltrado de la última página, del ultimátum que el actual Jefe de Personal habría dado a los máximos responsables municipales - o compensación económica por la bajada de su salario a probada en pleno o dimisión- las ya habituales lanzas que abundan en la citada delegación se volvieron contra todo lo que se movía tratando de localizar al autor de la filtración.
El pasado 12 de Mayo, la concejal de personal, Cristina Rodríguez Alarcón, efectuaba una propuesta para el abono de un complemento de productividad mensual de 2.160 euros a José Pedro Fernández Gago con el argumento de "haber afrontado diferentes actuaciones de una enorme complejidad técnica y organizativa con el fin de ir solventando la difícil situación por la que pasa este Ayuntamiento en materia de Recursos Humanos, con gran éxito en su gestión y obteniendo unos resultados sin duda imprescindibles..."
Con fecha 18 de Mayo, se emite un informe favorable a la citada propuesta por parte de una Técnico del departamento de Personal destinada en las empresas municipales, lo que contradice gravemente el argumentario de Valadez en relación a la separación Ayuntamiento-Empresas. La propia concejal, en un evidente lapsus, suscribe el informe de la técnico como Consejera-Delegada y no como Concejal como corresponde al tratarse de un funcionario de empleo.
Artículo Derogado
La falta de experiencia de la técnico en la emisión de este tipo de informes, cabe recordar que sus funciones se enmarcan dentro empresas acogidas a la legislación privada, careciendo de experiencia en la legislación pública, no ha sido óbice para que los responsables políticos de la delegación hayan dejado un asunto de tamaña importancia en manos de una trabajadora sin los conocimientos necesarios en la materia a la que han puesto en el compromiso - no es la primera vez - de actuar por encima de sus posibilidades y competencias. Así, la trabajadora, en su informe, se ampara en la Ley 30/1984 que establece para el personal funcionario la posibilidad  de abonar un complemento de productividad que "retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que desempeñen el puesto de trabajo". Sin embargo, este artículo, aunque define el complemento de productividad de forma similar al Art. 5.1 del Real Decreto 861/1986, está actualmente derogado. Por otra parte, a través del procedimiento por el que se pretende dar cobertura legal al complemento citado, se vulneran las normas legales que lo regulan, Así, en Sentencia del Tribunal Constitucional 216/2005, se fija la obligatoriedad para los entes públicos de acreditar la regularidad de sus actos y ni siquiera el margen de discrecionalidad aplicable a estos puede obviar la exigencia de carga probatoria a la que la Administración debe atender, siquiera en supuesto de decisiones discrecionales. Por otra parte, la aplicación de este complemento retributivo incrementaría de forma notable e los límites establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado lo que conlleva la nulidad del acto, según fuentes jurídicas consultadas por Estepona Información.
Incumplimiento generalizado
Son numerosas las sentencias del Tribunal Supremo que amparan la desestimación por parte de la Intervención del complemento propuesto. Tanto desde el punto de vista de la consideración del complemento como algo "no fijo en su cuantía, ni periódico en su retribución" (STS de 06/09) como de su vinculación a un determinado puesto de trabajo con independencia de la actitud de un funcionario concreto en su desarrollo tratando de confundirlo con otro tipo de complementos como el de destino o el específico que si deben estar expresamente contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo.
Finalmente, el argumento de la realización de la jornada de 40 horas semanales, es decir 2,5 horas por encima de lo marcado para Función Pública, no resulta de aplicación en el caso de Fernández Gago al estar destinado a funcionarios de carrera e interinos, no así a funcionarios de empleo como es su caso. En definitiva, no deben utilizarse los complementos de productividad como medio de compensación o mejora de otras retribuciones estables.

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   Lo más curioso de la afición de Valadez y Cristina a las productividades,  ahora que  el Ayuntamiento es suyo, es que la jueza Conejo también puso en solfa e intentó investigar, después de las imputaciones, posteriores al 17 de junio de 2008 con la irrupción de la operación "antiterrorista" por supuesto, las productividades durante el período de Barrientos.  ¿Qué habrá pasado? ¿Se está investigando también a ellos, a raíz de lo que ahora se conoce y han denunciado, entre otros, el CSIF?

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