Las defensas de Astapa consiguen tres meses de plazo para denunciar la nulidad de la causa

 
Diario Costa

Esta causa ha batido un record en cuanto a duración del secreto. Además, las defensas se hayan visto abrumadas por el volumen de más de 30.000 folios que componen la instrucción. Los abogados se han quejado de la desigualdad existente en cuanto al tiempo otorgado para poder impugnar las resoluciones y el modo de actuar en una investigación que coinciden en señalar como irregular y al margen de la ley.
Tras el levantamiento total del secreto, se han realizado diversas peticiones para poder recurrir toda la causa en su totalidad y durante un plazo mucho mayor que el previsto en la decimonónica ley actual. Dicha propuesta ha tenido acogida tanto por la fiscalía, como por el Sr. Juez Instructor, que finalmente ha otorgado a las defensas un plazo de 3 meses y con posibilidad de impugnar resoluciones a lo largo de toda la dilatada causa, eso si, con la única condición de no recurrir aspectos que ya hubieran sido resueltos con anterioridad.
Según fuentes jurídicas, ello supone el punto de inflexión de mayor trascendencia desde el inicio de este asunto y puede suponer la nulidad de gran parte de lo actuado, ya que “se ha excedido con mucho las reglas del juego en cuanto a la investigación de este tipo de asuntos”, según dichas fuentes. En concreto se apunta la posibilidad que se produzca la declaración de las escuchas telefónicas como nulas, las entradas y registros y otro tipo de actuaciones judiciales,lo que puede suponer un vuelco en una instrucción que ha sido puesta en entredicho por la forma en la que se ha llevado a cabo.

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El CGPJ quiere sancionar con multa a la jueza de Estepona que imputó a Valadez por dos delitos

El CGPJ estudiará si suspende a una juez de Estepona por 'retrasos injustificados'. La mujer de Valadez, en EFE, desinforma en un titular.
Europa Press | Málaga
Actualizado miércoles 27/10/2010 17:59 horas

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este jueves si suspende un año y multa con 1.300 euros a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Estepona (Málaga), Alicia Ruiz Ortiz, por "desatención" y "retrasos injustificados" en su juzgado.

La Comisión Disciplinaria elevará este jueves una propuesta al Pleno del órgano de gobierno de los jueces en la que emplaza a suspender un año a Ruiz por una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que castiga la "desatención o el retraso injustificado y reiterado" en la tramitación y resolución de los procesos.

Asimismo, propone multar con 1.000 euros a Ruiz al considerarla autora de una falta grave ya que la juez habría obstaculizado labores de inspección, tal y como establece el artículo 418.17 de la LOPJ.

La Comisión Disciplinaria también insta a dar una "advertencia" e imponer 300 euros de multa a Ruiz por una falta leve del artículo 419.2 de la citada ley, que condena la "desatención o desconsideración" hacia los ciudadanos o hacia abogados y procuradores, representantes del Ministerio Fiscal, médicos forenses, graduados sociales, secretarios o agentes de la Policía Judicial.

Inspección del juzgado
La Comisión Permanente del CGPJ decidió el 11 de diciembre del pasado año realizar una inspección extraordinaria al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Estepona. De este modo, comprobó su organización, los tiempos empleados en resolver los expedientes y los asuntos pendientes.

Precisamente, el juzgado del que es titular Alicia Ruiz imputó en esas fechas al alcalde de la localidad, David Valadez, por un delito de prevaricación urbanística y por otro de omisión del deber de perseguir delitos, una causa que estaría supuestamente relacionada con las obras de una vivienda en suelo rústico por parte del jefe de Gabinete de Alcaldía de Estepona. Valadez anunció el pasado abril que el Ministerio Fiscal había solicitado el sobreseimiento de la causa.

ATC

   Supuestamente no; está relacionada, lo que son presuntos son los delitos, la causa no es presunta.Precisamente la corresponsal de Europa Press en Estepona es íntima amiga de Valadez y debería  saberlo.  

   No hay nada más falso que lo del máximo órgano de control judicial CGPJ. Por ejemplo qué hace este "órgano" cuando miembros que forman parte de una investigación tienen que dimitir porque, lejos de colaborar con la Justicia, ciertas administraciones se oponen a ejecutar el auto de un juez como ocurrió con JAG en el caso Malaya. ¿A quién tiene que sancionar este "órgano" en estos casos?. ¿Existen protocolos de quejas de este órgano "de control judicial" ante otras administraciones que se nieguen a colaborar con la Justicia y que tengan dichas quejas, una vez probadas, todas las consecuencias que fuese necesario? Creo que no. España es una república bananera. O a lo mejor ni eso, simplemente una monarquía bananera le es más propicio.

   Porque culpar de los retrasos de unos juzgados que están sobrecargados y todos retrasados, a sólo una jueza es muy sospechoso.
    Por otro lado también la mujer de Valadez. como corresponsal de la zona en EFE publica hoy una información claramente manipulada. Veremos que nos depara esta información puesto que esta familia a la que se refiere la compañera sentimental de Valadez a través del informe, ¿dudoso como tantos otros de la la Policía en este caso, lo cual ya es sospechoso?, tiene desde siempre muchas propiedades en Estepona y de hecho se dice que en esa época vendió alguna.
    En cualquier caso observen que la propia Policía dice que el ingreso de dinero en la sociedad Belice, que a ver qué diablos tiene que ver con corrupción municipal, fue depositado desde cuentas bancarias de los padres, no con dinero negro. Veremos a ver que reacciones produce ahora en los afectados o "pacientes judiciales", el conocimiento de otra parte de esta "pedazo" de investigación. De hecho Pedro Fernández está en libertad bajo fianza de 300.000 euros.
    Porque claro, en principio algo raro tiene que haber cuando el titular de la noticia dice que ingresó 10 millones de euros en mes y medio, cuando este imputado estuvo cuatro años en el puesto y además el grueso de la información no hace referencia exacta, no se había investigado nada, sobre la procedencia del dinero, sólo habla de indicios, no de pruebas por parte de la Policía. Ya sabemnos en lo que van a quedar muchos de los "indicios" policiales de esta vergonzosa operación antidemocrática, exclusivamente "diseñada" en la trastienda del Gobierno de la Nación para darle la alcaldía a Valadez, como el que le da un caramelo a un niño.
  Porque nada justifica el daño que esta paparruchada de operación ha infringido a Estepona y su buen nombre. 

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Juan Carlos Escribano mintió en su declaración, según Barrientos y Reina

Antonio Barrientos mantiene que el promotor mintió por venganza. Según declaraciones del ex alcalde de Estepona aparecidas hoy en la prensa, Escribano pudo actuar por venganza al negarse el Ayuntamiento a legalizar una promoción denunciada por muchos compradores porque no cumplió el contrato. Porque el inmueble "no cumplía la normativa, era ilegal", y el Ayuntamiento no iba "a darle, como él pretendía, una licencia de manera ilegal".

    Según la declaración del "testigo" promotor,  en comisaría y en el juzgado la novia y ahora mujer del ex alcalde le pidió un descuento del cincuenta por ciento en la adquisición de pisos, ya que éstos iban a ser para el entonces regidor, Antonio Barrientos. El ex-alcalde ha respondido que "hay tipejos de todo tipo" y que están estudiando presentar contra Escribano una querella criminal por testimonio falso.

    Asimismo ha añadido que "la mentira tiene las patas muy cortas", porque su mujer compró una casa de setenta metros cuadrados pero fue en Casares (Málaga), por la que tiene una hipoteca de 200.000 euros con Caja Madrid, mientras que "otros han comprado áticos por 130.000 euros y tienen más metros cuadrados", en clara referencia al ático que adquirió Valadez a una de las empresas denunciadas (según algunas fuentes Valadez sería propietario no de uno sino de dos áticos de la misma u otra empresa). Barrientos ha subrayado que confía plenamente en la Justicia.

     Otro de los aludidos en su declaración es Manuel Reina, de quien dice que le presionó para que le hiciera una rebaja del 50% por uno o todos los apartamentos de la promoción, lo cual según el ex-edil de Hacienda es totalmente falso ya que, de hecho, ni siquiera conoce a Escribano ni posee, ni ha poseído nunca ninguna propiedad en el Mirador de la Cala. Reina ha aclarado que no se ha puesto en contacto con este empresario, para pedirle explicaciones por estas falsas imputaciones, por temor a que pudiera ser denunciado por amenazas,  por lo que solicitará un careo con este empresario.

     Según algunas fuentes los tomos del caso Astapa son 33;  según  otras serían 40 tomos los que forman parte de este "sumario" y aún ni siquiera se han abierto las 150 cajas de documentación confiscada en los registros de junio de 2008. Por lo que con la apertura de los 25 tomos estaríamos a sólo ocho o diez para concluir el secreto. El levantamiento del sumario sobre los tomos del 21 al 25 con la excepción del 22 y 24, que permanecen, incompresiblemente, bajo secreto,  no deparan nada nuevo a lo argumentado hasta ahora. sin olvidar que las escuchas pudieran ser anuladas por la ilegalidad que rodea al sistema SITEL  y por lo irregular de las órdenes de escucha dadas por parte de Conejo, sin haber llevado a cabo previamente ningún tipo de investigación de las denuncias presentadas.

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