UGT denuncia la marginación a la que han sido sometidos los trabajadores de la empresa Promoción y Comunicación

30/Marzo/2011 - Estepona 

El sindicato recuerda cómo en pleno se aprobó por unanimidad la inclusión de estos trabajadores en el proceso de subrogación

Diariosol.es Estepona.

"Desde UGT mostramos nuestra más absoluta indignación y desaprobación, por los acontecimientos transcurridos en el pleno celebrado en el día de ayer en la propuesta plenaria de asunción de servicios de las empresas municipales, por la no inclusión de la empresa Promoción y Comunicación S. L. en las mismas condiciones que el resto de las empresas municipales en dicho proceso de subrogación", así es como empieza la nota de prensa remitida a los medios por el sindicato UGT de Estepona tras la aprobación, calificada por Diariosol. es de "pantomima" respecto de la subrogación de los trabajadores de las empresas municipales del Ayuntamiento de Estepona.

Un asunto que parece ha despertado la ira de los sindicatos a excepción el momento del sindicato CCOO, que no se ha pronunciado al respecto. No obstante, de poner los puntos sobre las ies de este asunto, como viene siendo habitual se están encargando otros, teniendo en cuenta que si el CSIF ha puesto de manifiesto una presunta irregularidad en las votaciones, UGT recuerda cómo en el pleno de 27 de abril de 2007, "se aprobó la incorporación al proceso de subrogación a todas las empresas y trabajadores/as, incluida Promoción y Comunicación S.L., por unanimidad".

En este sentido la sección sindical en Estepona añade que "consideramos que con la aprobación en este pleno del proceso de asunción de servicios de las empresas municipales, se traiciona a los trabajadores/as de Promoción y Comunicación S.L., al no incluir a los trabajadores de dicha empresa en igualdad de derechos que el resto de empresas. Que alguien nos explique como se puede justificar que trabajadores de esta empresa se puedan quedar fuera o discriminados en el proceso de subrogación, aun teniendo muchos años de antigüedad en la empresa, frente a otros que fueron y han sido incorporados a las empresas con posterioridad al pleno celebrado en abril del 2007, con la aprobación por unanimidad del proceso de subrogación".

"Consideramos que esta nueva puesta en escena por parte del Sr. Valadez, es una maniobra electoral dirigida a obtener votos de los trabajadores para las próximas elecciones municipales, tratando de erigirse como el artífice real de una reivindicación que tantos años llevamos peleando, aunque con toda seguridad hasta después de las elecciones, sean otros los verdaderos ejecutores del proceso, ya que su propuesta llega tarde y, por su pésima gestión es imposible llevarla a cabo antes del 22 de mayo.
Agradecemos al resto de miembros de la Corporación su comprensión y apoyo y esperamos que nuestras gestiones con ellos permitan corregir esta discriminación.
Avisamos, UGT al igual que ha ocurrido con los componentes de la Banda Municipal de Música, va a ejercer todos los resortes legales para defender los legítimos derechos de los trabajadores de Promoción y Comunicación", concluye el sindicato.

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La explotación laboral se implanta en la Costa del Sol con empresas de inmigrantes

Empresas creadas por inmigrantes explotan a trabajadores inmigrantes y españoles en regímenes cercanos a la esclavitud.

ATC.

    Según hemos podido comprobar personalmente, acudiendo a varias ofertas de trabajo que resultaron ser de empresas creadas por personas inmigrantes residentes en la Costa del Sol, sobre todo de ciudadanos de Europa del Este y sudamericanos, estas empresas están explotando, por no decir esclavizando, a sus trabajadores.

Aprovechando la necesidad de trabajar para tantos parados como existen en la Costa (sólo en Estepona la cifra se eleva a casi 10.000 desempleados) estos advenedizos "empresarios" publican ofertas de trabajo, sobre todo en la prensa inglesa de la Costa (especialmentve en SurInEnglish y Euroweekly News), ofertando puestos que no se ajustan a lo publicado y, por tanto, fraudulentos o engañosos. Generalmente suelen ser empresas de servicios en general y mantenimiento de jardines que adquieren la concesión por parte de la administración de algunas urbanizaciones de lujo, para lo cual contratan a personal, generalmente inmigrante, por tiempo parcial (cuatro horas diarias) pero que se ven obligados a trabajar durante ocho horas con sólo media hora al día para comer (incluído almuerzo y desayuno en un único descanso). A estos trabajadores, que realizan su labor al aire libre, se les prohíbe fumar y sentarse, aunque sea tras un duro esfuerzo, durante la jornada laboral. Estas jornadas laborales son especialmente duras porque, entre otras cosas, se les obliga a realizar labores peligrosas, sin los medios necesarios, para las que no están preparados y que, hasta la llegada de la crisis, realizaban empresas especializadas con los medios adecuados. Entre estas labores destaca la poda de palmeras o el desmoche y poda de especies arbóreas, especialmente pinar. Así, mientras sus jefes explotan a estos trabajadores, ellos residen en urbanizaciones de lujo situadas en campos de golf de Marbella, Estepona o Benahavís. De esta situación son responsables también los propios administradores de las urbanizaciones así como sus presidentes, normalmente extranjeros. Esta situación es especialmente grave en el municipio de Marbella, donde muchos de estos inmigrantes trabajan, además de sin contrato, con la promesa de que tal día serán contratados después de un período de pruebas en régimen de explotación. En la mayoría de los casos los españoles, los cuales tienen vetados el trabajo en estas empresas, se ven obligados a trabajar en las mismas condiciones si quieren acceder al puesto o, directamente, se les niega, ante la posibilidad de que acaben denunciándoles; mientras ven como trabajadores inmigrantes les quitan el puesto de trabajo ilegalmente sin que nadie, ni sindicatos ni administraciones públicas hagan nada para evitarlo.

Esta situación viene derivada de que, en muchos casos, las urbanizaciones, con la llegada de la crisis y la necesidad de reducir gastos, despiden a sus antiguos trabajadores y acceden a la contratación de estas empresas advenedizas con costos muy inferiores a los establecidos por sus servicios, debido a la explotación a la que someten a sus trabajadores, que además deben realizar labores que no son las propias de su cualificación profesional. Mientras los trabajadores que antes realizaban dichas funciones, generalmente españoles en condiciones dignas, han ido a engrosar las listas de paro.

Así es fácil ver como personas contratadas de jardineros, por su cualificación que han debido avalar por C.V., se ven obligados un día entero a la semana, si no quieren perder el trabajo, a limpiar las calles de la urbanización, como si hubieran sido contratados de barrenderos. Al margen de la propia y lógica limpieza del lugar que los jardineros realizan diariamente, dentro de sus funciones, tras ejecutar los trabajos de jardinería para los que, en teoría, han sido contratados.

Así, contratan a estos trabajadores por media jornada pero con el conocimiento de que habrán de echar jornada completa con sólo media hora para almuerzo o desayuno en un sólo descanso, tras las primeras cuatro horas de la jornada, por el sueldo de 1.000 euros, la mitad en negro, obligándoles a realizar trabajos de poda de palmeras o pinos y limpiezas de calles, incluídas en el sueldo a pesar de que el anuncio de la oferta iba dirigida a jardineros para mantenimiento de jardines; donde se omitían las verdaderas funciones que habrán de realizar, cuando, por ejemplo, las empresas especializadas en podas de palmeras cobran 300 euros por unidad en cada una de las podas que realizan.

De esta forma se ahorran y defraudan miles de euros que les sirven a ellos para enviar ingentes cantidades de dinero a sus países de origen, además de para vivir como verdaderos magnates en la Costa del Sol a base de la explotación laboral de sus empleados. Los directivos de estas empresas, suelen ser personas acostumbradas a vivir en un régimen ex-comunista como Polonia, Rumanía o Rusia; sin descartar también empresas creadas por sudamericanos quienes, acostumbrados a la anarquía y precariedad del mercado laboral en sus países de origen, están importando esos modelos a la España de la UE, ante la pasividad de gobiernos y sindicatos que deberían defender, ante todo en España, los derechos de los españoles.

La explotación del "filipino" en casas de alto standing de la Costa del Sol.

Echando la vista atrás, la explotación laboral no es nueva en la Costa del Sol. Desde mediados de la década de los 80 se han venido formando mafias de contratación de personal, generalmente filipino (así son conocidos genéricamente en la Costa, especialmetne en la zona conocida como "Milla de Oro", desde Puerto Banús hasta el Marbella Club y Puente Romano) en trabajos vetados para personal español, en el ámbito de los servicios domésticos para familias residentes de muy alto poder adquisitivo. Hasta esa fecha, estas labores habían sido también realizadas por personas españolas, sobre todo mujeres, en dignas condiciones de trabajo.

El régimen de trabajo de este colectivo en la Costa es casi de esclavitud, debiendo convivir con las familias donde ofrecen sus servicios, sin régimen laboral alguno establecido, en algunos casos sin contratos, y encargados de todas las tareas de la casa, generalmente enormes chalets, por sueldos de miseria durante las 24 horas del día. Realizando tareas de chófer, lava coches, jardineros, fontaneros, amas de casa, electricistas y "chico o chica para todo". Todo en uno, con el consiguiente ahorro y fraude económico-laboral y, por supuesto, con el consiguiente perjuicio para el mercado de trabajo local de los españoles en nuestro propio país.

El problema ahora es que tal concepto está instalándose, o se ha instalado ya, en casi todos los sectores laborales de esta privilegiada zona costera malagueña.

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